Democracia imposible en la medida de lo posible | Pablo Ruiz-Tagle

El ex presidente de la República Ricardo Lagos ha publicado sus ideas políticas sobre Chile 2030 sin incluir una propuesta de nueva Constitución y, posteriormente, ha señalado en un artículo publicado en El Mostrador su “coincidencia en to…

El ex presidente de la República Ricardo Lagos ha publicado sus ideas políticas sobre Chile 2030 sin incluir una propuesta de nueva Constitución y, posteriormente, ha señalado en un artículo publicado en El Mostrador su “coincidencia en torno a seguir pensando cómo somos capaces de dotarnos de una nueva Constitución, definida de una manera democrática y con la ciudadanía”.

Queremos decirle con todo respeto que desde el punto de vista político centrar el debate sobre el futuro de Chile, alrededor de los siete desafíos estratégicos allí planteados, nos parece totalmente insuficiente y restrictivo. Si estamos hablando del Chile del 2030, debemos ampliar la invitación a todos los chilenos para que participen todos quienes van a ser sus verdaderos protagonistas, es decir la ciudadanía entera y particularmente los jóvenes. Dejemos que sean ellos los que principalmente opinen y no pretendamos dibujarles el país que ellos van a gobernar.

Reconocemos el enorme valor de la reforma constitucional del año 2005 y las anteriores modificaciones hechas a la Carta fundamental desde 1989 a la fecha. Sin embargo hay una afirmación en el artículo del ex Presidente que no compartimos en lo absoluto y que constituye su gran equivocación, y es la idea que en la reforma constitucional del año 2005 se eliminaron todos los enclaves autoritarios salvo el sistema binominal.
La reforma constitucional del año 2005 que el mismo Sr. Lagos presidió también sirvió para validar y en algunos casos reforzar con su firma y ceremonial en La Moneda, algunos de los rasgos más autoritarios de nuestra Carta fundamental. Hoy el artículo 1 y siguientes mantienen la referencia a la seguridad nacional, que es una doctrina que supone la existencia del enemigo interno. Todavía el artículo 9 consagra normas sobre el terrorismo que contradicen principios básicos del derecho penal. Algunas de las normas sobre nacionalidad y ciudadanía del capítulo 2 de la Constitución vigentes infringen los derechos humanos de tratados vigentes en Chile. Además, el artículo 23 valida a nivel constitucional el corporativismo al mantener una separación arcaica entre política y los “grupos intermedios” o “gremios”. Hoy todo el capítulo 3 de la Constitución protege la no interferencia estatal en materia de derechos, pero no garantiza con la misma fuerza la igualdad en materia laboral, salud y educación entre otros derechos. Esta falta de garantías parece a algunos políticos una cuestión doctrinaria, pero para la gran mayoría de los ciudadanos, son verdaderos enclaves autoritarios, al dejarlos indefensos frente a los abusos de las AFP, las ISAPRES, las Universidades Privadas o las organizaciones empresariales.
En cuanto a los aspectos orgánicos la Constitución mantiene un rasgo de presidencialismo autoritario exacerbado de modo creciente desde 1925 a la fecha. A pesar de su enorme poder, todavía se exime a los Consejeros del Banco Central y del Tribunal Constitucional de responsabilidad política y constitucional, persiste el Consejo de Seguridad Nacional y un capítulo completo dedicado a las Fuerzas Armadas en la Constitución que no es compatible con el constitucionalismo republicano. Incluso más, el Consejo de Seguridad Nacional ahora refuerza el carácter autoritario y cívico militar del presidencialismo cesarista tan propio de la Constitución chilena. Esta constitución no valora y obstruye la participación de los ciudadanos.
Se contratan asesores en comunicación para dar por cerrada la transición, al mismo tiempo que se agregan nuevos artículos transitorios a la carta fundamental. Mientras existan las disposiciones transitorias que tiene nuestra constitución, no tendremos plena democracia. Las leyes orgánicas constitucionales y el abstruso mecanismo de control constitucional, constituye otra barrera anti-democrática de nuestra Carta fundamental. En fin, son tantas y tan profundas las materias que requieren reforma que cabe alarmarse cuando el ex presidente las denomina como cuestiones simplemente semánticas.
Por eso estamos de acuerdo con el Sr. Lagos cuando dice que: “somos capaces de dotarnos de una nueva Constitución definida de una manera democrática y con la ciudadanía”; pero no compartimos su idea que sólo ahora podemos hacerlo. En la campaña presidencial del año 2009 todas las fuerzas políticas, incluso la derecha se abrió a la posibilidad de un cambio constitucional profundo en materias como la regionalización, el equilibro entre el Presidente y el Congreso, la revisión del sistema de control constitucional. La necesidad de una nueva constitución para Chile no surge sólo a partir del año 2005 ni tampoco ahora. Esta ahí presente desde siempre y ha faltado en la clase política la voluntad de hacerla.
Al igual que con la tesis de la justicia en la medida de lo posible, en el tema constitucional se pretende aplicar un axioma similar que es democracia en la medida de lo posible. La dirigencia de la Concertación ha terminado aceptando como plenamente democrático y llamando a la descalificación semántica a los críticos de un sistema que excluye a importantes sectores de la población, tales como las minorías electorales, sindicales, raciales, religiosas etc. Aceptó una carta fundamental que no consagra ni garantiza la salud y la educación como derechos, que no protege suficientemente los recursos naturales y somete su uso a sistemas discrecionales y tecnocráticos que devienen fácilmente en arbitrariedad y ganancia para pescadores. Ha validado un modelo económico basado solo en el mercado y no en la equidad, que refuerza el centralismo y la concentración del poder, que entrega a las directivas de los partidos con muy poca base de representación, el monopolio de la actividad política no estableciendo como exigencias la democracia interna, la transparencia en el uso de los recursos, la fidelidad de los padrones etc. A las directivas de esos partidos les otorga súper poderes, que parecen poderes preferentes para actuar en política, tal es el poder de elegir autoridades judiciales y adminstrativas vía acuerdos parlamentarios, designar reemplazantes en caso de vacancia del cargo de parlamentario, y cierra el círculo de la arbitrariedad con la consagración del secretismo parlamentario en el artículo 5 de la Ley del Congreso.
Para la dirigencia de la Concertación actual una mayor democratización se reduce a una reforma política minimalista que consiste en cambiar el sistema electoral, quizá sólo ampliando los cupos del Senado y la Cámara, junto con permitir sin restricciones el derecho a voto de los chilenos en el exterior y para obtener financiamiento público a los partidos políticos. A esa dirigencia no le importan los jóvenes y persiguen a los independientes y a los díscolos. Ha renegado del compromiso de campaña de ampliar el padrón electoral al descubrir ahora que se puede trabar la reforma electoral con la exigencia retórica del voto obligatorio porque tampoco se tramita como cambio constitucional serio. No se hace cargo de la falta de legitimidad del sistema político, derivada de la exclusión del 40% de los chilenos que podrían tener derecho a voto. Los parlamentarios de la Alianza y la Concertación están más cómodos con electores conocidos y amarrados (por el voto obligatorio y el binominal) que incorporando electores nuevos a sus distritos. Como lo dijo el actual Presidente de la DC, se satisfacen con una democracia de partidos, y está tan asegurada su posición de privilegio, que no importa si los partidos funcionan. No importa que no se cumpla el quórum para fiscalizar los problemas de la VIII Región, los atrasos y fraudes en la reconstrucción, el caso MINVU-KODAMA y que la Alianza los “madrugue” pidiendo comisiones investigadoras que ellos no fueron capaces de constituir. Los chilenos queremos una nueva Constitución para el Bicentenario. Ojalá no sea la derecha y los partidos de la Alianza los que se tomen este tema en serio y de nuevo madruguen a la remolona política de la Concertación.
La dirigencia de la Concertación nunca se ha jugado de verdad por elegir las autoridades regionales y por la descentralización de los fondos sectoriales. Tampoco creen en la desconcentración. Estos son algunos de los temas de la nueva Constitución y no son cuestiones semánticas como dice en forma errada el ex presidente. La discusión es de fondo. La propuesta constitucional de Océanos Azules consiste en impulsar el desarrollo que Chile necesita a través de un acuerdo país que convoque a todos los chilenos, a trabajadores, empresarios y al gobierno, a construir un nuevo Estado Social y Democrático de Derecho. Para ello se requiere de una propuesta de reforma constitucional que no es pura semántica o mera cuestión de palabrería y denominación. Lo que se propone seguir es el modelo de los países desarrollados de la OECD, con los que esperamos asociarnos en forma cada vez más estrecha. El Estado hemos propuesto definirlo como social para que asegure jurídicamente y financie de manera estable una red de protección que se forme con los derechos del trabajo, educación, salud, seguridad social y sindicalización entre otros. Esta red garantiza un mínimo mediante programas, leyes e incluso la Constitución para reducir la discrecionalidad de los gobiernos en su provisión. También se debe fundar en el diálogo permanente y equilibrado entre trabajadores y empresarios. Todas estas ideas requieren de reformas constitucionales profundas.
El Estado se lo define como democrático, renuncia al centralismo que tanto ha servido a los evangelistas neoliberales para controlar el país sin someter las cuestiones públicas a la deliberación ciudadana y porque redistribuye su poder de manera más profunda y participativa a nivel central, regional y comunal y se da más participación y atribuciones a los ciudadanos. Este nuevo espíritu de servicio público más participativo en todas las áreas del gobierno impulsará la creatividad y el emprendimiento público y privado y una cultura de deberes y responsabilidades republicanas que implica una nueva forma de pensar la ciudadanía chilena en su aspecto político, social y también económico. Finalmente, se propone terminar con todas las formas de exclusión, tales como la falta de representación de la izquierda parlamentaria, la de los que no pueden votar por vivir en el extranjero o de la falta de reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Para realizar este cambio deben aprobarse cambios constitucionales profundos y el Gobierno debe tecnificarse de manera más equilibrada para poder administrar los recursos de todos los chilenos con más eficiencia en cada una de estas nuevas instancias de poder. Este proyecto es progresista porque expresa los ideales de centro y de izquierda y porque suma grandes mayorías a esta nueva visión republicana que expresa lo mejor de nuestra tradición chilena.
Nosotros estamos de acuerdo con el Sr. Lagos que una nueva Constitución debe emanar de la soberanía popular, pero el ex Presidente todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de la propuesta de carta fundamental. También se requiere también de un procedimiento que sea factible para llegar a debatir la nueva carta fundamental que se pronuncie sobre los méritos y beneficios de una Asamblea o de una Comisión Constituyente. En definitiva, Ricardo Lagos debe pronunciarse contra nuestro gatopardismo constitucional. Que diga si quiere una nueva Constitución de verdad, o si respecto a nuestra carta fundamental prefiere repetir el conocido refrán del te quiero mucho, poquito y nada. Si está en contra de la democracia restringida y en la medida de lo posible. Si quiere terminar con una Carta fundamental que hasta ahora en demasiadas áreas muy importantes ha sido en verdad la justificación para hacer imposible la democracia representativa y participativa en Chile. Quedan pendientes todavía algunas de nuestras críticas al documento del Sr. Lagos sobre Chile 2030 que incluyen sus referencias a una reforma tributaria, de educación, participación y otras que Chile necesita. Ya vendrán.

La apropiación indebida de un patrimonio inmaterial | Nicolás Ocaranza

Desde un tiempo a esta parte, la figura del ex-presidente Salvador Allende se ha convertido en un ícono pop. Su rostro, disimulado por unos característicos anteojos de ancho marco, se distingue fácilmente en casi todas las banderas y lienzos que se blanden durante las protestas callejeras, así como en los variados stencils estampados en las paredes santiaguinas que nos recuerdan el pasado 11 de septiembre. Al igual que a ese Che Guevara globalizado y desideologizado, quienes intentan rescatar a Allende del baúl de los recuerdos sólo se interesan por el ícono pero no por su proyecto político ni por su incuestionable compromiso republicano.
Pero el culto a Allende no solamente alimenta a esa iconofilia tan propia de la juventud rebelde que emerge en estos días en que muchas heridas del pasado se abren y supuran infectadas a causa de los múltiples conflictos político-sociales no resueltos; también algunos personajes de la Concertación han iniciado un nuevo revival allendista que ha convertido al último bastión del republicanismo chileno en otro fetiche más de su panteón multicolor. Desorientados por la derrota electoral que les propinó la derecha y en una frenética búsqueda de un referente que sea capaz de dar sentido al sinsentido de su existencia política, los concertacionistas no han encontrado una mejor opción que apropiarse de ese patrimonio inmaterial de la vieja izquierda chilena que encarna Salvador Allende. Pese a que la Concertación perpetuó la herencia neoliberal, constitucional, privatizadora y censitaria de la dictadura militar, sus voceros insisten en extender un falso hilo conductor que los vincule a ese pasado revolucionario previo al golpe de estado de 1973.

No sorprenden, entonces, las palabras de la presidenta del Partido por la Democracia, Carolina Tohá, en una columna que publicó The Clinic el pasado 5 de septiembre. En su escrito, Tohá realiza una apropiación oportunista de la figura de Allende para mostrar a su partido como el “heredero legítimo” de ese corpus ético-político que caracterizó al presidente de la Unidad Popular. De sus palabras se infiere que lo que verdaderamente interesa a la Concertación no es el balance histórico del fracaso de la Unidad Popular como alternativa política a la derecha y a la Democracia Cristiana, como tampoco el análisis de aquellas decisiones políticas tomadas por Allende que dejan una serie de dudas sobre su real habilidad para gobernar a la variopinta coalición que lideraba (el evidente el contraste entre un Partido Comunista comprometido con la viabilidad institucional y constitucional del proyecto revolucionario versus un Partido Socialista cada vez más díscolo, fraccionado y dispuesto a transgredir la legalidad constitucional), sino la figura de un Allende que sirva de reserva moral para una Concertación cuya única fuerza moral fue “el transar sin parar” –como bien lo escribió hace algunos años el historiador Alfredo Jocelyn-Holt-. 

Transcurridos seis meses desde que la Concertación cediera al poder a la derecha, la actual oposición ha iniciado una búsqueda desesperada de explicaciones a su derrota electoral. Las tesis que han salido a la luz pública apuntan en dos direcciones. La primera, expuesta por el lobbysta y empresario de la comunicación estratégica, Eugenio Tironi, ofrece una mirada autoflagelante y desesperanzada ante el caos y dispersión en que ha quedado sumida, según sus palabras, la “coalición política más exitosa de la historia de Chile”. La segunda tesis, si es que podemos llamar tesis a un par de intuiciones vagas, es la de la ex-presidenta Michelle Bachelet y su aparente sucesora, Carolina Tohá, quienes insisten en que la Concertación tiene un patrimonio moral comprometido con la igualdad, la justicia social y la defensa de los Derechos Humanos que es la base sobre la cual es posible reconstruir un proyecto político futuro.

Con todo, lo que llama la atención de ambos diagnósticos es el tardío mea culpa realizado por los líderes concertacionistas, quienes después de 19 años gobernando recién han comenzado a analizar de una manera menos autocomplaciente el fracaso de sus políticas en educación, la aberrante privatización de los servicios básicos de uso público como el agua, la electricidad y el transporte urbano, y los escasos avances logrados en temas claves como la redistribución de los ingresos, la concentración de la riqueza, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la reforma al sistema electoral binominal y la efectiva inclusión de las regiones en el debate sobre las políticas públicas nacionales.

Frente a los desoladores diagnósticos que entregan los informes de desarrollo humano del PNUD y algunas investigaciones académicas sobre la democratización política (cf. Manuel Antonio Garretón. “La Democracia incompleta en Chile: la realidad tras los rankings internacionales, en Revista de Ciencia Política, volumen 30, nº 1, 2010), el legado concertacionista se aleja demasiado del proceso democratizador iniciado por el gobierno de Salvador Allende. En una época en que la participación política de los jóvenes cayó en picada y en que la exclusión de los partidos políticos que se encuentran fuera de la hegemonía que concede el sistema binominal se mantuvo durante tres gobiernos concertacionistas, la homologación entre éstos últimos y Allende no es más que un delito de apropiación indebida de un patrimonio inmaterial que pertenece a todos aquellos que luchan por una constitución verdaderamente igualitaria e inclusiva y por un sistema político verdaderamente representativo y democrático.

 Nicolás Ocaranza

Desde un tiempo a esta parte, la figura del ex-presidente Salvador Allende se ha convertido en un ícono pop. Su rostro, disimulado por unos característicos anteojos de ancho marco, se distingue fácilmente en casi todas las banderas y lienzos que se blanden durante las protestas callejeras, así como en los variados stencils estampados en las paredes santiaguinas que nos recuerdan el pasado 11 de septiembre. Al igual que a ese Che Guevara globalizado y desideologizado, quienes intentan rescatar a Allende del baúl de los recuerdos sólo se interesan por el ícono pero no por su proyecto político ni por su incuestionable compromiso republicano.
Pero el culto a Allende no solamente alimenta a esa iconofilia tan propia de la juventud rebelde que emerge en estos días en que muchas heridas del pasado se abren y supuran infectadas a causa de los múltiples conflictos político-sociales no resueltos; también algunos personajes de la Concertación han iniciado un nuevo revival allendista que ha convertido al último bastión del republicanismo chileno en otro fetiche más de su panteón multicolor. Desorientados por la derrota electoral que les propinó la derecha y en una frenética búsqueda de un referente que sea capaz de dar sentido al sinsentido de su existencia política, los concertacionistas no han encontrado una mejor opción que apropiarse de ese patrimonio inmaterial de la vieja izquierda chilena que encarna Salvador Allende. Pese a que la Concertación perpetuó la herencia neoliberal, constitucional, privatizadora y censitaria de la dictadura militar, sus voceros insisten en extender un falso hilo conductor que los vincule a ese pasado revolucionario previo al golpe de estado de 1973.

No sorprenden, entonces, las palabras de la presidenta del Partido por la Democracia, Carolina Tohá, en una columna que publicó The Clinic el pasado 5 de septiembre. En su escrito, Tohá realiza una apropiación oportunista de la figura de Allende para mostrar a su partido como el “heredero legítimo” de ese corpus ético-político que caracterizó al presidente de la Unidad Popular. De sus palabras se infiere que lo que verdaderamente interesa a la Concertación no es el balance histórico del fracaso de la Unidad Popular como alternativa política a la derecha y a la Democracia Cristiana, como tampoco el análisis de aquellas decisiones políticas tomadas por Allende que dejan una serie de dudas sobre su real habilidad para gobernar a la variopinta coalición que lideraba (el evidente el contraste entre un Partido Comunista comprometido con la viabilidad institucional y constitucional del proyecto revolucionario versus un Partido Socialista cada vez más díscolo, fraccionado y dispuesto a transgredir la legalidad constitucional), sino la figura de un Allende que sirva de reserva moral para una Concertación cuya única fuerza moral fue “el transar sin parar” –como bien lo escribió hace algunos años el historiador Alfredo Jocelyn-Holt-. 

Transcurridos seis meses desde que la Concertación cediera al poder a la derecha, la actual oposición ha iniciado una búsqueda desesperada de explicaciones a su derrota electoral. Las tesis que han salido a la luz pública apuntan en dos direcciones. La primera, expuesta por el lobbysta y empresario de la comunicación estratégica, Eugenio Tironi, ofrece una mirada autoflagelante y desesperanzada ante el caos y dispersión en que ha quedado sumida, según sus palabras, la “coalición política más exitosa de la historia de Chile”. La segunda tesis, si es que podemos llamar tesis a un par de intuiciones vagas, es la de la ex-presidenta Michelle Bachelet y su aparente sucesora, Carolina Tohá, quienes insisten en que la Concertación tiene un patrimonio moral comprometido con la igualdad, la justicia social y la defensa de los Derechos Humanos que es la base sobre la cual es posible reconstruir un proyecto político futuro.

Con todo, lo que llama la atención de ambos diagnósticos es el tardío mea culpa realizado por los líderes concertacionistas, quienes después de 19 años gobernando recién han comenzado a analizar de una manera menos autocomplaciente el fracaso de sus políticas en educación, la aberrante privatización de los servicios básicos de uso público como el agua, la electricidad y el transporte urbano, y los escasos avances logrados en temas claves como la redistribución de los ingresos, la concentración de la riqueza, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la reforma al sistema electoral binominal y la efectiva inclusión de las regiones en el debate sobre las políticas públicas nacionales.

Frente a los desoladores diagnósticos que entregan los informes de desarrollo humano del PNUD y algunas investigaciones académicas sobre la democratización política (cf. Manuel Antonio Garretón. “La Democracia incompleta en Chile: la realidad tras los rankings internacionales, en Revista de Ciencia Política, volumen 30, nº 1, 2010), el legado concertacionista se aleja demasiado del proceso democratizador iniciado por el gobierno de Salvador Allende. En una época en que la participación política de los jóvenes cayó en picada y en que la exclusión de los partidos políticos que se encuentran fuera de la hegemonía que concede el sistema binominal se mantuvo durante tres gobiernos concertacionistas, la homologación entre éstos últimos y Allende no es más que un delito de apropiación indebida de un patrimonio inmaterial que pertenece a todos aquellos que luchan por una constitución verdaderamente igualitaria e inclusiva y por un sistema político verdaderamente representativo y democrático.

 Nicolás Ocaranza