Movimiento estudiantil y crisis de representación | Entrevista a Gabriel Salazar

Gabriel Salazar, historiador, profesor de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Historia, es entrevistado por primera vez en la televisión abierta en un horario prime. En esta ocasión revisita los conflictos sociales y políticos de la histori…

Gabriel Salazar, historiador, profesor de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Historia, es entrevistado por primera vez en la televisión abierta en un horario prime. En esta ocasión revisita los conflictos sociales y políticos de la historia de Chile y su relación con el actual movimiento estudiantil que tras seis meses de movilizaciones ha puesto en evidencia la crisis de representatividad de la democracia chilena.


¡Republicanos! | Juan Guillermo Tejeda

A los republicanos, cuando nos enfrentábamos a la dictadura nos llamaban comunistas, y ahora que nos enfrentamos a la turba, nos ponen junto a los derechistas. Ni una cosa ni otra, porque la realidad política no es tanto una línea con dos extremo…

A los republicanos, cuando nos enfrentábamos a la dictadura nos llamaban comunistas, y ahora que nos enfrentamos a la turba, nos ponen junto a los derechistas. Ni una cosa ni otra, porque la realidad política no es tanto una línea con dos extremos que serían la izquierda y la derecha, sino más bien un triángulo. Todos somos en mayor o menor grado liberales, comunitaristas y republicanos.
Guido Girardi, como Presidente del Senado, faltó a sus obligaciones republicanas al permitir que un grupo de personas sometiera a presiones físicas a un ministro de Estado, y al dar por bueno que esos vociferantes bailaran arriba de una mesa donde se discutía el Presupuesto de la nación. Más allá del hecho, están los símbolos. Tampoco estuvieron a la altura el ministro, que se escurrió, ni los parlamentarios, que pasmados o pensando en su reelección optaron por jugar al museo de cera. En un Estado republicano de derecho, los carabineros no son una fuerza de ocupación. Ellos y los militares están sometidos a reglamentos, y detentan el monopolio jurídico de la violencia.

Patricio Melero, que es de la UDI y preside la Cámara de Diputados, le ha representado a Girardi un poco lo mismo, y tiene razón. Melero se nos ha vuelto súbitamente republicano después de haber sido parte de la dictadura de Pinochet, donde los uniformados detentaban no el monopolio jurídico de la violencia sino el monopolio arbitrario de la violencia, que es cosa muy distinta, como lo saben muy bien hoy las familias de los desaparecidos, ejecutados, torturados y exiliados.

La República tiene sus protocolos, sus modales. Más bien, es un sistema de modales y protocolos, que será un poco ridículo a veces, pero cuando se deja atrás sobreviene habitualmente la catástrofe. Si consideramos como se dice habitualmente hoy en día que los carabineros son la represión, tendremos que renunciar a ellos. ¿Y por qué pueden ir a gritar y a zamarrear a los parlamentarios y ministros sólo los estudiantes o los ecologistas y no por ejemplo los pescadores artesanales o las madres solteras o los enfermos terminales o los ancianos o los chilotes o los ciudadanos con problemas de fertilidad? ¿Cómo dialogar  -como dice Girardi-, con todos los que zapatean sobre la mesa y agitan furiosos sus índices ante la autoridad? Y perdón por haber usado esa palabra: autoridad. Pero así funcionan las cosas. La horda impone con fuerza su autoridad cuando todos corren o marchan en torno a una misma idea, o contra algo, pero en cambio muestra gran ineptitud para procesar las diferencias, para atender a la variedad de asuntos y actores que requiere la convivencia colectiva. Por eso es que la humanidad ha evolucionado, no sin penas y traumas, hacia los sistemas republicanos.

Cuando se imponen el zapateo y la capucha es cuando se hace preciso llamar a los carabineros. ¡No los llamemos! Lo que viene a continuación lo vimos ya en un video de Concepción, donde un compadre mosqueado por los estudiantes y encapuchados se fue al auto y sacó una pistola. Es el proceso donde la gente, al ver que no hay fuerza pública, la privatiza. Es el momento esplendoroso de las escopetas caseras, los bates de beisbol, las pandillas, las brigadas, la balcanización, el saqueo. Tal es el precio que se paga por renunciar a los modestos y a veces demasiado contundentes carabineros. Después de unos meses de los deportes de autodefensa aparecen invariablemente los militares a poner orden, caramba, y entonces los irresponsables que armaron el desastre seguro que no estarán en ningún lado.

Pero los republicanos venimos diciendo hace rato que el sistema comprimido del pospinochetismo es injusto y peligroso. Una democracia donde los cargos parlamentarios se llenan por votación popular pero también a dedo, por cupos de listas cerradas o por designación tipo Ena von Baer, no puede satisfacer a la gente. Añádase a ello el que los jóvenes no han participado al no inscribirse como votantes. Hay una extendida sensación de abuso, de tomadura de pelo. Para qué decir el doble estándar de suavidad ante las grandes empresas y dureza para con los ciudadanos con que se han llevado adelante las políticas económicas. O el deslizamiento del espacio público hacia lo privado. Lo hemos representado tantas veces, de mil maneras. Y no olvidemos que muchos de los hoy indignados estuvieron silenciosos durante mucho tiempo, lo dejaron pasar todo, como si la historia no fuera con ellos.

La nuestra es, pues, una democracia en deuda. Y el ambiente generalizado de protesta e insurrección que vive el país se debe en gran parte a eso. Los que protestan, sin embargo, no saben ni quieren distinguir entre la democracia como sistema y la democracia concreta que aquí vivimos, y a lo que van es a terminar con ella. Lo cual es extremadamente peligroso porque no contamos con un sistema de recambio que no sean las democracias populares, que terminan siempre con un señor de uniforme rodeado de sus parientes y amigos saludando desde una tribuna a un desfile de militares y militantes en el Día de la Revolución.

La democracia republicana es casi siempre una aproximación al ideal, rara vez un máximo. Y es un sistema relativamente débil, por lo menos si lo comparamos a las dictaduras, que serían la alternativa.

No cabe duda en todo caso de que esos seres balbuceantes y paralizados que son hoy nuestros políticos debieran acometer cuanto antes una reforma en profundidad del sistema político, si es que no quieren que esa tarea la emprenda la muchedumbre enfurecida.

Pero al mismo tiempo la república tradicional está haciendo agua en todo el planeta. Los políticos no son queridos. Los sistemas parlamentarios o presidenciales empiezan a ser superados por la indiferencia, las redes sociales, las marchas, los indignados. Este movimiento coincide con el debilitamiento progresivo de los estados nacionales. La gente ve que su futuro depende más de las bolsas asiáticas o de las últimas novedades de Facebook que del Presidente de la República (por cierto ¿qué habrá sido del nuestro?).

Hay que ir pensando, pues, progresivamente, en un espacio público global, y por tanto en una organización republicana de dimensiones mucho más amplias que las que tenemos nacionalmente. Ya lo hacen así las grandes empresas y los grandes movimientos de protesta. Más allá de sus dimensiones, una república es siempre una asociación de ciudadanos libres provistos de derechos, que dentro de un marco legal de procedimientos resuelven sus diferencias garantizando así una vida mínimamente ordenada y en libertad. Hay en la actualidad un fascinante proceso en marcha que apunta a la globalización republicana.

En lo que a nuestra situación nacional y de hoy respecta, los principios republicanos nos indican que no hay soluciones para ningún problema al margen de ciertos procedimientos mínimos de respeto y de convivencia. Es decir, que las protestas también están sometidas a protocolo, que existen modalidades creativas y productivas de insurrección, así como las hay también destructivas y atentatorias a los derechos de los demás.

Los republicanos nos ponemos a veces un poco pesados con nuestra apelación a los reglamentos. Cuando florecen las repúblicas no nos dan ni más premios ni más plata, y cuando están en peligro también nosotros lo estamos. Pero en fin, como decía Spike Lee: do the right thing.

Más allá del conflicto educacional: Malestar social y crisis de representatividad política en Chile | Nicolás Ocaranza

Mucha tinta ha corrido para analizar la crisis del sistema político, la deslegitimación de los partidos y la escalada de movilizaciones sociales que reclaman el fin del lucro en las instituciones escolares y universitarias, así como mejores mecan…

Mucha tinta ha corrido para analizar la crisis del sistema político, la deslegitimación de los partidos y la escalada de movilizaciones sociales que reclaman el fin del lucro en las instituciones escolares y universitarias, así como mejores mecanismos de regulación de la educación pública. 

Entre las propuestas lanzadas al vuelo por politólogos y sociólogos, varias de ellas más intuitivas que científicas y reflexivas, destaca una idea fuerza que, confrontada con algunos datos empíricos, no resiste ningún análisis. La idea defendida por el sociólogo Eugenio Tironi y el investigador de mercado Roberto Méndez, a propósito de un artículo aparecido en The Economist, apunta a que Chile habría alcanzado un determinado umbral de modernidad gracias al aumento de los ingresos per cápita, lo que habría convertido a sus ciudadanos en individuos más exigentes y empoderados, así como en activos fiscalizadores de las actividades del gobierno y de los otros poderes del Estado.

Frente a esa “intuición” hay otra lectura que permite analizar el problema desde la anormalidad del sistema político chileno y su relación con algunos factores socio-económicos que inciden directamente en la perpetuación de las desigualdades sociales.

El determinante central de este nuevo ciclo de movilizaciones es la llegada de la derecha al poder y las oportunidades políticas que ofrece un gobierno poco receptivo a la voluntad popular y al diálogo con las fuerzas opositoras. El cambio de alineaciones políticas, la división de las elites, la difusión de las causas en las redes sociales, la acción colectiva y los nuevos marcos culturales que resuenan en la población chilena serían los factores que inciden en el clima de indignación y de permanente movilización (1). El escenario político post Concertación abrió un camino favorable a las movilizaciones que hizo posible la conexión de unidades contestatarias que antes estaban desconectadas (profesores, estudiantes, ecologistas, opositores a la derecha, defensores de una asamblea constituyente) y que las protestas alcanzaran un cierto grado de empatía o reconocimiento ciudadano, legitimándose ante una opinión pública que antes se mostraba escasamente receptiva de ellas. 


Con todo, la aparente excepcionalidad de estas reivindicaciones no es tal, ya que la mayor parte de las protestas y movilizaciones que ha tenido Chile desde inicios de los años 90, y más fuertemente como consecuencia de los efectos inmediatos de la “crisis asiática” en el bienio 1997-1998, han estado relacionadas con el déficit de financiación de las carreras universitarias, el desmantelamiento de las instituciones y continua privatización de la educación pública.

Además de esta lectura politológica, es necesario considerar que hay otros factores estructurales, no necesariamente relacionados con la coyuntura actual, que intervienen en esta crisis política y social. De acuerdo a los datos aportados por el estudio de indicadores sociales y educacionales de la OECD (OECD, Society at a Glance 2011 – OECD Social Indicators; Education at a Glance 2010: OECD Indicators) y el estudio nacional de opinión pública realizado por el Centro de Estudios Públicos (Estudio Nacional de Opinión Pública N°64, junio-julio 2011), sabemos que el país:

1) Tiene el mayor índice de desigualdad de ingresos entre los países miembros de la OECD, lo cual incide directamente en que sólo el 13% de los chilenos tiene confianza en sus conciudadanos.

2) En referencia al ingreso per cápita, las tasas de matrícula de las universidades chilenas se encuentran entre las tres más altas del mundo. El gasto público en educación del Estado no sobrepasa el 3% del PIB.

3) Tiene la tercera tasa de empleo más baja de la OECD, así como el porcentaje más bajo de trabajadores sindicalizados.

4) Con un 26% de aprobación ciudadana a la gestión del presidente Piñera, el actual gobierno enfrenta la peor crisis de legitimidad de los últimos 20 años. Al mismo tiempo, la Concertación cuenta tan solo con un 17% de aprobación.

Más allá de la crisis educacional, las actuales movilizaciones sociales también son un efecto de la crisis de representatividad. No se puede pensar este ciclo de protestas fuera de la deslegitimación del voto como instrumento privilegiado de la democracia representativa. Independientemente de su carácter contingente y coyuntural, estas movilizaciones son una búsqueda paralela a la vía institucional para instalar una propuesta concreta que suprima el lucro y los enclaves neoliberales que constriñen la educación pública. Pero también se trata de una apuesta por redefinir un nuevo ethos igualitario desde la sociedad civil. Solo así se explica que la juventud hastiada de la democracia formal, es decir, aquellos que no se inscriben en los registros electorales y se automarginan del régimen representativo, sea la que se suma masivamente a las movilizaciones.

El movimiento estudiantil, en definitiva, no se explica únicamente por su mero acontecer, sino también por factores relacionados al déficit democrático y a la crisis de igualdad que sufre la sociedad chilena, asuntos que se corresponden con la estructura constitucional chilena y los mecanismos perversos del sistema electoral binominal. 

El debilitamiento de la democracia chilena se explica en gran medida por la completa anormalidad de su sistema político: la clausura del debate público a dos visiones políticas hegemónicas y la permanencia de enclaves constitucionales que impiden la transformación del sistema desde adentro son su sintomatología más evidente. En efecto, la crisis de representatividad tiene también un componente institucional que reproduce una serie de vicios políticos que impiden la profundización democrática y el equilibrio de poderes del Estado, a la vez que acrecientan las desigualdades: hiperpresidencialismo, Parlamento inoperante, congresistas designados, conflictos de intereses entre los funcionarios públicos, corrupción al interior de los organismos estatales, intromisión del Ejecutivo en las labores de los otros poderes del Estado, desarticulación de la actividad sindical, inexistencia de mecanismos consultivos a la ciudadanía, entre otros.

Repensar esta profunda crisis política y social implica delinear para el futuro nuevos principios constitucionales que aseguren una verdadera igualdad y una democracia acorde con los tiempos actuales. Esta lectura supone un cambio de paradigma, vale decir, pasar de una noción de democracia como mero mecanismo de compensación o moderación de la desigualdad a una noción de democracia igualitaria en la que no se reconocen desigualdades naturales y en la cual las desigualdades sociales se vuelvan prácticamente invisibles.

Si el ciclo de movilizaciones se ha agudizado y extendido más de lo esperado es porque la democracia chilena no ha logrado funcionar como un sistema capaz de revertir las desigualdades económicas contra-naturales de la sociedad. Lo que está en juego en Chile en estos días, no solo es el futuro de una educación pública de calidad abierta a todos, sino también el justo reclamo por una nueva noción de democracia igualitaria. Si en la opinión pública ya se escucha con fuerza el llamado a plebiscitar la reforma educacional, a promover mecanismos de democracia directa e incluso convocar a una asamblea constituyente, es porque la noción de democracia sobre la cual se construyó el orden político-constitucional chileno post-dictatorial ya no da para más. 

Con estos antecedentes, es claro que las masivas movilizaciones no son la expresión de un país que llega a ser “normal”, sino más bien el síntoma de una completa “anormalidad” política-institucional que se arrastra desde la transición democrática en los años 90 y que terminó enclaustrando al país en un marco constitucional restringido, cuyos límites aseguran la perpetuidad de un orden socio-económico desigual.

Como la mayoría de los políticos criollos se han resistido a pensar que las transformaciones socio-económicas pendientes en Chile deben pasar inevitablemente por un cambio constitucional, nunca está demás recordar que aún cuando la igualdad puede ser espontáneamente instalada por las transformaciones sociales, ésta también puede ser establecida por la ley o por el uso de las leyes. La igualdad democrática, como ha sido definida por Pierre Rosanvallon y Adam Przeworski, puede ser un reflejo de la igualdad pre-existente en otros lugares, o bien, ser impuesta por las leyes. Pero cuando ni la una ni la otra operan con eficacia, la democracia se debilita y la representación se convierte en un mero paliativo para una crisis total de la sociedad. Si el malestar social no se resuelve por la vía institucional, que permite la promulgación de nuevas leyes y pactos sociales a través de las constituciones, la crisis será total, inevitable e irreversible.

Suponer que Chile resolverá este crispante malestar -cuya etiología es la profunda desigualdad social- con el crecimiento económico, es una fórmula que fracasó durante cuatro gobiernos concertacionistas y que ahora recrudece con la derecha en el poder. A pesar de que las anteojeras de las instituciones representativas chilenas, que mantienen el statu quo de la situación económica y social de los ciudadanos, no han permitido cubrir con eficacia la desigualdad evidente de sus condiciones de vida, las actuales movilizaciones sociales son la expresión ciudadana de una búsqueda por profundizar unas estructuras democráticas hasta ahora recelosas del imperativo igualitario.


*Este texto tuvo su origen en una serie de intercambios con Alejandro Corvalán. Inicialmente fue un intento de escritura en conjunto, pero el tiempo y la distancia lo impidieron
Nota 1:

Esta idea, definida por Sidney Tarrow como ‹‹political opportunity structure››, ha sido explicada en detalle en su libro Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

¿Ignorancia o mala fe? | Alfredo Jocelyn-Holt

¿Qué sucedería si se llegara a probar que buena parte de lo que se ha estado discutiendo y exigiendo en los medios, patios de escuelas, universidades y en las calles, ya está reconocido en el ordenamiento institucional que nos rige? ¿Tendría s…

¿Qué sucedería si se llegara a probar que buena parte de lo que se ha estado discutiendo y exigiendo en los medios, patios de escuelas, universidades y en las calles, ya está reconocido en el ordenamiento institucional que nos rige? ¿Tendría sentido seguir protestando y con, además, estos niveles de bulla? Eso por un lado. Por el otro, ¿serviría insistir, con igual intransigencia, que no hay que dar el brazo a torcer? Por lo visto, quienes chillan algo logran. A su vez, quienes se emperran en lo de siempre, algo conservan. El lío es que con lógicas de ese tipo persistiremos en una guerra de desgaste y trinchera para rato.

De ahí que, como pocas veces antes, este sea el momento de los abogados. El “qué dice la ley” o bien, el “hagámosla cumplir”. En cuyo caso, lo del lucro en la educación universitaria debiera ser cuestión zanjada. Porque lo inaudito no es que las universidades no puedan perseguir fines de lucro, sino que dicha regla, consagrada legalmente, se esquiva, atropella y no se honra. Ese el problema.


La gratuidad es otro de estos nudos gordianos al que la ley, de nuevo, tiempo hace que ofrece su solución. Según Carola Canelo, profesora de Derecho Internacional de la U. de Chile, la  norma está ahí, es cosa de que la respetemos. En 1989, el entonces gobierno de Chile, todavía bajo dictadura, promulgó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en que los Estados partes se comprometen a garantizar el derecho de toda persona a la educación en todos sus niveles, y sobre la educación superior, consigna que ésta “debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implementación progresiva de la enseñanza gratuita”. (art. 13 c). A lo que Canelo agrega convincentemente que esta disposición tendría rango constitucional, aseguraría el principio de gratuidad progresiva y éste prevalecería por sobre cualquier esquema actual de financiamiento público en educación superior.

De concederse el punto, y ¿cómo no? (el texto es taxativo), resulta extraordinario que en todos estos años -21 exactos- la experiencia haya sido justo lo contrario. Que en vez de alcanzar una gratuidad progresiva se haya llegado a un encarecimiento geométrico insostenible, regresivo, que autoridades universitarias y de gobierno se hayan coludido y obcecado en convertir la educación superior en negocio (también las universidades públicas), y se desembocara en una paralización a escala monstruo porque el sistema no da para más, tanto por lo caro como por la pésima calidad de la oferta. Materia de historiadores, supongo, e irónico porque la dictadura nos estaría penando, aunque no en el sentido usual en que nos tiene acostumbrados.

Fue ella la que promulgó el pacto de la ONU y consagró el principio del no lucro en las universidades. Cuestiones que, siendo ley, nadie podría alegar supuesta ignorancia y excusarse de cumplirlas. La ley es dura, pero es la ley, y así como la buena fe se presume, la mala fe se castiga y duro: el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contra. Salgan, pues, de la calle, vuelvan a clases y llamen a los abogados.

Perspectivas históricas del movimiento social-ciudadano | Gabriel Salazar

La historia socio-política de Chile muestra que los movimientos ciudadanos, cuando han procurado ejercer la soberanía y el poder constituyente que les son inherentes, han sido reprimidos por ambas clases políticas (la militar y la civil), bajo ac…

La historia socio-política de Chile muestra que los movimientos ciudadanos, cuando han procurado ejercer la soberanía y el poder constituyente que les son inherentes, han sido reprimidos por ambas clases políticas (la militar y la civil), bajo acusación de “anarquismo” y “desquiciamiento del orden público”. Así ocurrió con el movimiento ciudadano que derribó la dictadura de O’Higgins en 1822 y redactó la Constitución Popular de 1828, pues fue aplastado por el golpe de Estado fraguado por Portales (civil) y Prieto (militar) en 1829. Lo mismo, el movimiento encabezado por los trabajadores (FOCH), los estudiantes (FECH) y los profesores (AGPCH), que en 1925 convocó a una Asamblea Popular Constituyente, fue traicionado en sucesión por los “caudillos” Alessandri Palma (civil) e Ibáñez del Campo (militar), que impusieron una Constitución Liberal que fue la antítesis de la propuesta por la ciudadanía.


En el primer caso, la ciudadanía se organizó en base a “pueblos” (comunidades urbanas locales) y “asambleas provinciales”. En el segundo, bajo forma de una Asamblea popular deliberante, constituida por los actores sociales con sedes a todo lo largo del territorio. En el primer caso, el objetivo fue derribar la dictadura de O’Higgins y dar al país una Constitución “Popular-Representativa”. En el segundo, derribar el decadente Estado liberal ‘portaliano’ y construir un Estado Nacional-Desarrollista. 

El Estado Neoliberal que, terrorismo militar mediante, fue erigido entre 1973 y 1980, es ilegítimo por nacimiento, ineficiente por haber agudizado la desigualdad social, y no-representativo por no contar con la confiabilidad y credibilidad ciudadanas. Hay razones de sobra, pues, para que la ciudadanía se prepare para ejercer su poder constituyente. Ha acumulado suficiente memoria del alejamiento estatal (desde 1973), de la omnipresencia del Mercado (desde 1980) y pruebas contundentes de la crisis terminal que corroe el régimen que la domina (desde 1997). 

La nueva movilización ciudadana muestra autonomía (no está manipulada por el Estado, ni por partido político, ni por caudillos), convergencia espontánea de actores sociales de presencia nacional (estudiantes, pobladores y profesores, sobre todo, con apoyo parcial de sindicatos, empleados y otros sectores). Está animada por una cultura social autogestionaria con 35 años de desarrollo… Pero está a medio-camino. Necesita ampliar su articulación de actores y definir un itinerario de empoderamiento continuo. El movimiento estudiantil es el que trae el mayor bagaje de temas ‘soberanos’ (la autogestión juvenil viene ‘asesorada’ por las nuevas ciencias históricas y sociales, que han elaborado una gran “caja de herramientas” sobre la realidad chilena, que no existía en 1970) junto a una decidida voluntad de cambio. Lo mismo cabe decir del nuevo movimiento de pobladores. Los otros actores, en cambio, tienden a regirse aún por prácticas de cuño ‘representativo’, razón por la que deberían revisar y actualizar sus métodos de acción para asumir las prácticas de ‘soberanía’ que están proponiendo los ciudadanos. Es el caso notorio de la CUT, que está controlada por una cúpula asimilada al régimen político (en crisis) dependiente de la Constitución (espuria) de 1980. 

La crisis está. El proceso de empoderamiento ciudadano, también. Hay pues razón y fuerza para “avanzar sin transar”. El problema es definir cuál es la lógica de los pasos siguientes. Aparentemente, hay dos rutas: a) la de deliberación popular continua, que implica desarrollo del ‘poder constituyente’, de plazo socio-cultural y b) la ruta tradicional de negociación, acuerdos parciales, frentes políticos y avance por etapas, con plazos de calendario. La primera es, sin duda, la ruta estratégica, de proceso continuo y soberanía creciente. La segunda, un atajo lateral, táctico, con acción discontinua (plebiscitos intermitentes). No son vías antagónicas, sin duda; pero es una, sobre todo, la que cultiva en serio el poder popular.

Y hay, también, riesgos: a) la represión (¿no es tiempo ya que la ciudadanía controle también el sistema educativo de las Fuerzas Armadas y de Orden?); b) la oligarquización o caudillización del movimiento, y c) la negociación desmovilizadora, con efecto colateral re-legitimante de las clases políticas que se quiere cambiar.

Sólo cabe deliberar, concordar, imponer y no transar.

La educación universitaria más cara del mundo | Marcel Claude

La salvaje represión a los estudiantes que se manifiestan contra la educación chilena encuentra sus raíces en el modelo económico planteado por Sebastián Piñera. Marcel Claude, economista y profesor de la Universidad de Chile en la Escuela de …

La salvaje represión a los estudiantes que se manifiestan contra la educación chilena encuentra sus raíces en el modelo económico planteado por Sebastián Piñera. Marcel Claude, economista y profesor de la Universidad de Chile en la Escuela de Economía asegura, en diálogo con Página/12, que este año el gobierno les va a entregar 35 mil millones de dólares a las compañías multinacionales que explotan cobre. Esa cifra representa tres veces el presupuesto para educación, doce veces el presupuesto en vivienda y siete veces el que se destina para salud. “Chile tiene la educación universitaria más cara del mundo, con un costo que representa el 72 por ciento del PBI per cápita”, asegura el especialista en desarrollo económico que lleva más de 40 conferencias dictadas en todo el país debatiendo con estudiantes y docentes sobre la crisis educativa.

¿Cuáles son las claves para entender este conflicto?

Toda la educación chilena está ordenada en torno de la lógica del lucro, ése es su eje central. El Banco Mundial señaló que cuando un estudiante se gradúa y sale al mercado laboral carga con un endeudamiento equivalente al 174 por ciento de su sueldo anual. Eso es una locura. Aunque un estudiante trabaje un año completo, todo el ingreso que gana tendrá que dejarlo en el banco. Se estima que cada estudiante se gradúa con una deuda promedio de 40 mil dólares.

Una de las críticas más fuertes de los estudiantes ha sido que este modelo aumenta las desigualdades sociales.

Los ricos estudian en las mejores universidades y los pobres en las peores condiciones, lo que incrementa las desigualdades con las que nacen. El 40 por ciento de los estudiantes que no termina la universidad queda endeudado y sin título. De los que terminan, el 60 por ciento no trabaja de lo que estudió. Esas son las cifras crudas y duras de la educación chilena.

¿Qué alternativas existen ante este paradigma neoliberal?

Tiene que constituirse un sistema público donde la educación sea un derecho asegurado por el Estado. Chile tiene los recursos para hacerlo.

¿Cómo analiza el presente del movimiento estudiantil?

Este movimiento es mucho más sólido que en cualquier otro momento de la historia posdictadura. Recorriendo el país pude observar que existe conciencia y un excelente nivel de reflexión política en todos los estudiantes. Eso despierta la esperanza real de construir un movimiento que vaya más allá de sus demandas. Los estudiantes han planteado la posibilidad de renacionalizar los recursos marinos, mineros y pesqueros. El 60 por ciento de los chilenos vive con un ingreso promedio inferior a un país como Angola. Ante este contexto, la gente toma conciencia de la situación y está despertando.

La mala educación | Gabriel Salazar y María Olivia Monckeberg

Gabriel Salazar (Premio Nacional de Historia) y María Olivia Monckeberg (Premio Nacional de Periodismo), profesores de la Universidad de Chile, analizan la crisis de la educación en Chile y el movimiento estudiantil de 2011. Entrevistas realizadas p…

Gabriel Salazar (Premio Nacional de Historia) y María Olivia Monckeberg (Premio Nacional de Periodismo), profesores de la Universidad de Chile, analizan la crisis de la educación en Chile y el movimiento estudiantil de 2011. Entrevistas realizadas por estudiantes de la Escuela de Periodismo y del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

La mala educación | Gabriel Salazar y María Olivia Monckeberg

Gabriel Salazar (Premio Nacional de Historia) y María Olivia Monckeberg (Premio Nacional de Periodismo), profesores de la Universidad de Chile, analizan la crisis de la educación en Chile y el movimiento estudiantil de 2011. Entrevistas realizadas p…

Gabriel Salazar (Premio Nacional de Historia) y María Olivia Monckeberg (Premio Nacional de Periodismo), profesores de la Universidad de Chile, analizan la crisis de la educación en Chile y el movimiento estudiantil de 2011. Entrevistas realizadas por estudiantes de la Escuela de Periodismo y del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.