El negocio de las Universidades en Chile, entrevista a María Olivia Monckeberg | Paul Walder

A comienzos de 2008, el grupo estadounidense Apollo compró la universidad privada chilena Uniacc en 40 millones de dólares. Una gran operación comercial, en el marco de los flujos de inversiones extranjeras hacia los servicios, que no se ha diferenciado en mucho de otras áreas de la economía chilena, abierta a los capitales internacionales. Tampoco es el único caso en la educación superior.



Un fondo de inversión canadiense (KKR)  es dueño de la Universidad de Las Américas, y parcialmente de la Universidad Andrés Bello, ambas, con la mayor cuota del “mercado” de la educación universitaria privada y una estructura de propiedad que está lejos de consolidarse. La educación superior en Chile está en pleno movimiento, en tanto el negocio no da tregua.

La periodista María Olivia Monckeberg publicó “El negocio de la Universidades en Chile” (Random House Mondadori), texto de más de 600 páginas en el que se realiza una detallada y alarmante investigación sobre esta actividad, negocio redondo que según la reglamentación ha de ser “sin fines de lucro”. Monckeberg, conocida periodista y destacada investigadora sobre materias sin duda polémicas y tapadas, no oculta su asombro al hablar de este “negocio”.

Se habla de una actividad sin fines de lucro. ¿Cómo se estructura el “mercado” de las universidades privadas en Chile? ¿Hay un proceso de transnacionalización?

Los canadienses adquieren Laureate internacional, que es el dueño de la Universidad de las Américas y dueño parcial de Andrés Bello, porque las inmobiliarias siguen en manos de inversionistas chilenos. Esta es una figura que se parece mucho a la operación de la UNIACC, comprada recientemente por Apollo en 40 millones de dólares. Es la figura en que los chilenos, los dueños originales, siguen como ejecutivos de las universidades. Este es también el caso de la Andrés Bello, que también mantiene entre sus autoridades como presidente de la junta directiva al ex ministro de Pinochet Miguel Angel Poduje.  Hay una cierta simbiosis en este negocio que mantiene en la gestión a los chilenos, o los pone en los directorios.

¿Hay una norma que obligue a esta figura?

No. Las universidades tienen muy pocas normas legales. Tan pocas, que los conflictos de intereses abundan. Por ejemplo, está el caso que senadores de la república han sido o son miembros de las juntas directivas de las universidades. Sin ir más lejos, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, es miembro del directorio de la Universidad Santo Tomás, la universidad de Gerardo Rocha, protagonista de este asesinato con incendio en febrero en el balneario de El Quisco. Larraín es desde hace varios años miembro de esa junta directiva. Figuras bastante curiosas, en que uno se encuentra, por ejemplo, con que el presidente del Partido Radical, el senador José Antonio Gómez, es miembro de la junta directiva de la Universidad del Mar, que también es una de las poco calificadas en términos académicos y tampoco está acreditada pero tiene sucursales, sedes, a lo largo del país.  Y así como estos casos, nos encontramos con otros similares, con ex ministros en los directorios.

La norma, el reglamento, es bien clara respecto que las universidades son corporaciones sin fines de lucro. Cómo se explica que inversionistas extranjeros, fondos de inversión, estén tras esta actividad educacional?  ¿O los mueve la filantropía?

Efectivamente, es un muy buen negocio. Uno de los mejores. Es la paradoja más grande. La norma, en un país supuestamente legalista, como es Chile, la norma dice eso. Incluso es una ley dictada durante la dictadura de Pinochet. Son corporaciones sin fines de lucro, sin embargo esa norma prácticamente nadie la sigue. Creo que en esto hay dos grandes tipos de negocio. El negocio propiamente tal, que está interesado en sacar la mayor cantidad de dinero a través de figuras, subterfugios, como la inmobiliaria que arrienda los edificios, el que presta servicios como el aseo, como los proveedores diversos. Por otra parte, hay que considerar que hay una serie de subsidios, que tienen estas universidades por el solo hecho de serlo. Arrastran la legislación histórica que beneficiaba a las universidades tradicionales, que desempeñaban un rol público, por lo cual no pagan IVA y otros impuestos. Tienen una serie de beneficios tributarios. Según especialistas, es un negocio que tiene más facilidades tributarias que la construcción. Es un negocio que por dar este servicio, educación, está muy favorecida.

Usted habla de dos tipos de negocios…

Está también el negocio a largo plazo, el negocio ideológico. como el que tiene el Opus dei o Los Legionarios de Cristo en las universidades Los Andes y Finis Terrae. O la Universidad Adolfo Ibáñez, que es la universidad de una fundación que está ligada a un grupo económico importante. Allí hay una gran afinidad con el modelo neoliberal puro y duro; es curioso ver en la nómina de estudios honorarios la mención de fallecidos ilustres economistas, como Hayek o Milton Friedman. Es claro ver también la adhesión a la sociedad Mont Pelerin. Todo ello está muy ligado a la Universidad Adolfo Ibáñez. La Universidad del Desarrollo es otro caso muy ilustrativo. Este es el caso de una universidad donde lo político es muy importante. Es una universidad, se podría decir, de la UDI o muy ligada a la UDI. Tiene como presidente a Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda de Pinochet, y como vicepresidente al ex candidato presidencial de la UDI Joaquín Lavín. Los mismos que diseñaron este modelo educacional han tenido éxito en algunas universidades privadas en lo que se refiere a la formación de elite. Cada una con alguna especialidad…

Volviendo a lo anterior, es difícil no asombrarse con negocios como la venta de la UNIACC.

Esta universidad ha venido haciendo negocios de múltiples formas. Uno de los escándalos fue lo que hicieron con las Becas Valech que se otorgaron como reparación a los presos políticos para que continuaran sus estudios superiores. ¿Y qué ocurrió? La UNIACC creó unos programas especiales para atraer a estos potenciales becados por el Estado. Les vendieron cursos bastante básicos por el equivalente a un arancel universitario, que es de unos tres o cuatro millones de pesos anuales (sobre los nueve mil dólares). Y esto fue posible porque el Estado abrió la posibilidad de inscripción. Dependía dónde se querían inscribir los alumnos, quienes podían ir a cualquier parte a hacer uso de esta beca. Ocurre que la UNIACC diseñó un sistema de captación de estos potenciales clientes operado por personas de la Concertación y la universidad. Como podemos ver, se juntan  intereses cruzados para tentar a estos clientes. En ese directorio de la UNIACC se puede hallar a numerosas figuras de la Concertación. Es muy fuerte la influencia de estas personas, que aparecen como avalando estas cosas.

¿Cuál fue el resultado de esta operación?

No parece muy claro que esos cursos hayan tenido un beneficio para estos ex presos políticos. El Ministerio de Educación, cuando empezó a darse de cuenta de la situación, de que no se estaba ofreciendo una posibilidad real de formación, empezó, dentro sus limitaciones, a ponerle ojo al asunto. La UNIACC tuvo que devolverle al Estado una cantidad importante de dinero. Son cosas que no se han ventilado porque hay muchos intereses creados en el asunto. La UNIACC, que tiene los aranceles más caros,  es uno  de los principales avisadores de los medios de comunicación.

¿Cómo se puede llegar a pagar esos aranceles?
Los alumnos optan, en primer lugar, por las universidades tradicionales. Optan por la Universidad de Chile, Católica, Universidad de Concepción…. Además, estas universidades tienen la posibilidad de obtener un número de becas y el crédito universitario solidario, lo que las hace más atractivas. Pero básicamente es el prestigio. De ahí para abajo las postulaciones se mueven de distintas maneras. Si los estudiantes vienen de colegios privados católicos muy conservadores, como colegios del Opus Dei, que les va muy bien en rendimiento, ellos van a optar probablemente por la Católica o Los Andes. Está pasando mucho también con una parte de la elite conservadora, incluso de establecimiento laicos, que siguen prefiriendo estudiar en la Católica. Pero si no consiguen ingresar allí, empiezan a pensar en la Adolfo Ibáñez, del Desarrollo, eventualmente Gabriela Mistral, Mayor. Se va generando una especie de estratificación.

Usted ha mencionado la inversión en publicidad de estas universidades. Es un fenómeno absolutamente inusual y extraño, con implicancias, imagino, muy complejas.

La inversión publicitaria de estas universidades es impresionante. Según la información oficial, las universidades han pasado a ser el tercer rubro avisador en Chile. Esto tiene otras implicancias, entre ellas obviamente la de los medios. Por ejemplo, de mi libro no se ha hablado en El Mercurio o en La Tercera, no sólo porque ideológicamente están dentro del diseño de las universidades privadas, sino porque son unos de sus principales avisadores. Las Américas es el principal avisador, y el principal avisador per cápita, UNIACC.

¿Cómo puede ser que en Chile se publicite en los medios, cual producto de consumo masivo, una carrera universitaria?

Gente con poco discernimiento crítico ingresa a estas universidades. Y qué les ocurre. Muchos desertan en el primer año, pero el dinero le entró a la universidad.

¿Cuál es el resultado de todo esto sobre la sociedad, sobre la formación de las personas?

No se puede generalizar. Es muy heterogéneo. Pero es tremendamente discutible, y no me había percatado hasta después de la investigación,  que prácticamente en las universidades privadas no se hace investigación. Es mera docencia, muy repetitiva, profesores que van y vuelven. Estas universidades funcionan como empresas, con un gerente, y un gran número de ellas carece de organización estudiantil, de federación de estudiantes, de centros de alumnos, se trata al alumno como se trata a un consumidor. Las bibliotecas son de muy discutible calidad, la lectura no es abierta. Ha sido tremendamente difícil legislar en todo esto por los quórum calificados y también porque la gente de la Concertación se ha ido metiendo al sistema. Son múltiples los problemas que hay.

Una de las defensas de este modelo de educación es que ha aumentado el número de profesionales en Chile, lo que es bueno para el país.

Es probable, pero también hay que ver todas las frustraciones crea. Aquí se ha desvirtuado también todo lo que es la formación técnica. Ocurre que en Chile la formación técnica, que era una preocupación de los gobiernos democráticos previos al gobierno militar, quedó absolutamente desarticulada con el golpe. Por ejemplo, el INACAP, el Instituto Nacional de Capacitación, pasó a manos del sector privado. Es una de las privatizaciones menos conocidas. El asunto hoy en día está haciendo crisis. Es dramático. Hay un déficit de formación de técnicos. Hoy es una realidad el sistema privado. Es heterogéneo, no contribuye en nada a mejorar la equidad, está endeudando a la gente, sin saber cuál es el verdadero beneficio. Lo que ahí brilla no es oro en términos académicos, sí en término monetarios.

Una reforma inescrupulosa | Nicolás Ocaranza

La historia de los Decretos Ley y de los Decretos con Fuerza de Ley tiene una  larga data en Chile. Gobernantes de todas las tendencias los han utilizado para imponer a su arbitrio aquellas propuestas que por impopulares o derechamente irracionales, difícilmente pasarían la aprobación del poder legislativo. El dictador Augusto Pinochet  utilizó los primeros indiscriminadamente mientras mantenía disuelto el Parlamento. No es para nadie un secreto que las cerca de 150 leyes secretas promulgadas durante la dictadura permitieran al otrora dictador hacer y deshacer un sinnúmero de “iniciativas” que finalmente lo favorecieron a él, a su familia y a sus asesores más directos. Gracias a traspasos de dineros públicos realizados desde el Banco Central o la Tesorería General de la República a cuentas reservadas de las Fuerzas Armadas, los colaboradores -militares y civiles- del régimen militar fueron recompensados en mayor o menor grado por sus servicios a la causa “patriótica” de reestablecer la “normalidad” política en Chile.

Se puede entender que el uso de estos recursos legales sea una práctica habitual de aquellos gobiernos dictatoriales que han suspendido los poderes públicos y adulterado la legalidad constitucional, pero  en un contexto democrático el uso de esas mismas facultades por parte del poder Ejecutivo es una afrenta a los prinicipios básicos de una democracia representativa y un atentado a la separación de los poderes del Estado. Es por eso que la nueva “propuesta” del Ministerio de Educación de reducir las horas de enseñanza de historia y ciencias sociales en la educación básica y media es una medida aún más totalitaria. 
El debate se ha hecho público y ha despertado un inédito interés de la siempre apática ciudadanía y de un grupo de historiadores que se han agrupado en torno al Movimiento por la Historia (http://historiayreforma.wordpress.com).  En casos como éste, cuando el interés general está siendo socavado por el uso inescrupuloso de un interés particular y por el capricho de los tecnócratas de la educación -que manejan el currículo escolar desde las oficinas del Ministerio de Educación-, se hace cada vez más necesario interpelar públicamente a quienes están detrás de esta supina e irracional reforma curricular.  
Hay preguntas que merecen una respuesta pública a la ciudadanía y que no han sido enfrentadas por las autoridades del Ministerio, a saber,  ¿cuáles son los méritos profesionales y las cualidades técnicas de quienes están planeando esta reforma?, ¿qué contenidos serán suprimidos del programa curricular de historia y ciencias sociales? y ¿bajo qué criterios se restarán?
Al mismo tiempo, resulta paradojal que el ministro de Educación –principal artífice de esta reforma- sea un ex colaborador del régimen militar y que su principal asesor sea un historiador “profesional” egresado de la Universidad Católica, institución que costeó “excepcionalmente” su doctorado en Oxford cuando el aludido personaje ya no podía optar a las becas de postgrado otorgadas por el Ministerio de Planificación Nacional (Mideplan). También resulta curioso y contraproducente que este mismo historiador posea un rol tan clave asesorando una reforma de máximo interés nacional a poco tiempo de haber sido “trasladado” del Instituto de Historia de la Universidad Católica por el manejo “poco claro” de fondos públicos provenientes del Congreso Nacional: la misma institución que hoy está siendo pasada por alto en una reforma tan inescrupulosa como quienes la están llevando a cabo.

Lo que se pierde sin la Historia | Claudio Rolle

Uno de los mayores problemas de la anunciada reforma de la educación, definida por el Presidente Piñera como “la madre de todas las batallas”, se refiere a la insidiosa presencia de propuestas de cambios curriculares en medio de un conjunto de medidas administrativas que conforman el cuerpo principal de una iniciativa que se busca presentar como un bloque. Amparándose en medidas de fomento al estudio de la pedagogía, en la creación en estímulos económicos para el sector, en las formas de renovación de los docentes y las facultades de los directores de liceos y colegios, se intenta introducir una reforma curricular que es de naturaleza distinta al resto de las propuestas.
Esta operación es peligrosa y está cargada de implicancias pues se compromete en ella el desarrollo de los estudios en campos muy relevantes de la formación de nuestros niños y jóvenes, tomándose resoluciones cuyos efectos negativos se verán en un futuro mediato. Por otra parte, como se ha señalado en debates de otros países, una sociedad que margina despreocupadamente la historia de sus escuelas es una sociedad “suicida” y espiritualmente empobrecida, debilitada en sus referentes identitarios y carente de profundidad en sus formas de análisis y proyección.
Sin ninguna fundamentación seria, ni menos respaldada en documentos o informes, se plantea la disminución de las horas de enseñanza en el sector de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y en el de Tecnología en beneficio del aumento de horas para Lenguaje, Matemáticas e Inglés. Se trata de una decisión de graves implicancias ya que se restan posibilidades al estudio de sectores fundamentales para el desarrollo de las habilidades para la vida en sociedad por una parte  y de capacitación para la autosuperación por otra.
Se limitan las horas destinadas a la educación en un sector que favorece el  desenvolvimiento de pensamiento crítico, el estímulo de la capacidad de indagación, interpretación y propuesta y la preparación para la convivencia social, el pluralismo y la tolerancia, expresiones muy relevantes para la formación de ciudadanos libres, informados y participativos.
Se pone en riesgo el ámbito que se ocupa del estudio de la conformación de la identidad social, la memoria, la formación ciudadana y las relaciones sociales, en el que se entregan las herramientas para una comprensión más rica de un mundo variado y cambiante, multicultural y capaz de valorar la diversidad como forma de riqueza. Se limita el campo de estudios donde las ciencias sociales otorgan los instrumento críticos para entender el mundo de la economía y las relaciones sociales que se generan en torno a ella y se restringen las posibilidades para una adecuada formación de los estudiantes en relación con el medio en que viven  y las responsabilidades que ello implica en materia de sustentabilidad y aprovechamiento de recursos y energía.
Con esta reducción de horario se pone en riesgo la fundamental tarea de entregar una sólida formación ciudadana que capacite a los jóvenes para el desarrollo de los  valores cívicos y las diversas formas de responsabilidad y participación democrática.
Quitando el 25 % de las horas de este sector se limitan las posibilidades de que  nuestros jóvenes se preparen adecuadamente para una vida más rica  y desarrollen actitudes que los ayuden a entender las culturas y cultiven las humanidades, sector que cada día más es puesto en valor por la investigación.
Es grave así mismo el que se pierdan horas en el sector de Tecnología, terreno que puede dar muchas posibilidades a quienes están en la etapa formativa y estimular en ellos la creatividad y la capacidad de respuesta a un mundo en continuo cambio. Se ve afectado el porvenir de nuestras niñas y niños en una de las áreas más promisorias para el desarrollo de criterios igualitarios y solidarios, donde la creatividad y la imaginación pueden tener grandes posibilidades.
La justificación de esta medida que implica tantas y tan significativas pérdidas no está suficientemente desarrollada y deja flancos abiertos a la especulación. De factores contextuales se puede conjeturar que es la preocupación por conseguir mejorar los resultados de las pruebas SIMCE y PSU la que determina esta medida. Esto puede dar réditos políticos inmediatos porque en un corto plazo, con más horas en lenguaje y matemáticas se puede lograr alza de puntajes. Sin embargo no sólo existen visiones muy críticas sobre la efectividad y valor de estos resultados sino también se hace evidente la aplicación de un criterio equivocado en cuanto se apunta a la búsqueda de resultados de corto plazo y de medición  estandarizada, es decir al conseguir que los medios de medición indiquen cifras tranquilizadoras sin considerar suficientemente las razones y problemas de fondo en materia de aprendizaje. Se corre el riesgo de conseguir una ilusoria sensación de metas alcanzadas cuando esos indicadores pueden ocultar la carencia o la debilidad de habilidades necesarias para una vida más plena y variada para toda la sociedad.
Extremando los términos existe la sensación de que más que el desarrollo de una educación que promueve un desarrollo integral de la persona y un equilibrado despliegue de sus habilidades para la participación consciente y crítica en la vida de la comunidad, se está optando por una instrucción básica en los ámbitos de lenguaje y matemática, convertidas en  “esencia y base de la educación” por el ministro Lavín.
Ha faltado imaginación en esta propuesta de modificación curricular puesto que se aplica una medida general, poco trabajada en sus aspectos internos, que puede ofrecer en principio resultados en el corto plazo como es el aumento de horas en los sectores que se ven privilegiados. Sin embargo no existe aún claridad sobre el cómo se usarán esas horas suplementarias y no aparece en el escenario de hoy un giro que parezca suficientemente imaginativo que nos lleve a alejarnos de un tipo de formación convencional. Por su naturaleza “omnívora” la historia, y de manera más general las ciencias sociales, ofrecen posibilidades para el desarrollo eficiente y cautivante de las capacidades de lectura y escritura y sólo es necesario poner una cuota de creatividad e inventiva para conseguir una sinergia en esta materia. Incluso en el sector de habilidades matemáticas se podría conseguir un modo de colaboración atractivo y eficaz en los primeros años de formación de nuestros niños pues existen campos de confluencia de materias de interés común. Se debe considerar que para el desarrollo de una buena capacidad lectora está comprobado que se deben leer materias diversas,  considerando no sólo a distintos géneros literarios sino también áreas de conocimiento y su literatura como ocurre con la historia, la antropología u otras formas de expresión de saberes.
Es dable preguntarse si el aumento de horas conseguirá lo que de él se espera. No sirve necesariamente el aumento mecánico de horas de lo que se está haciendo, salvo si se proyecta en la línea de entrenamiento e instrucción para la superación de pruebas. Eso sin embargo implicaría poner los medios por sobre el fin fundamental, enriquecer las vidas de nuestros niños con educación para la vida.
En este escenario ¿No será mejor disminuir horas de lenguaje que aumentarlas para los niños? ¿no será mejor concordar más horas de lectura compartidas entre Lenguaje y Comunicación e Historia, Geografía y Ciencias Sociales? ¿No será posible aumentar las horas de Lenguaje para los profesores para mejorar su capacitación? ¿No será mejor invertir en formas de innovación didáctica? ¿No será mejor modificar las partes de la ecuación y focalizar esfuerzos para enriquecer la búsqueda de puntos de encuentro entre disciplinas y sectores?
Si estas acciones fuesen acompañadas por medidas administrativas que apuntaran no sólo a tener mejores estudiantes de pedagogía sino también a ofrecer un mejor clima de aprendizaje con menos alumnos por aula se lograría un importante avance en la calidad de nuestra educación.
Sobre todo es fundamental trasformar esta situación en que un sector fundamental en la formación para la vida de ciudadanos libres, informados, solidarios y comprometidos con la vida de la sociedad, en una ocasión para imaginar nuevas vías para desarrollar alianzas didácticas y cultivar el terreno fértil y basilar de la lectura en conjunto con el sector de Lenguaje. Aprovechemos este difícil trance para poner más imaginación y mayor creatividad en las tareas de enseñanza haciendo un esfuerzo serio por la integración de conocimiento y el desarrollo equilibrado de habilidades y competencias de nuestros niños. Trasformemos este momento que puede ser muy negativo y limitante para la formación para la vida en una oportunidad de ensayo de nuevos desafíos.
Consideramos que la enseñanza histórica es una parte de la cultura general puesto que permite incluir a los estudiantes en la sociedad en la que vivirán, haciéndolos  asimismo capaces de participar en la vida social y que esa preparación es tan importante como la del dominio básico de las operaciones de lectura y escritura y las básicas de matemáticas. Es muy baja la meta que se propone un ministerio que está llamado a educar y se conforma con instruir.
Frente al dilema que la reforma curricular propone hay que  insistir en que no se han contemplado vías más imaginativas y creativas y que se ha optado por una vía imprecisa y poco discutida fuera del ámbito ministerial lo que choca con las ideas liberales que por otra parte el propio ministro reivindica con frecuencia.
Deseo y espero un grado mayor de reflexión y sensatez en la modificación del curriculum, que se atiendan las sugerencias del CNED y que las autoridades correspondientes tengan la disposición a escuchar ideas y argumentos antes de aplicar una modificación que puede tener consecuencias profundas en el largo plazo aunque puedan disimularse en lo más inmediato.
 Claudio Rolle
Profesor del Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile

La Historia importa | Alfredo Jocelyn-Holt

Vengo de estar unos días en Washington y recorrer algunos de sus espléndidos museos. Sólo en la zona del Mall, donde se ubican los principales monumentos, se han abierto y remozado en las últimas décadas cuatro museos -de Historia Americana, del Indio Americano, del Aire y Espacio, de la Prensa (Newseum), y se planea para el 2012 el de Historia y Cultura Afroamericana- gracias a multimillonarias inversiones y con afluencias de público igualmente millonarias. Preocupación para con la historia que se vuelve a confirmar cuando uno revisa lo que se publica en nuevas tiradas de libros relativos a la Independencia, la Constitución de los Estados Unidos, sus más destacadas figuras políticas, la ocupación del territorio y su crucial papel como potencia mundial.
De vuelta en Santiago, aterrizo, en cambio, en un país en que el Ministerio de Educación ha decidido rebajar las horas de enseñanza dedicadas a la historia y  humanidades, a fin de abultar la enseñanza de matemáticas y lo que los “educólogos”, marea acosadora de expertos amnésicos que se han apoderado últimamente de la educación (quizá por eso está como está), llaman “lenguaje”, ni siquiera gramática y literatura. Un contraste que nos devuelve una vez más a nuestro asentado provincianismo tercermundista, lo cual no deja de sorprender. 
La fascinación por la historia en los EEUU se debe, en gran parte, al giro más conservador experimentado en ese país. Si en los años 60 y 70 la izquierda norteamericana abominaba del pasado y lo quería revolucionar todo desde cero, las nuevas líneas de derecha desde los años 80 se han encargado de subrayar el valor renovable de la larga tradición libertaria, cívico-patriótica y religiosa variopinta de ese país.
Nada, sin embargo, que podamos constatar en nuestro caso. Por el contrario, el giro chileno más “a la derecha”, que también data de esa misma época, está marcado por un menosprecio hacia todo lo hecho en los últimos cien años, lo que sumado a una crítica acrimoniosa respecto de nuestro pasado institucional decimonónico, nos ha dejado como única reserva en qué respaldarnos el supuesto éxito de gobiernos duros (de Portales a Pinochet) y la inveterada tradición católica barroca tridentina, es decir del siglo XVI.
Por eso el equipo que ha llegado al Mineduc se siente incómodo con la apertura curricular en materias de historia post 1989, objeta que se hable en las salas de clase de “resistencia mapuche” y “colonia” durante el período español, que se califique a la Constitución de 1833 de “autoritaria”, que al régimen militar se le denomine “dictadura”, en fin, que la discusión histórica necesariamente supone barajar múltiples posibles interpretaciones, no siendo suficiente memorizar largas listas de hechos descontextualizados. Estos últimos, a juicio de los “educólogos”, más fáciles de “medir” en pruebas de rendimiento. 
En definitiva, esta arremetida lo que prueba es que nuestros sectores más recalcitrantes, en vez de persuadir que la historia sirve para crear conciencia cívica, han optado por renunciar a toda discusión compleja. Conscientes de que han perdido la batalla por la reflexión histórica, han preferido dar un golpe duro, reduciendo el ramo tradicionalmente más central del currículo nacional.
Alfredo Jocelyn-Holt
Historiador y Profesor de la Universidad de Chile
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