Dictadura: sentido y contexto de un concepto político | Nicolás Ocaranza

En La Condición Humana, Hanna Arendt plantea que solo a través del lenguaje podemos estar en el mundo: ‹‹Desde que la función del lenguaje está en juego, el problema se torna político por definición, puesto que es el lenguaje lo que hace del …

En La Condición Humana, Hanna Arendt plantea que solo a través del lenguaje podemos estar en el mundo: ‹‹Desde que la función del lenguaje está en juego, el problema se torna político por definición, puesto que es el lenguaje lo que hace del hombre un animal político››. Si la realidad del mundo político se vuelve tangible a través de las palabras, el lenguaje es el fundamento a través del cual se funda y construye lo político.

Para J.G.A. Pocock, por su parte, la enunciación de los conceptos en la historia también deviene en acto político desde el momento mismo en que en una palabra o concepto se convierte en una imagen cuya potencia y sensibilidad remiten inmediatamente a un sentido contemporáneo que la vuelve siempre actual. Es por eso que difícilmente cuando hablamos de política los conceptos puedan reflejar el falso atributo de la neutralidad, aunque un buen manejo de la retórica pueda hacerlos parecer como tal. Sea de manera consciente o inconsciente, el lenguaje nunca está desprendido de su propia capacidad para construir sentidos sobre la realidad de la que habla. Esto es lo que Pierre Manent define como la fuerza política de la palabra.

Estas premisas, que pueden ser obvias para muchos, no lo son en el caso del polémico cambio de la palabra dictadura por régimen militar en el currículo escolar chileno. Detrás del llamado de la Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio de Educación a usar un concepto más neutral, se oculta un sofisma que, a través de un artificio retórico, pretende desprender de sentido a un proceso histórico que se proyectó durante 17 años bajo la excusa de la carga negativa que la palabra dictadura de suyo posee. En el caso de la historia contemporánea de Chile que estudia el golpe de Estado de 1973 y la posterior dictadura militar, resulta inquietante desestimar la precisión conceptual de la palabra dictadura reemplazándola por otra aparentemente neutral pero desprendida de toda historicidad.

Si los técnicos del Ministerio de Educación y de la Comisión Nacional de Educación carecen de competencias profesionales para hacerse cargo de este tema, sería importante que antes de tomar una decisión de este tipo realizaran una simple revisión de los principales textos académicos y diccionarios de ciencia política que abordan el concepto de dictadura. En el Diccionario de Política, escrito por Norberto Bobbio, Niccola Matteucci y Gianfranco Pasquino, por citar solo uno de los más conocidos, se puede constatar que las características propias del régimen cívico-militar presidido por el general Augusto Pinochet responden claramente a la definición politológica de una dictadura moderna, cuyos ejes centrales son:

a) La concentración y el carácter absoluto del poder político.
b) La supresión de los procedimientos democráticos y su legitimidad no autorizada inicialmente por reglas constitucionales.
c) Una instauración de facto que establece la ley marcial y el estado de sitio como fundamentos del orden social.
d) El trastorno del orden político preexistente movilizando a una parte de la sociedad y sometiendo con violencia a la otra.
e) Instauración de un poder que no sufre límites jurídicos y carece de reglas claras para su propia sucesión.
f) Legitimación del orden de facto mediante una nueva constitución, lo que la convierte en una dictadura constitucional.
f) Su duración no está fijada con anticipación, pese a que se presenta como temporal, sino que depende de las vicisitudes históricas en las que se desenvuelve, convirtiéndose en una forma de gobierno “normal” y permanente.

Junto a esta precisión terminológica, ciertamente necesaria, es preciso no olvidar que además de los conceptos, hay ciertos acontecimientos y procesos conflictivos de la historia que son vulnerables a determinados usos políticos del pasado. En este caso, pretender una asepsia conceptual de uno de los períodos más sombríos y violentos de la historia de Chile, en el cual la tortura, el exilio y las desapariciones de miles de compatriotas estuvieron a la orden del día, no solo es de una ambigüedad y una ceguera intelectual inaceptable sino también de un descriterio a la hora de enseñar a los futuros ciudadanos de Chile los valores de la democracia y los derechos humanos. El humanismo moderno, escribe Tzvetan Todorov, se distingue por dos características ‹‹el reconocimiento del horror de que son capaces los seres humanos (…) y la posibilidad del bien.››

La historia, en tanto estudio de los hombres en la sociedad y relato interpretativo a partir de los indicios que el pasado nos lega, es una disciplina que debe aportar un sentido crítico y para ello el uso correcto de los conceptos políticos en su aplicación a la historia es un imperativo. Solamente a través de su correcta transmisión a las futuras generaciones podremos construir una sociedad que sea capaz de mirarse a sí misma lejos del resentimiento causado por aquellas heridas que jamás serán cerradas con una mirada autocomplaciente de nuestro pasado reciente. Por ello, el uso crítico de los conceptos que refieren al pasado no solo es esencial para todo ciudadano como parte central de la vida política, sino que también es un ejercicio de honestidad intelectual para quienes estudian y enseñan la historia, sin mirar si esta interfiere o no con las intenciones del gobierno de turno.

En definitiva, las autoridades deberían velar por una enseñanza de la historia con un sentido público fundado en el reconocimiento, pero para ello es preciso no revestir con eufemismos aquellos conceptos que remiten correctamente al horror del pasado reciente. De lo contrario, seguiremos mirándonos en un espejo trizado sin poder observar jamás el verdadero rostro de nuestra democracia imperfecta.

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Hanna Arendt, La condition de l’homme moderne. Paris: Agora Pocket, 2001.

Norberto Bobbio, Niccola Matteucci y Gianfranco Pasquino, Diccionario de Política. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2005.

J. G. A. Pocock. Political Thougt and History. Essays on Theory and Method. Cambridge, Cambridge University Press, 2011.

Tzvetan Todorov, Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX. Barcelona: Península, 2002.


Fotografías de Koen Wessing

El Estado impone su propia épica | Luis Alberto Romero

Un reciente decreto creó el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. De sus fundamentos se deduce que el Estado argentino se propone reemplazar la ciencia histórica por la epopeya y el mito. …

Un reciente decreto creó el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. De sus fundamentos se deduce que el Estado argentino se propone reemplazar la ciencia histórica por la epopeya y el mito.
El mito y la epopeya están en la prehistoria del saber histórico. Los mitos explicaban el misterio y el papel de lo divino; los relatos épicos exaltaban la acción de los héroes, entre divinos y humanos. La historia se ocupó, simplemente, de los hombres, y trató de entenderlos basándose en el razonamiento y la comprobación. En la Antigua Grecia, Herodoto y Tucídides fundaron la historia como ciencia y dejaron en el camino mitos y héroes. A mediados del siglo XIX, Wagner recurrió al mito y a la épica, pero sus óperas se representaban en los teatros; en las universidades estaban los historiadores tan notables como Mommsen.
Más o menos así estamos hoy en la Argentina. No tenemos ópera, pero hay abundantes cantantes, poetas y escritores de mitos y epopeyas, que conquistan la fantasía de su público. Los historiadores, por su parte, trabajan en las universidades y en el Conicet.
El Estado tiene otra idea: la épica debe ocupar el lugar de la historia. La tarea que le encomienda al Instituto de Revisionismo es rescatar y valorar la obra de los héroes fundadores de nuestra nación, sistemáticamente ignorada por la «historia oficial». Nadie se sorprendería si leyera esa propuesta en los escritos de Pacho O’Donnell, presidente del nuevo instituto. Su pluma y su verba son familiares. Lo insólito es que una prosa tan idiosincrática sea asumida, sin correcciones ni matices, por el Estado nacional a través de un decreto firmado por la Presidenta, el jefe de Gabinete y el ministro de Educación.
El decreto amonesta severamente a los historiadores. Obnubilados por el «liberalismo cosmopolita», abandonaron su misión -la reivindicación de los héroes patrios- y ocultaron la gesta de las grandes personalidades identificadas con el ideario nacional y con las luchas populares. Entre otros héroes olvidados se encuentran personajes como San Martín, Rosas, Yrigoyen, Perón y Eva Perón. También son culpables de haber olvidado el aporte de las mujeres y, sobre todo, la contribución de los sectores populares a estas luchas. Al nuevo instituto se le pide que elabore una reivindicación de los auténticos héroes, con la salvedad de que debe hacerse mediante un saber científico riguroso, ausente de la investigación histórica actual.
Los historiadores profesionales vivimos en el engaño. Creímos que la investigación histórica científica y rigurosa se había consolidado en las universidades y el Conicet. Computamos como hechos positivos no sólo la excelente formación profesional, sino la ampliación de nuestros temas, inclusive -entre tantos otros-, los referidos a las personalidades mencionadas. Nos enorgullecimos de haber superado viejas controversias esterilizantes. Acordamos que no existen verdades únicas ni definitivas y que el nuestro es un conocimiento en revisión permanente. No se si efectivamente lo logramos. Pero lo cierto es que hoy hay una enorme cantidad de historiadores excelentes y altamente capacitados, que se han formado y han sido examinados en sus capacidades por las rigurosas instituciones del Estado argentino: sus universidades, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas o la Agencia Nacional de Investigaciones.
Creímos que retribuíamos al Estado lo que hizo por nuestra formación con buena historia, reconocida en todo el mundo. Pero a través de este decreto, la más alta autoridad nos dice que ha sido un trabajo vano, y que sus instituciones académicas y científicas han fallado. Todo lo que hemos hecho es historia «oficial», y, peor aún, «liberal».
El decreto también se ocupa del conjunto de los ciudadanos. Les advierte sobre los riesgos de las ideas equivocadas sembradas por los enemigos del pueblo. Los previene acerca del pernicioso relativismo del saber. Sobre el pasado -así como sobre el presente- hay una verdad, que el Estado conoce y que este instituto contribuirá a inculcar. Para ello se ocupará de la correcta educación de los docentes y los vigilará para que no recaigan en el error. Podrá además cambiar los nombres de las calles y las imágenes de los billetes, monedas y estampillas; crear museos y lugares de memoria, establecer nuevas celebraciones y, en general, promover la difusión de estas ideas a través de cualquier medio de comunicación. En estos prospectos, inquietantemente totalitarios, se dibuja una suerte de orwelliano Ministerio de la Verdad, del cual ya hemos visto algunos adelantos en la cuestión de la llamada «memoria del pasado reciente».
El revisionismo histórico, cuya tradición se invoca en este decreto, merecía un destino mejor. En esa corriente historiográfica militaron historiadores y pensadores de fuste. Julio Irazusta desarrolló una bien fundamentada defensa de Juan Manuel de Rosas, con sólida erudición, aguda reflexión y una prosa refinada. Ernesto Palacio dejó una Historia de la Argentina bien pensada y provocativa. José María Rosa, quizá más desparejo, tiene piezas de preciso conocimiento y convincente argumentación. Ellos y sus seguidores, como todos los buenos historiadores, cuestionaron las ideas establecidas, provocaron el debate y aportaron nuevas preguntas. Sobre todo, formaron parte de una tradición crítica, contestataria, irreverente con el poder y reacia a subordinar sus ácidas verdades a las necesidades de los gobiernos.
Quienes hoy hablan en su nombre impresionan por su mediocridad. El decreto los califica de «historiadores o investigadores especializados», capaces de construir un conocimiento «de acuerdo con las rigurosas exigencias del saber científico». Pero ninguno de ellos es reconocido, o simplemente conocido, en el ámbito de los historiadores profesionales. De los 33 académicos designados, hay algunos conocidos en el terreno del periodismo, la docencia o la función pública. Dos de entre ellos, Pacho O’Donnell y Felipe Pigna, son escritores famosos. En mi opinión, entre ellos hay muchos narradores de mitos y epopeyas, pero ningún historiador. Nada comparable con los fundadores del revisionismo.
Estos epígonos del revisionismo comparten con sus predecesores ciertos rasgos, disculpables en quienes reunían otros méritos. Uno de ellos es la idea de la conspiración. Los «vencedores» han mantenido oculta una historia verdadera, que ellos revelarán. Lo que hemos leído muchas veces a propósito de Rosas y de otros se aplica hoy a Manuel Dorrego, cuyos méritos enumera el decreto. A los historiadores siempre nos asombra este permanente descubrimiento de lo ya sabido. Personalmente, hace cincuenta años ya aprendí todo eso con Enrique Barba y Tulio Halperín Donghi. Desde entonces, aparecieron abundantes trabajos académicos, algunos brillantes, que están al alcance de cualquiera que se tome el trabajo de buscarlos.
La retórica revisionista, sus lugares comunes y sus muletillas, encaja bien en el discurso oficial. Hasta ahora, se lo habíamos escuchado a la Presidenta en las tribunas, denunciando conspiraciones y separando amigos de enemigos. Pero ahora es el Estado el que se pronuncia y convierte el discurso militante en doctrina nacional. El Estado afirma que la correcta visión de nuestro pasado -que es una y que él conoce- ha sido desnaturalizada por la «historia oficial», liberal y extranjerizante, escrita por «los vencedores de las guerras civiles del siglo XIX». Los historiadores profesionales quedamos convertidos en otra «corpo» que miente, en otra cara del eterno «enemigo del pueblo».
En nombre del pueblo, el Estado coloca, en el lugar de la historia enseñada e investigada en sus propias instituciones, a esta épica, modesta en sus fundamentos, pero adecuada para su discurso. Más aún, anuncia su intención de imponerla a los ciudadanos como la verdad. Quizá sea el momento de que, en nombre del pueblo, se le diga a quien encabeza el Estado que hay cosas que no tiene derecho a hacer.