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La democracia contra la democracia | Nicolás Ocaranza

La democracia es una noción compleja, polisémica, que se redefine constantemente según el devenir de la historia. Sin embargo, desde sus primeros vestigios atenienses hasta su reinvención bolivariana en Venezuela, no ha estado exenta de algunos monolíticos intentos de apropiación por parte de sus promotores.


Desde del siglo XVIII, existe en Europa, y particularmente en Francia, una tradición intelectual que se ha ocupado de analizar los desafíos democráticos en los diferentes contextos de cambio y continuidad en que se sitúan. Los enemigos íntimos de la democracia, obra de Tzvetan Todorov recientemente traducida al español, se inscribe en esta tradición crítica del pensamiento político conformada por autores franceses como Tocqueville, Aron, Furet, Lefort y Pierre Rosanvallon. 
Siguiendo la exigencia de moderación liberal defendida por Tocqueville, Todorov invita a repensar los problemas asociados a una noción de democracia que, aunque fundada sobre la base del pluralismo político, es incapaz de evitar la aparición de una serie de fanatismos que ejercen un monopolio sobre la definición del bien común. Con el fin de evitar el surgimiento de extremos irreconciliables, el autor plantea que se debe inculcar una cultura de debate democrático sustentada en un humanismo que participe simultáneamente del voluntarismo y la moderación. 
Todorov considera que la democracia moderna es capaz de admitir reinterpretaciones y redefiniciones sin dejar de lado su principio fundamental: ser el gobierno del pueblo. Sin embargo, aunque este axioma parece incuestionable desde el prisma de la filosofía política y la historia intelectual, los acontecimientos políticos y sociales que han marcado el fin del siglo XX y los inicios de la centuria presente indican que la democracia está enferma de su propia desmesura: la libertad deviene tiranía, el pueblo se convierte en una masa fácilmente manipulable y el deseo de promover el progreso se transforma en un espíritu de ciega cruzada. La democracia, entonces, produce enemigos internos que, amparándose en su espíritu pluralista y apariencia de legitimidad, terminan por amenazarla.
Actualmente, las grandes amenazas para la democracia ya no provienen de los rivales exteriores que marcaron las últimas décadas del siglo XX –fascismo, comunismo, islamismo y terrorismo- sino de coacciones de orden político y económico que ella misma produce y que difícilmente pueden regularse sin los mecanismos legales adecuados. Las guerras preventivas y ofensivas, la xenofobia, la desregulación de los mercados, los movimientos de indignados en Europa, y el retorno de los populismos, son los síntomas –según Todorov- de la entrada en una nueva fase de la historia en donde la democracia se encuentra, paradojalmente, amenazada por ella misma.
El primer enemigo es una forma de exceso que el autor compara con los avatares de la vieja hybris de los griegos. Habiendo vencido a sus oponentes ideológicos, algunos defensores de la democracia liberal se han embriagado en su propio éxito: tan sólo unas pocas décadas después de la descolonización, se dio inicio a una serie de nuevas cruzadas –cuyo fundamento es la expansión de la democracia- justificadas por la exportación de los beneficios de la civilización hacia aquellos pueblos que se encuentran privados de ellos. De acuerdo a Todorov, la comunidad internacional olvida demasiado pronto que las “bombas e intervenciones humanitarias” matan en la misma escala que las “bombas terroristas”, y que los valores democráticos también son pisoteados cuando se utilizan para justificar empresas civilizatorias bajo la excusa de una guerra justa contra ejércitos dirigidos por dictadores, al mismo tiempo que se encubren los abusos cometidos en su nombre en prisiones como Guantánamo o Abu Ghraib.
El segundo enemigo es fruto de una extraña filiación entre las ideologías universalistas. Para Todorov, hay un curioso efecto de continuidad entre el mesianismo europeo decimonónico que abrió el camino a las colonizaciones, el comunismo y el neoliberalismo contemporáneo. Estas doctrinas, revolucionarias en diversos sentidos, tuvieron como principal objetivo establecer un nuevo orden mundial, pero utilizaron el pernicioso método del fin justifica los medios. Existe, entonces, una gran distancia entre la creencia en la universalidad de los valores y su imposición bajo una violencia oculta, pero real, sin tomar en consideración a pueblos que pronto devienen objetos de las decisiones de los combatientes de la libertad.
De acuerdo a la idea hobbesiana que plantea que el hombre es un lobo para el hombre, el tercer enemigo de la democracia es la tiranía de los individuos. La doctrina original de protección de las libertades se encuentra hipertrofiada hasta el punto de producir un inmenso pastel a repartir entre un grupo de poderosos que se arrogan el privilegio de apropiarse no solamente de las riquezas, sino también del poder político y la influencia pública. De esta manera, los predicadores de la democracia universal se apropian de todos los espacios de poder, gozando tranquilamente de la libertad de los zorros en un gallinero.
Si bien el diagnóstico trazado es convincente, este libro no está libre de generalizaciones que hacen tambalear algunas de sus premisas. Por ello, resulta interesante observar cuáles son las soluciones que contribuirían a inmunizar el futuro de la democracia y la libertad frente a sus enemigos íntimos. El desenlace es incierto, puesto que más que una revolución política o tecnológica, Todorov propone nuevos equilibrios para la libertad y sus barreras como también para la tolerancia y la responsabilidad cívica, además de un balance adecuado de los contrapoderes que operan en la sociedad. Todo ello permitiría reencontrar el sentido del proyecto democrático equilibrando de una mejor manera sus grandes principios: poder del pueblo, fe en el progreso, libertades individuales, economía de mercado, derechos naturales y sacralización de lo humano. Aunque nada de esto es nuevo si se revisan los clásicos textos de Montaigne, Rousseau, Montesquieu o Constant, de quienes Todorov ha escrito y se declara un ferviente seguidor, siempre es importante recordar que solo gracias a un sutil equilibrio de poderes es posible contener las fuerzas contradictorias que mueven a los individuos y las corporaciones, y que a pesar de sus inestabilidades, la democracia puede ser algo más que una simple farsa política.

El legado de 1812 revisado | Josep María Fradera

La conmemoración de los 200 años de la proclamación de la primera Constitución liberal española en 1812 mantiene justificadamente ocupados a constitucionalistas e historiadores. Por lo general, la interpretación da vueltas en torno a una idea que se repite hasta la saciedad. Esto es: con la aprobación de la Constitución gaditana en 1812, los españoles dejaron de ser súbditos para convertirse en ciudadanos. Sin embargo, si nos acercamos de nuevo a las dos situaciones que definen el antes y el después, se imponen tantas precisiones que al final queda poco de tan rotunda frase.
Empezando por el famoso súbdito del antiguo régimen, aquel sujeto sin atributos políticos aparentes, revisiones de las últimas décadas acerca de la ‘libertad de los antiguos’, obligan a repensar sus modos de actuar y las legitimaciones jurídicas y culturales que lo amparaban. El súbdito era un sujeto cargado derechos, que los Estados monárquicos trataron de sujetar con restricciones legales, el crecimiento de la administración y las finanzas estatales y una apología constante de la autoridad irrestricta del monarca. Esto último era más un deseo que una realidad. No obstante, la idea de ‘antiguo régimen’ y de absolutismo monárquico, la idea de un súbdito encadenado por un marco legal a medida del despotismo del Estado, se convirtió en un argumento central de la propaganda liberal. Era cierto que las instituciones de representación corporativa estaban perdiendo capacidad de interlocución frente al rey, en paralelo a un reforzamiento extraordinario del Estado con las guerras del siglo XVIII.
Las acrecentadas demandas estatales empujaron hacia dos soluciones políticas distintas. La primera consistió en una renovada importancia de las instituciones de representación local. Cuanto más lejos del núcleo monárquico, más oportunidades existieron de incrementar el peso de los cuerpos intermedios. El ejemplo por antonomasia se encuentra en la transformación de las asambleas de las 13 colonias británicas de Norteamérica en aguerridas instancias contra las demandas del sistema político británico (King in Parliament). Salvando todas las distancias, la renovación de los llamados cabildos abiertos en la América española se inscribe en esta dinámica, al igual que la autorización de formar asambleas (a la británica) en las ricas posesiones francesas de las Antillas.
La segunda posibilidad consistía en la imposición del esquema monárquico-administrativo como única vía de construcción estatal. De imponerse esta solución hasta el final, como sucedió en España, el bloqueo de las demandas de los grupos intermedios era la consecuencia inevitable, con el resultado de graves conflictos en los que la participación popular era insoslayable. Para los excluidos del sistema, el final del túnel era el mismo en cualquier caso: alcanzar la representación política plena. En síntesis: romper el escollo de la reclamación parcial en aras de la representación per se, aquella que se fundamentaba, como proclamaron las declaraciones de independencia norteamericana y la francesa de derechos del hombre y el ciudadano, en el derecho natural a la igualdad política. El sujeto que impone al complejo monárquico-estatal esta solución radical no era, en modo alguno, un parvenu de la política. Todo lo contrario, es aquel súbdito cargado de derechos/privilegios en la medida en que forma parte de comunidades de lugar o de oficio, el súbdito leal a su rey aunque este se distancie y no corresponda, el súbdito que pleitea incansablemente en nombre de la justicia y de sus derechos/privilegios con los oficiales reales. Por esta razón, la palabra súbdito (subject) no tiene en inglés sentido peyorativo alguno. Sí lo tiene en países como el nuestro, donde la transformación posterior resultó insuficiente y problemática.
Truculencias al margen, todo ciudadano moderno es por definición y al mismo tiempo súbdito del Estado. Es por ello que debe cumplir las leyes incluso si las ignora. En momentos de crisis, el Estado se ocupa de que así sea, suspendiendo si es necesario la condición de ciudadano con el “estado de excepción”, como fórmula liberal por excelencia. Por consiguiente, y citando al filósofo político Gianfranco Poggi, una distinción nítida entre la categoría de súbdito y la de ciudadano no conduce a parte alguna.
Vistas las cosas desde esta perspectiva, lo que ocurrió en España a principios del siglo XIX se ordena mejor, se hace más inteligible. El agotamiento de las fórmulas transaccionales, las auspiciadas al principio por la élite del bando patriota, tuvieron que ser descartadas una tras otra, como Tomás y Valiente explicó magistralmente. En un contexto de resistencia agónico, la nación como suma de ciudadanos es proclamada como el principio esencial de la soberanía. Es este el momento cuando la idea de representación auspiciada por norteamericanos y franceses se condensa en el estatuto de ciudadanía. Pero es un recurso desesperado, forzado por la necesidad de forjar un punto de atracción de las fuerzas “centrífugas” en América y en la Península. Aquel centro de gravitación solo podían ser las Cortes Constituyentes y el pacto político que subyace en el texto gaditano. En la historia reciente española, es esta la única ocasión en la que la supervivencia misma del Estado dependió de la capacidad para forjar un consenso entre las partes, de Santiago de Chile a la Guadalajara novohispana, de Cádiz a la frontera con Francia. Era tal la necesidad de establecer la primacía de las Cortes, que se impondrá su autoridad a costa de abrir heridas en el mundo americano imposibles de cerrar. Entre ellas figuraban la exclusión de la ciudadanía de individuos libres descendientes de esclavos (2/3 aproximados del total del censo); en segundo lugar, la negativa implacable a lo que llamaron “federalismo”, esto es, la fórmula estadounidense para conciliar la unidad de la nación con la capacidad legislativa de los 13 Estados fundadores.
La idea de un ciudadano como expresión de unos derechos inalienables (aunque no explícitos) desaparecerá junto con la Constitución de 1812, antes ya de su sustitución por la mucho más moderada de 1837, y así sucesivamente hasta el presente (puesto que en la de 1978 conviven “españoles”, “personas” y “ciudadanos” en importancia descendente). El ciudadano de 1812 recordaba demasiado a su precedente del momento revolucionario francés. Como advirtió con lucidez Danièle Lochack, el de “ciudadano” fue y es un “concepto jurídico vago”. Serán las leyes electorales las que se ocuparán de regular —más bien restringir y excluir (mujeres, penados, menores, personas sin residencia fija, no–nacionales, súbditos coloniales)— el derecho a votar y ser votado. Es lo que sucede cuando el restablecimiento constitucional a la muerte de Fernando VII. Sobre una población de más de 12 millones de habitantes, el cuerpo electoral fue reducido de tres millones de hipotéticos electores, con arreglo al sistema de 1812, a menos de 80.000 con las leyes electorales censatarias de 1836 y 1837 en la mano, para proseguir su descenso imparable hasta 1869. El sufragio general masculino regresará en esta última fecha con la Revolución de Septiembre, pero lo hará no como expresión renovada de la ciudadanía gaditana sino asociado a la condición de español. Incluso en los momentos en que el sufragio universal masculino y adulto se abre paso, se separan con precisión los derechos recogidos en la Constitución vigente (las de 1869 y 1876) de los electorales articulados por leyes específicas. La idea de ciudadanía no desaparece; transmigra a la lucha política, en un país en el que la división civil forma el reverso del cierre constitucional posterior a la abierta apuesta gaditana.
Florence Gauthier definió esta desaparición temprana de la figura del ciudadano como el triunfo y muerte del derecho natural. Frente a la evanescencia de la figura del ciudadano forjada durante el ciclo revolucionario, es la condición de súbdito la que garantizó la consistencia del “pacto social”, la transición al nuevo orden del conocido como Family o Blood Compact monárquico junto con muchas adherencias en la práctica de los cuerpos funcionariales y jurisdicciones antiguas. Con esta última constatación se cierra el círculo conceptual de identificación de lo que constituyó la sustancia del venerable texto gaditano. Si el argumento expuesto es válido, el debate sobre la continuidad o novedad de la primera Constitución liberal española tiene escaso sentido.

La democracia incumple su espíritu | Entrevista a Tzvetan Todorov por Juan Cruz

Tzvetan Todorov nació en Sofía, Bulgaria, en 1939, vive en Francia desde 1963 y es un gran lingüista que en las últimas décadas se ha dedicado a mirar heridas sobre las que el mundo se pregunta poco. Ahora le ha tocado hurgar en la democracia: ¿es tan buena como parece?, ¿hace siempre el bien?, ¿no será que disfraza de bien el mal en ocasiones? ¿Se siente legitimada, como Napoleón, para causar los desastres de la guerra que invoca Goya (sobre el que ha escrito un libro) en nombre de la ilustración democrática que predica? El libro en el que lanza estas preguntas es Los enemigos íntimos de la democracia (Galaxia Gutenberg) y produce desasosiego. Todorov se muestra ahí como si estuviera descubriendo ángulos oscuros en un cuarto en el que advierte que el mejor juguete está roto. Y actúa como el niño del cuento El rey desnudo.
Pregunta. Dice que nuestro tiempo se caracteriza por el proceso de civilización, pero ilustra un estado de embrutecimiento. ¿Cuál era su estado de ánimo al escribir este libro?
Respuesta. Creo que mi estado de ánimo era diferente del que tuve al escribir mis libros anteriores sobre temática política. En esos otros libros mi postura siempre fue la de defender la democracia contra sus enemigos. Como provengo de una parte del mundo que se oponía a la democracia y yo consideraba eso el mal, desde que vivo en Francia siempre preferí la democracia. Sin embargo, ya llevo dos tercios de mi vida aquí y me he dado cuenta de que, con el tiempo, me he vuelto cada vez más crítico con la democracia. No porque esté en contra de sus principios, sino porque creo que esos principios están pervertidos y que no vivimos verdaderamente en una democracia. Por eso me sentí identificado con las palabras que gritaban los indignados en España: “¡Democracia real ya!”. Estuve en Santander, en los cursos de verano, y entonces hubo muchas manifestaciones y me chocó. Me di cuenta de lo diferente que era Europa cuando emigré y ahora. Antes lo que gritaba la gente joven era: “¡Revolución ya!”. Y años más tarde lo que piden es: “Democracia ya”. Esto es muy significativo. Quiere decir que la democracia ya no está presente. Es aún un ideal por el que se tiene que luchar.
P. Y eso marca su pensamiento.
R. Lo que sentí al escribir este libro era que tenía que azuzar a mis contemporáneos. A pesar de que no es un ataque a la democracia (ni soy comunista ni un terrorista islámico), sentía la necesidad de decirles que la democracia no cumple con sus promesas. Intenté demostrar que la democracia en la que vivimos hoy día es contraria al espíritu real de la democracia.
P. Usted dice que los indignados siguen buscando una fórmula. ¿Usted realmente cree que hay un remedio? ¿Cuál es la enfermedad?
R. Creo que hay muchas enfermedades, pero no hablo de todas. Como ciudadano individual soy más sensible a unas que a otras. Algunas ni siquiera tienen que ver con la vida diaria, sino con la situación geopolítica. Esto es lo que me enfurece más. España por lo menos es más moderada en sus posturas internacionales…, ¡pero Francia! Estamos viviendo un momento de la historia en que nos creemos que somos la encarnación perfecta de la democracia. Consideramos legítimo trasladarnos a otros países e imponer democracia a la fuerza. Goya, en Los desastres de la guerra, no solo ataca a los invasores franceses, sino que demuestra las consecuencias de la guerra. La guerra es más poderosa que las razones por las que se va a la guerra. Hoy casi todas las guerras que lidera Occidente se presentan como si fueran humanitarias. Sentimos que se debe llevar la democracia allí donde sentimos su falta.
P. Lo que hizo Napoleón.
R. Es para mí muy importante insistir en que esta actitud es la continuación del convencimiento francés de que, creyéndose la mejor civilización, podía invadir España, Alemania, Italia, Egipto… Y lo mismo sirve para los demás países europeos que han invadido África y Asia. Eso es lo que yo llamo mesianismo político. Es una perversión muy peligrosa de la democracia. Decimos que es en nombre de la democracia, pero resulta que al final acabamos creando situaciones como Abu Graib o Guantánamo, levantando fronteras aquí y allá. Esta es una de las mayores perversiones existentes en la geopolítica actual. Pero en mi libro menciono dos enfermedades importantes de la democracia. La otra es la dominación neoliberal que destruye el frágil equilibrio de los fundamentos de la democracia, que son la libertad individual y la preocupación por el bien común. En la última década se ha desarrollado una ideología nueva que rompe con eso. Pretendemos que el único rol del Estado es desmantelar todas las legislaciones que protegen a los trabajadores para darles lo que se les antoja a los reyes de la economía. El poder no tiene límite. Sin embargo, una de las fórmulas de la democracia la dio Montesquieu: ningún poder ilimitado puede ser legítimo.
P. Ahora el poder económico es el que importa.
R. Y si el poder político se pone a las órdenes del poder económico estamos perdidos. Nos estamos volviendo igual de radicales que el totalitarismo comunista, ese en el que todo está dominado por el interés colectivo y no queda nada para la iniciativa personal. Nuestro sistema es igual de radical, pero al revés. Está dominado por el interés personal y ninguna intervención del Estado trabaja en nombre del interés colectivo. Eso que llamamos el Estado de bienestar. Pero los gurús dicen que aquello es mejor para la economía. Como si las personas no importaran.
P. Ha pasado en Italia y en Grecia: el poder político está en manos de exbanqueros que no han sido elegidos democráticamente. ¿Cómo puede ocurrir esto en Europa?
R. Efectivamente, ¿cómo? Y esto nos lleva a hablar del tema de los remedios que hay que administrar a las enfermedades íntimas de la democracia. En Grecia, el Gobierno elegido democráticamente fue reemplazado por un banquero. Lo mismo ocurrió con Monti en Italia, que vino de trabajar para los grandes bancos de Nueva York. En España, aunque hemos asistido a un cambio de la izquierda a la derecha, el primer ministro ha obedecido enseguida las normas que le ha impuesto el FMI. Etcétera. De hecho, las economías europeas están “hiperpenetrándose” y el único cambio que puede venir es de la Unión Europea. Aunque esto será difícil porque hoy día la UE está dirigida por los Gobiernos más poderosos de la Unión y no por un parlamento elegido.
P. Europa ya no es la mejor idea.
R. A mi gran pesar, la Unión Europea no es una entidad democrática ni política. Hace falta una crisis aún mayor para que obliguemos a la Unión Europea a ser mejor. ¿Qué podemos hacer? Primero, debemos ganar la batalla de la opinión pública. Mi libro va encaminado hacia ello y espero que haya más aportaciones. Hay que concienciar a la gente de que hay que cambiar, que hay mejores formas de resistencia a los poderes del mercado. ¿Por qué creemos ciegamente en gente que solo piensa en sus intereses personales? ¿Por qué creemos que ellos tienen la mejor solución?
P. Parece que ahora, para encontrar soluciones, es preferible ir a los mercados que al Parlamento.
R. Pero si pensamos eso, estamos fuera de la democracia. El poder político controla los demás. Hay que dar poder a las personas. Ese es el significado de la democracia. En lugar de que el poder esté en manos de la comunidad, y a favor de ella, es la tiranía de unos cuantos. Mire lo que ocurrió en Estados Unidos, donde el presidente no pudo imponer ni una reforma sanitaria porque las aseguradoras se organizaron y crearon tal resistencia que pudieron acabar con la iniciativa. Ya no existe la regla básica de la democracia, que ningún poder absoluto debe ser legítimo. Pero las corporaciones tienen el poder absoluto. Pueden comprarle la elección a un senador. Y esto es muy peligroso porque se convierte en plutocracia.
P. En sus reflexiones sobre las guerras que impone Occidente, usted se detiene en la aberración de la tortura, presentada por Estados Unidos, por ejemplo, como una posibilidad de atajar el mal.
R. Es increíble. La tortura es algo tan vergonzoso, pero es aún peor si se convierte en la política oficial de una democracia. Es una contradicción y es inaceptable. Los franceses torturaron a sus enemigos en la guerra de Argelia. El Gobierno argentino torturó a sus enemigos. Pero nunca lo aceptaron públicamente.
P. Usted reproduce las indicaciones oficiales para que la tortura fuera más eficaz. En Abu Graib, por ejemplo, para imponer la democracia. El mal que surge del bien, dice usted.
R. La palabra libertad es tan atractiva que todo el mundo la utiliza. Los tiranos, cuando suben al poder, dicen que a partir de entonces la población será libre. Sin embargo, yo, que me crie en un régimen que explícitamente limitaba la libertad individual, me impresionaba que los partidos de la más extrema derecha europea usaran la palabra libertad en los títulos de sus discursos. Al poner esa palabra ahí se sentían con el derecho a pasar de las leyes y sus limitaciones. Pasaban del respeto a la vida y atacaban a sus enemigos de la manera más viciosa que existe. Lo mismo ocurre hoy con el liberalismo. Es una ideología que pretende que no haya más valor que la libertad individual, y no creo que eso sea verdad. Me gusta citar a un cura francés del siglo XIX (Henri Lacordaire) que dijo que tanto los ricos como los pobres, los poderosos y los que no tienen poder, son protegidos por la ley, pero la libertad los aprisiona. Creo que él logra condensar esta verdad en una sola frase. No es la libertad la que libera, sino la ley.
P. ¿Usted se siente solo o casi solo en esta apreciación de las amenazas que tiene la democracia en su propio seno?
R. No. Eso sería demasiado pretencioso por mi parte. Las guerras humanitarias o preventivas y sus componentes antidemocráticos han sido discutidas por una minoría de escritores, y existen libros que denuncian “el imperialismo humanitario”. El neoliberalismo y sus efectos también tiene muchos enemigos. Y el populismo también. Lo que he intentado hacer es dar una imagen global de esas amenazas de las que la democracia debe defenderse. Creo que el rol de los intelectuales no es seguir la corriente, sino perseguir la libertad, preguntarse por ella, y transmitir los resultados de su pesquisa. Y no tener miedo.

Cultura y libertad | José Álvarez Junco

Entre 1808 y 1814, en los seis años que rodearon la fecha cuyo bicentenario se cumple ahora, se acumuló una secuencia vertiginosa de acontecimientos: un “motín”, preparado por los “fernandinos” -partidarios del príncipe heredero al trono y enemigos del valido Godoy-, que obligó a abdicar al monarca en ejercicio y fue el primero de una larga serie de golpes de Estado; una sustitución de la familia reinante por otra -los Borbón por los Bonaparte-, francesas de origen ambas; un levantamiento que inició una guerra que afectaría a la totalidad del territorio y de la población peninsular y que en parte fue una guerra civil y en parte internacional -enfrentamiento entre Francia e Inglaterra, las dos grandes potencias del momento-; un vacío de poder, en la zona insurgente, por ausencia de la familia real al completo, que hubo que llenar con distintas fórmulas, hasta culminar en una convocatoria de Cortes; una Constitución, elaborada por aquellas Cortes, que, sumada a la decretada en Bayona por Bonaparte, inauguraba otra larga lista de textos constitucionales; una serie de medidas revolucionarias, emanadas igualmente de aquella asamblea, tendentes a destruir o modificar radicalmente las estructuras del Antiguo Régimen, asentadas en el país desde hacía siglos; un estallido del imperio americano, que acabaría generando una veintena de nuevas naciones independientes en América y que relegaría a la monarquía española a un papel prácticamente irrelevante en el escenario europeo; y el nacimiento de toda una nueva cultura política, a la que con mucha generosidad se llamó “liberal”, que marcaría como mínimo todo el siglo siguiente.
El conjunto reviste una enorme complejidad. Pero ha sido simplificado y elevado a mito fundacional, por considerarlo el origen de la nación moderna; y se ha presentado como un unánime levantamiento popular contra un intento de dominación extranjera; como una guerra de “españoles” contra “franceses”, con una victoria de los heroicos aunque desarmados descendientes de saguntinos y numantinos contra el mejor ejército del mundo, invicto hasta aquel momento; como un intento simultáneo de liberación, gracias a los diputados gaditanos, frente a toda tiranía interna o externa; o como una sana defensa de la religión, el rey y las tradiciones, traicionada por las élites permeadas por secretas sectas satánicas… Como buen relato mítico, se ha cargado de héroes, mártires, villanos, hazañas y momentos sacrosantos que encarnan los valores que sirvieron y todavía hoy deberían seguir sirviendo de fundamento a nuestra sociedad. Todo un montaje sencillo, pero no fácil de cuestionar, ni aun casi de reflexionar críticamente sobre él, sin correr serios riesgos de ser acusado de antipatriota.

Pero las investigaciones recientes arrojan muchas dudas sobre este relato canónico. El apoyo popular a la causa antifrancesa fue, desde luego, generalizado. Pero no es claro que dominara entre los sublevados la motivación patriótica, sino la reacción contra los abusos y exacciones de las tropas francesas, sumada a la galofobia o la propaganda contrarrevolucionaria de signo monárquico o religioso; y son abrumadores los datos referidos a enfrentamientos y problemas internos -muy documentados por Ronald Fraser-, por ejemplo por el reparto de levas o de los impuestos extraordinarios de guerra.
Que la religión y el trono fueran más importantes que la “nación” no quiere decir que no surgiera en esos años la formulación moderna del sujeto de la soberanía. Por el contrario, fue la pieza clave de la retórica liberal; y los liberales dominaron, a la postre, las Cortes gaditanas. Pero es difícil que ese discurso, elaborado en una ciudad sitiada y mal conectada con las demás zonas en que se combatía a los josefinos, fuera el resorte movilizador en el resto del país. Por el contrario, es razonable suponer que los argumentos tradicionales sobre el origen divino del poder dominaran sobre la defensa de la soberanía nacional, su justificación revolucionaria. Incluso entre los llamados “liberales”, muy interesantes estudios recientes, como los de R. Breña o J. M. Portillo, subrayan la pervivencia de una herencia iusnaturalista procedente del escolasticismo que anclaba sus teorías en una visión colectivista y orgánica de la sociedad muy alejada del individualismo liberal. En el llamativo fenómeno del “clero liberal”, decisivo en las votaciones gaditanas, parece detectarse más jansenismo -un proyecto de creación de una iglesia regalista, ahora nacional- que liberalismo.
Sobre la guerra en sí y su resultado final, los historiadores tienden a dar una relevancia creciente a los factores internacionales. Lo cual quiere decir prestar atención a los movimientos del ejército de Wellington, por un lado, y atender también al resto de las campañas napoleónicas, que obligaron al emperador a retirar de la Península una gran cantidad de tropas en 1811-1812 para llevarlas al matadero ruso. No por casualidad fue entonces cuando Wellington decidió por fin abandonar su refugio en los alrededores de Lisboa e inició así el giro de la guerra hacia su desenlace final. Las guerrillas, en cambio, tienden ahora a verse como grupos de desertores o soldados derrotados en batallas previas que sobrevivieron a costa de los habitantes de las zonas vecinas, a los que sometían a exigencias similares a las de los ejércitos profesionales del momento, cuando no a las del bandolerismo clásico. Y no desempeñaron, desde luego, ningún papel de importancia en la fase final, y decisiva, de la guerra.
Aquella secuencia de hechos inició toda una nueva cultura política. Uno de sus aspectos consistió, sin duda, en la creación de una imagen colectiva de los españoles como luchadores en defensa de la identidad propia frente a invasores extranjeros, lo que reforzaba una vieja tradición que articulaba toda la historia española alrededor de las sucesivas resistencias contra invasiones extranjeras, evocada por nombres tales como Numancia, Sagunto o la casi milenaria “Reconquista” contra los musulmanes. Según esta interpretación, la nueva guerra había dejado sentada la existencia de una identidad española antiquísima, estable, fuerte, con arraigo popular, lo cual parece positivo desde el punto de vista de la construcción nacional. ¿Qué más se podía pedir que una guerra de liberación nacional, unánime, victoriosa pese a enfrentarse con el mejor ejército del mundo, que además confirmaba una forma de ser ya atestiguada por crónicas milenarias? Pero el ingrediente populista del cuadro encerraba consecuencias graves. Era el pueblo el que se había sublevado, abandonado por sus élites dirigentes. Lo que importaba era el alma del pueblo, el instinto del pueblo, la fuerza y la furia populares, frente a la racionalidad, frente a las normas y las instituciones. Como escribió Antonio de Capmany, la guerra había demostrado la “bravura” o “verdadera sabiduría” de los ignorantes frente a la “debilidad” de los filósofos. Se asentó así un populismo romántico, que no hubieran compartido los ilustrados (para quienes el pueblo debía ser educado, antes de permitirle participar en la toma de decisiones), que no existió en otros liberalismos moderados (y oligárquicos), como el británico, de larga vida en la retórica política contemporánea, no sólo española sino también latinoamericana.
A cambio de esa idealización de lo popular, el Estado, desmantelado de hecho en aquella guerra, se vio además desacreditado por la leyenda. Los expertos funcionarios de Carlos III y Carlos IV, muchos de ellos josefinos, desaparecieron de la escena sin que nadie derramara una lágrima por ellos. El Estado se hundió y hubo de ser renovado desde los cimientos, como volvería a ocurrir con tantas otras crisis políticas del XIX y del XX (hasta 1931 y 1939; afortunadamente, no en 1976). A cambio de carecer de normas y de estructura político-burocrática capaz de hacerlas cumplir, surgió un fenómeno nuevo, que difícilmente puede interpretarse en términos positivos: la tradición insurreccional. Ante una situación política que un sector de la población no reconociera como legítima, antes de 1808 no se sabía bien cómo responder, pero sí a partir de esa fecha: había que echarse al monte. Nació así la tradición juntista y guerrillera, mantenida viva a lo largo de los repetidos levantamientos y guerras civiles del XIX. Una tradición que se sumó, además, a un último aspecto del conflicto que no se puede negar ni ocultar: su extremada inhumanidad. Los guerrilleros no reconocían las “leyes de la guerra” que los militares profesionales, en principio, respetaban. Ejecutaban, por ejemplo, a todos sus prisioneros. O mataban en la plaza pública, como represalia, a unos cuantos vecinos seleccionados al azar de todo pueblo que hubiera acogido a las tropas enemigas. O se fijaban como objetivo bélico los hospitales franceses, en los que entraban y cortaban el cuello a los infelices heridos o enfermos del ejército imperial que recibían cuidados en ellos. Los enemigos eran agentes de Satanás y no tenían derechos. Fue una guerra de exterminio, que inició una tradición continuada hasta 1936-1939.
Lo más positivo de aquella situación fue el esfuerzo, verdaderamente inesperado y extraordinario, de un grupo de intelectuales y funcionarios para, a la vez que rechazaban someterse a un príncipe francés, adoptar lo mejor del programa revolucionario francés: en Cádiz se aprobó en 1812 una Constitución que estableció la soberanía popular, la división de poderes o la libertad de prensa. Fue el primer esfuerzo en este sentido en la historia contemporánea de España. Un esfuerzo fallido, por prematuro, ingenuo, radical y mal adaptado a una sociedad que no estaba preparada para entenderlo. Costó mucho, hasta 1978, verlo plasmado en una forma de convivencia política democrática y estable. Ahora, que celebramos el bicentenario de aquella Constitución, es el momento de conmemorar aquel primer intento de establecer la libertad en España, en lugar de dedicarnos a exaltar la nación. Entonces era el momento de hacerlo, ya que se inauguraba una era dominada por los Estados nacionales. Pero ahora, doscientos años después, estamos ya en el momento posnacional.

El significado de la libertad | Maurizio Viroli

Para comprender el significado de Liberty before Liberalism es necesario partir del clásico ensayo «Dos conceptos de libertad», publicado en 1958. Allí, Isaiah Berlin explicó que la libertad política puede interpretarse bien como libertad negativa –esto es, como ausencia de interferencia–, bien como libertad positiva –es decir, como autogobierno en general y como poder de participar directamente en el poder soberano en particular–. Explicó también, siguiendo las ideas que Benjamin Constant había desarrollado en el ensayo «La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos», que la auténtica libertad política de los modernos es la libertad negativa, que se traduce en el principio de que toda persona posee el derecho de disfrutar de una esfera de libertades fundamentales que ningún individuo, y tampoco el Estado, puede violar. El ideal de la libertad positiva, advertía Berlin, cuando no se concibe como un medio para reforzar la libertad negativa, sino como un fin en sí mismo, ha desembocado en las más perversas formas de totalitarismo.
En contraste evidente, e intencionado, con las ideas de Isaiah Berlin, que han tenido y tienen aún una enorme influencia en la cultura política anglosajona (y no sólo en ésta), Skinner sostiene por su parte que existe una concepción moderna de la libertad política que no se identifica, de hecho, con la libertad positiva y que se difunde antes (y con mayor validez) que la idea de la libertad entendida como ausencia de impedimento. Mientras los teóricos del liberalismo clásico mantienen que la fuerza –o la amenaza de la fuerza– constituye la única forma de constricción que interfiere con la libertad de los individuos, explica Skinner, los teóricos ingleses de los siglos XVII y XVIII (a los que denomina neorromanos, por cuanto derivaban sus ideas de fuentes romanas, sin ser todos republicanos en sentido estricto) subrayan que depender de la voluntad arbitraria, aun sin darse ninguna interferencia, constituye una restricción de la libertad del individuo.

Para los teóricos políticos que analiza Skinner en su ensayo (en concreto, James Harrington, John Milton, Algernon Sidney), el individuo que vive en situación de dependencia ––esto es, que depende de la voluntad arbitraria de otro u otros individuos– sufre una constricción que le impide el ejercicio de sus derechos civiles. Así pues, la falta de libertad puede venir causada «tanto por la interferencia como por la dependencia». Esto significa, subraya Skinner, que tanto los liberales como los neorromanos y los republicanos identifican la libertad política con la ausencia de coerción o de interferencia, pero los neorromanos, a diferencia de los liberales, consideran la dependencia de la voluntad arbitraria de otros hombres como una forma grave de constricción de la voluntad. Bien que le pese a Berlin, existen, por tanto, dos ideas de la libertad negativa: una entiende la libertad como ausencia de interferencia, y la otra como ausencia de interferencia y de dependencia (1).

Para captar la importancia del ensayo de Skinner resulta, sin embargo, indispensable tener presente no sólo el contexto intelectual del liberalismo anglosajón, sino también el contexto de los estudios sobre el republicanismo. A diferencia de otros estudiosos que han abordado el republicanismo como doctrina de la virtud política (por ejemplo, John G. A. Pocock), Skinner siempre ha interpretado el republicanismo como teoría de la libertad. En sus escritos de comienzos de los años ochenta, Skinner sostenía que los escritores políticos republicanos y los teóricos liberales coinciden en el principio de que ser libres significa no sufrir interferencias o constricciones, pero discrepan en relación con las condiciones políticas que aseguran la libertad: mientras que los liberales sostienen que una monarquía constitucional puede proteger adecuadamente la libertad de los súbditos, los republicanos insisten en que sólo una república protege la libertad.

En Liberty before Liberalism, Skinner, por su parte, explica –y se trata de una revisión significativa– que la divergencia fundamental estriba precisamente en el significado de la libertad. Los escritores políticos neorromanos, escribe, refutan «la posición central del liberalismo clásico, según la cual la fuerza, o la amenaza de la fuerza, constituye la única forma de constricción que interfiere con la libertad de los individuos». Ellos mantienen, por el contrario, que «vivir en una situación de dependencia constituye per se una forma de constricción». Skinner ha modificado sus ideas, como él mismo admite, también como consecuencia de los estudios de Philip Pettit, especialmente Republicanism. A Theory of Freedom and Government. En este trabajo, Pettit ha puesto de manifiesto que existe una diferencia importante entre sufrir una constricción y estar en una situación de dependencia. Lo primero significa que alguien nos constriñe a hacer algo que no queremos hacer, o nos impide hacer alguna cosa que querríamos hacer y tenemos la posibilidad de hacer; ser dependientes quiere decir vivir en una condición en la que alguien puede, si quiere, constreñirnos a hacer algo que no queremos hacer, o puede impedirnos hacer lo que querríamos hacer y tenemos la capacidad de hacer. 

Un ejemplo clásico de persona que vive en una situación de dependencia –que Skinner retoma y desarrolla– es el del esclavo o el siervo: incluso en el caso de que su amo sea bondadoso y, por tanto, no les oprima, pueden en cualquier momento ser oprimidos porque dependen de la voluntad arbitraria del amo. Así, el esclavo y el siervo no son libres, incluso cuando no son oprimidos o no sufren constricción. La libertad republicana, explica Pettit, constituye entonces, al igual que la libertad liberal, una libertad negativa. Aquélla se diferencia, sin embargo, de la libertad liberal, ya que afirma que ser libres no significa únicamente no estar constreñidos, sino también no ser dependientes de la voluntad abitraria de otros individuos.

El lector interesado en conocer el desarrollo del debate entre los estudiosos del republicanismo puede leer en su totalidad el «Postscript» de la segunda edición de Republicanism, en el que Pettit rebate que la ausencia de libertad consiste únicamente en la dependencia. La interferencia y los vínculos, incluidos la interferencia y los vínculos impuestos por leyes no arbitrarias, deben ser considerados únicamente como «secondary offense against freedom». Pettit, en otras palabras, coincide con Skinner en que la libertad republicana comprende tanto la ausencia de dominación como la ausencia de interferencia, pero mantiene que la interferencia (incluida la interferencia de leyes no arbitrarias) es una restricción de la libertad menos significativa que la dominación. Desde mi punto de vista, Skinner tiene razón al subrayar que para los escritores políticos neorromanos la dependencia de la voluntad arbitraria de un hombre, o de algunos hombres, constituye una forma de restricción grave de la voluntad del individuo y, como tal, una violación de la libertad. Esta interpretación de la libertad política constituye el principio fundamental de la crítica a la monarquía. Si el monarca posee poderes discrecionales que escapan al control de las leyes y del Parlamento, puede imponer su voluntad arbitraria a los súbditos, de ahí que éstos no sean libres. Por lo demás, del análisis de Skinner surge un aspecto de la concepción de la libertad política –que había permanecido en penumbra en los estudios anteriores a Liberty before Liberalism– que nos permite comprender, en cambio, la razón fundamental de la aversión de los teóricos republicanos en relación con el tema de la dependencia. Lo que hace de la dependencia algo inaceptable es el hecho de que la dependencia genera temor ante las personas que poseen poderes arbitrarios. El temor, a su vez, produce una falta de ánimo y coraje que alimenta actitudes serviles, empuja a bajar la vista, a guardar silencio o a hablar para adular a los poderosos. La situación de dependencia genera, pues, un talante ético del todo incompatible con la mentalidad del ciudadano, y por esta razón aquélla debe combatirse como el enemigo más peligroso de la libertad. Quien lleva realmente en el corazón la libertad política –así podríamos resumir el argumento republicano que presenta Skinner– debe combatir tanto la interferencia y la constricción como la dependencia. Con todo, es importante subrayar que el republicanismo, a diferencia del liberalismo clásico, no considera la constricción en cuanto tal, y en concreto aquella constricción impuesta por leyes no arbitrarias, como una violación de la libertad.

El republicanismo ha sido siempre hostil tanto con la opresión y la dependencia como con la licencia, entendida como la libertad que no es atemperada por las leyes. Los escritores republicanos romanos y sus discípulos, incluidos los que estudia Skinner, no han sostenido jamás que la verdadera libertad política consista en la ausencia de interferencia, puesto que tenían la restricción o interferencia que el derecho impone sobre las elecciones de los individuos por una limitación esencial propia de la libertad republicana. Consideraban realmente la ley como un mandato público y universal, válido igualmente para todos los ciudadanos, o para todos los miembros del grupo relevante. Esto significa que si se respeta escrupulosamente el gobierno de la ley, ningún individuo puede imponer su voluntad arbitraria a otros individuos en virtud del hecho de que nadie puede realizar impunemente actos que están prohibidos para otros so pena de sanción. Si, por el contrario, son los hombres, y no la ley, quienes gobiernan, algunos individuos pueden imponer su voluntad arbitraria a otros, oprimirlos e impedirles perseguir los fines que desearían perseguir, privándolos así de la libertad (y esto resulta válido también en el caso de que sea una mayoría de los hombres la que gobierne, esto es, una democracia).

Maquiavelo, por poner un único ejemplo, identifica la libertad de los ciudadanos con las restricciones que el derecho impone por igual a todos los ciudadanos. Si en una ciudad hay un ciudadano al que temen los magistrados, y que puede por tanto romper los vínculos de las leyes, escribe, la ciudad no es libre. En las Istorie fiorentine sostiene que «se puede llamar libre» sólo a aquella ciudad en la que las leyes y los preceptos constitucionales restrinjan de un modo eficaz los «cattive umori», los humores malignos de la nobleza y del pueblo. Y entiende por libertad civil la ausencia de dominación o de dependencia: «Y sin duda, si se considera el objetivo de nobles y plebeyos, se verá en aquéllos el deseo grande de gobernar, y en éstos el solo deseo de no ser dominados; y, por consiguiente, una mayor voluntad de vivir libres» (2).

El argumento de que el gobierno de la ley es la condición necesaria para que los ciudadanos no se vean sometidos a la voluntad arbitraria de algunos individuos (o de un solo individuo) y puedan por tanto vivir libres, es un principio fundamental del republicanismo, como puede verse bien en la crítica que James Harrington hace a Hobbes, que había escrito que no era en absoluto cierto que los ciudadanos de una república como Lucca fueran más libres que los súbditos de un soberano absoluto como el sultán de Constantinopla (3). Según Harrington, lo que convierte a los ciudadanos de Lucca en individuos más libres que los súbditos del sultán de Constantinopla es el hecho de que en Lucca tanto los ciudadanos como los gobernantes se encuentran sometidos a las leyes civiles y constitucionales, mientras que en Constantinopla el sultán está por encima de la ley y puede disponer abitrariamente de la vida y los bienes de los súbditos, obligándolos así a vivir en una situación de total dependencia y, por tanto, de ausencia de libertad. Los ciudadanos de Lucca, explica Harrington, son libres «por las leyes de Lucca», porque se hallan controlados sólo por las leyes, y porque las leyes «son formuladas por todos con el único fin de proteger la libertad de cada individuo privado, lo cual acaba convirtiéndose en la libertad de la comunidad» (4).

Skinner es un historiador, como él mismo nos recuerda al final del volumen; pero de sus estudios podemos sacar importantes lecciones políticas para nuestro tiempo. La moral política que puede obtenerse de Liberty before Liberalism es que el republicanismo constituye, con respecto al liberalismo, una teoría de la libertad más coherente. El republicano sostiene que para afirmar, en la realidad, la libertad política es necesario oponerse tanto a la interferencia y a la constricción en cuanto tales, como a la dependencia, habida cuenta de que la situación de dependencia supone una constricción de la voluntad y, por tanto, una violación de la libertad. Esto significa que quien ama la verdadera libertad del individuo no puede dejar de ser liberal, si bien no puede limitarse a ser liberal. Debe estar dispuesto a respaldar también programas políticos que tengan por objetivo reducir los poderes arbitrarios que imponen vivir a un gran número de hombres y mujeres en una situación de dependencia.

El republicanismo clásico, y este es un punto que Skinner subraya muy bien en Liberty before Liberalism, para desempeñar un papel significativo en las discusiones contemporáneas debe presentarse como crítica de la dependencia y de la dominación, no como una crítica de los vínculos y de las limitaciones a la libertad de elección, y debe diferenciarse claramente tanto de la intolerancia liberal en relación con los vínculos como de la insensibilidad autoritaria ante fenómenos de dominación.

Las sociedades democráticas tienen necesidad de un lenguaje político y moral que pueda ilustrar de manera persuasiva la significación y el valor de una vida civil digna. El republicanismo posee, desde este punto de vista, credenciales autorizadas, siempre y cuando permanezca fiel a la aversión que alimentaron sus maestros por la tiranía y por los abusos. Aunque, en comparación con la libertad liberal, la concepción republicana de la libertad política que resalta Skinner es más comprensiva, es posible que las medidas legislativas promovidas con el fin de emancipar de la dependencia a algunos ciudadanos impongan a otros en la práctica restricciones en su libertad de actuación. Reparemos en algunos de los ejemplos que Pettit sugiere al comienzo de su libro: una mujer que puede ser maltratada por su marido sin poder resistirse ni obtener reparación; un trabajador vulnerable ante toda clase de abusos, pequeños y graves, por parte del empresario o de un superior; los ancianos, los enfermos, las personas solas que dependen de la caridad. Para liberar a las mujeres de la dependencia es necesario aprobar leyes que les garanticen unas condiciones de igualdad en el seno de la familia, y limiten el poder arbitrario de los maridos; para proteger a los trabajadores dependientes es necesario introducir leyes que tutelen su dignidad física y moral, y limiten el poder arbitrario de los empresarios; para emancipar de la caridad a los necesitados hace falta introducir impuestos que aseguren los derechos sociales adecuados.

En todos estos casos, reducir la dominación que sufren algunos ciudadanos comporta aumentar las restricciones de la libertad (negativa) de otros; o, mejor, imponer vínculos a individuos que eran libres para actuar a su arbitrio. Hay veces que no resulta posible reducir la dependencia sin imponer los vínculos de la ley. Quien se remita a la tradición republicana debe elegir las políticas que atenúan la dominación, y no aquellas que tratan de atenuar los deberes civiles en nombre del deseo de quedar libres de impedimentos. Esto no significa realmente que los republicanos no deban apreciar la libertad en tanto que ausencia de interferencia o ausencia de vínculos; y no significa en ningún caso que deban considerar esta libertad como una libertad de menor valor o dignidad respecto a la libertad entendida como ausencia de dependencia. Significa, simplemente, que si para algunos la libertad como ausencia de dominación se contrapone a la libertad como ausencia de restricción o de interferencia de otros, los republicanos deben situar la ausencia de dominación por encima de la ausencia de interferencia, puesto que esta elección se halla más en consonancia con el ideal de la república entendida como una comunidad de individuos en la que nadie está obligado a servir y donde a ninguno se le consiente dominar.

Del análisis de Skinner puede derivarse, por tanto, una segunda moral política: que el proyecto republicano de una sociedad emancipada de la dependencia podría ser un proyecto atractivo también para los liberales, a condición de que éstos no restrinjan su propia filosofía social dentro de los límites del liberalismo.

Notas:
1. Vid. Quentin Skinner, «Machiavelli and the Maintenance of Liberty», Politics 18, 1983, págs. 3-15; «The Idea of Negative Liberty: Philosophical and Historical Perspectives», en Philosophy and History, ed. R. Rorty, J. B. Schneewind y Q. Skinner, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, págs. 193221 (existe traducción castellana); «The Paradoxes of Political Liberty», en The Tanner Lectures on Human Values, vol. VII, ed. S. M. McMurrin, Cambridge, 1986, págs. 225250. Como contrapunto, véase lo que escribe Berlin citando a Bentham: «Bentham, almost alone, doggedly went on repeating that the business of laws was not to liberate but to restrain: `Every law is an infraction of liberty’ even if such `infraction’ leads to an increase to the sum of liberty»: «Two concepts of liberty», en Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1969, pág. 148 (existe traducción castellana).
2. Istorie Fiorentine, IV, Proemio; Discorsi, I.5.
3. Leviathan, XXI.
4. James Harrington, The Commonwealth of Oceana and A System of Politics, ed. J. G. A. Pocock, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pág. 20. 

El significado de la libertad | Maurizio Viroli

Para comprender el significado de Liberty before Liberalism es necesario partir del clásico ensayo «Dos conceptos de libertad», publicado en 1958. Allí, Isaiah Berlin explicó que la libertad política puede interpretarse bien como libertad negativa –esto es, como ausencia de interferencia–, bien como libertad positiva –es decir, como autogobierno en general y como poder de participar directamente en el poder soberano en particular–. Explicó también, siguiendo las ideas que Benjamin Constant había desarrollado en el ensayo «La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos», que la auténtica libertad política de los modernos es la libertad negativa, que se traduce en el principio de que toda persona posee el derecho de disfrutar de una esfera de libertades fundamentales que ningún individuo, y tampoco el Estado, puede violar. El ideal de la libertad positiva, advertía Berlin, cuando no se concibe como un medio para reforzar la libertad negativa, sino como un fin en sí mismo, ha desembocado en las más perversas formas de totalitarismo.
En contraste evidente, e intencionado, con las ideas de Isaiah Berlin, que han tenido y tienen aún una enorme influencia en la cultura política anglosajona (y no sólo en ésta), Skinner sostiene por su parte que existe una concepción moderna de la libertad política que no se identifica, de hecho, con la libertad positiva y que se difunde antes (y con mayor validez) que la idea de la libertad entendida como ausencia de impedimento. Mientras los teóricos del liberalismo clásico mantienen que la fuerza –o la amenaza de la fuerza– constituye la única forma de constricción que interfiere con la libertad de los individuos, explica Skinner, los teóricos ingleses de los siglos XVII y XVIII (a los que denomina neorromanos, por cuanto derivaban sus ideas de fuentes romanas, sin ser todos republicanos en sentido estricto) subrayan que depender de la voluntad arbitraria, aun sin darse ninguna interferencia, constituye una restricción de la libertad del individuo.

Para los teóricos políticos que analiza Skinner en su ensayo (en concreto, James Harrington, John Milton, Algernon Sidney), el individuo que vive en situación de dependencia ––esto es, que depende de la voluntad arbitraria de otro u otros individuos– sufre una constricción que le impide el ejercicio de sus derechos civiles. Así pues, la falta de libertad puede venir causada «tanto por la interferencia como por la dependencia». Esto significa, subraya Skinner, que tanto los liberales como los neorromanos y los republicanos identifican la libertad política con la ausencia de coerción o de interferencia, pero los neorromanos, a diferencia de los liberales, consideran la dependencia de la voluntad arbitraria de otros hombres como una forma grave de constricción de la voluntad. Bien que le pese a Berlin, existen, por tanto, dos ideas de la libertad negativa: una entiende la libertad como ausencia de interferencia, y la otra como ausencia de interferencia y de dependencia (1).

Para captar la importancia del ensayo de Skinner resulta, sin embargo, indispensable tener presente no sólo el contexto intelectual del liberalismo anglosajón, sino también el contexto de los estudios sobre el republicanismo. A diferencia de otros estudiosos que han abordado el republicanismo como doctrina de la virtud política (por ejemplo, John G. A. Pocock), Skinner siempre ha interpretado el republicanismo como teoría de la libertad. En sus escritos de comienzos de los años ochenta, Skinner sostenía que los escritores políticos republicanos y los teóricos liberales coinciden en el principio de que ser libres significa no sufrir interferencias o constricciones, pero discrepan en relación con las condiciones políticas que aseguran la libertad: mientras que los liberales sostienen que una monarquía constitucional puede proteger adecuadamente la libertad de los súbditos, los republicanos insisten en que sólo una república protege la libertad.

En Liberty before Liberalism, Skinner, por su parte, explica –y se trata de una revisión significativa– que la divergencia fundamental estriba precisamente en el significado de la libertad. Los escritores políticos neorromanos, escribe, refutan «la posición central del liberalismo clásico, según la cual la fuerza, o la amenaza de la fuerza, constituye la única forma de constricción que interfiere con la libertad de los individuos». Ellos mantienen, por el contrario, que «vivir en una situación de dependencia constituye per se una forma de constricción». Skinner ha modificado sus ideas, como él mismo admite, también como consecuencia de los estudios de Philip Pettit, especialmente Republicanism. A Theory of Freedom and Government. En este trabajo, Pettit ha puesto de manifiesto que existe una diferencia importante entre sufrir una constricción y estar en una situación de dependencia. Lo primero significa que alguien nos constriñe a hacer algo que no queremos hacer, o nos impide hacer alguna cosa que querríamos hacer y tenemos la posibilidad de hacer; ser dependientes quiere decir vivir en una condición en la que alguien puede, si quiere, constreñirnos a hacer algo que no queremos hacer, o puede impedirnos hacer lo que querríamos hacer y tenemos la capacidad de hacer. 

Un ejemplo clásico de persona que vive en una situación de dependencia –que Skinner retoma y desarrolla– es el del esclavo o el siervo: incluso en el caso de que su amo sea bondadoso y, por tanto, no les oprima, pueden en cualquier momento ser oprimidos porque dependen de la voluntad arbitraria del amo. Así, el esclavo y el siervo no son libres, incluso cuando no son oprimidos o no sufren constricción. La libertad republicana, explica Pettit, constituye entonces, al igual que la libertad liberal, una libertad negativa. Aquélla se diferencia, sin embargo, de la libertad liberal, ya que afirma que ser libres no significa únicamente no estar constreñidos, sino también no ser dependientes de la voluntad abitraria de otros individuos.

El lector interesado en conocer el desarrollo del debate entre los estudiosos del republicanismo puede leer en su totalidad el «Postscript» de la segunda edición de Republicanism, en el que Pettit rebate que la ausencia de libertad consiste únicamente en la dependencia. La interferencia y los vínculos, incluidos la interferencia y los vínculos impuestos por leyes no arbitrarias, deben ser considerados únicamente como «secondary offense against freedom». Pettit, en otras palabras, coincide con Skinner en que la libertad republicana comprende tanto la ausencia de dominación como la ausencia de interferencia, pero mantiene que la interferencia (incluida la interferencia de leyes no arbitrarias) es una restricción de la libertad menos significativa que la dominación. Desde mi punto de vista, Skinner tiene razón al subrayar que para los escritores políticos neorromanos la dependencia de la voluntad arbitraria de un hombre, o de algunos hombres, constituye una forma de restricción grave de la voluntad del individuo y, como tal, una violación de la libertad. Esta interpretación de la libertad política constituye el principio fundamental de la crítica a la monarquía. Si el monarca posee poderes discrecionales que escapan al control de las leyes y del Parlamento, puede imponer su voluntad arbitraria a los súbditos, de ahí que éstos no sean libres. Por lo demás, del análisis de Skinner surge un aspecto de la concepción de la libertad política –que había permanecido en penumbra en los estudios anteriores a Liberty before Liberalism– que nos permite comprender, en cambio, la razón fundamental de la aversión de los teóricos republicanos en relación con el tema de la dependencia. Lo que hace de la dependencia algo inaceptable es el hecho de que la dependencia genera temor ante las personas que poseen poderes arbitrarios. El temor, a su vez, produce una falta de ánimo y coraje que alimenta actitudes serviles, empuja a bajar la vista, a guardar silencio o a hablar para adular a los poderosos. La situación de dependencia genera, pues, un talante ético del todo incompatible con la mentalidad del ciudadano, y por esta razón aquélla debe combatirse como el enemigo más peligroso de la libertad. Quien lleva realmente en el corazón la libertad política –así podríamos resumir el argumento republicano que presenta Skinner– debe combatir tanto la interferencia y la constricción como la dependencia. Con todo, es importante subrayar que el republicanismo, a diferencia del liberalismo clásico, no considera la constricción en cuanto tal, y en concreto aquella constricción impuesta por leyes no arbitrarias, como una violación de la libertad.

El republicanismo ha sido siempre hostil tanto con la opresión y la dependencia como con la licencia, entendida como la libertad que no es atemperada por las leyes. Los escritores republicanos romanos y sus discípulos, incluidos los que estudia Skinner, no han sostenido jamás que la verdadera libertad política consista en la ausencia de interferencia, puesto que tenían la restricción o interferencia que el derecho impone sobre las elecciones de los individuos por una limitación esencial propia de la libertad republicana. Consideraban realmente la ley como un mandato público y universal, válido igualmente para todos los ciudadanos, o para todos los miembros del grupo relevante. Esto significa que si se respeta escrupulosamente el gobierno de la ley, ningún individuo puede imponer su voluntad arbitraria a otros individuos en virtud del hecho de que nadie puede realizar impunemente actos que están prohibidos para otros so pena de sanción. Si, por el contrario, son los hombres, y no la ley, quienes gobiernan, algunos individuos pueden imponer su voluntad arbitraria a otros, oprimirlos e impedirles perseguir los fines que desearían perseguir, privándolos así de la libertad (y esto resulta válido también en el caso de que sea una mayoría de los hombres la que gobierne, esto es, una democracia).

Maquiavelo, por poner un único ejemplo, identifica la libertad de los ciudadanos con las restricciones que el derecho impone por igual a todos los ciudadanos. Si en una ciudad hay un ciudadano al que temen los magistrados, y que puede por tanto romper los vínculos de las leyes, escribe, la ciudad no es libre. En las Istorie fiorentine sostiene que «se puede llamar libre» sólo a aquella ciudad en la que las leyes y los preceptos constitucionales restrinjan de un modo eficaz los «cattive umori», los humores malignos de la nobleza y del pueblo. Y entiende por libertad civil la ausencia de dominación o de dependencia: «Y sin duda, si se considera el objetivo de nobles y plebeyos, se verá en aquéllos el deseo grande de gobernar, y en éstos el solo deseo de no ser dominados; y, por consiguiente, una mayor voluntad de vivir libres» (2).

El argumento de que el gobierno de la ley es la condición necesaria para que los ciudadanos no se vean sometidos a la voluntad arbitraria de algunos individuos (o de un solo individuo) y puedan por tanto vivir libres, es un principio fundamental del republicanismo, como puede verse bien en la crítica que James Harrington hace a Hobbes, que había escrito que no era en absoluto cierto que los ciudadanos de una república como Lucca fueran más libres que los súbditos de un soberano absoluto como el sultán de Constantinopla (3). Según Harrington, lo que convierte a los ciudadanos de Lucca en individuos más libres que los súbditos del sultán de Constantinopla es el hecho de que en Lucca tanto los ciudadanos como los gobernantes se encuentran sometidos a las leyes civiles y constitucionales, mientras que en Constantinopla el sultán está por encima de la ley y puede disponer abitrariamente de la vida y los bienes de los súbditos, obligándolos así a vivir en una situación de total dependencia y, por tanto, de ausencia de libertad. Los ciudadanos de Lucca, explica Harrington, son libres «por las leyes de Lucca», porque se hallan controlados sólo por las leyes, y porque las leyes «son formuladas por todos con el único fin de proteger la libertad de cada individuo privado, lo cual acaba convirtiéndose en la libertad de la comunidad» (4).

Skinner es un historiador, como él mismo nos recuerda al final del volumen; pero de sus estudios podemos sacar importantes lecciones políticas para nuestro tiempo. La moral política que puede obtenerse de Liberty before Liberalism es que el republicanismo constituye, con respecto al liberalismo, una teoría de la libertad más coherente. El republicano sostiene que para afirmar, en la realidad, la libertad política es necesario oponerse tanto a la interferencia y a la constricción en cuanto tales, como a la dependencia, habida cuenta de que la situación de dependencia supone una constricción de la voluntad y, por tanto, una violación de la libertad. Esto significa que quien ama la verdadera libertad del individuo no puede dejar de ser liberal, si bien no puede limitarse a ser liberal. Debe estar dispuesto a respaldar también programas políticos que tengan por objetivo reducir los poderes arbitrarios que imponen vivir a un gran número de hombres y mujeres en una situación de dependencia.

El republicanismo clásico, y este es un punto que Skinner subraya muy bien en Liberty before Liberalism, para desempeñar un papel significativo en las discusiones contemporáneas debe presentarse como crítica de la dependencia y de la dominación, no como una crítica de los vínculos y de las limitaciones a la libertad de elección, y debe diferenciarse claramente tanto de la intolerancia liberal en relación con los vínculos como de la insensibilidad autoritaria ante fenómenos de dominación.

Las sociedades democráticas tienen necesidad de un lenguaje político y moral que pueda ilustrar de manera persuasiva la significación y el valor de una vida civil digna. El republicanismo posee, desde este punto de vista, credenciales autorizadas, siempre y cuando permanezca fiel a la aversión que alimentaron sus maestros por la tiranía y por los abusos. Aunque, en comparación con la libertad liberal, la concepción republicana de la libertad política que resalta Skinner es más comprensiva, es posible que las medidas legislativas promovidas con el fin de emancipar de la dependencia a algunos ciudadanos impongan a otros en la práctica restricciones en su libertad de actuación. Reparemos en algunos de los ejemplos que Pettit sugiere al comienzo de su libro: una mujer que puede ser maltratada por su marido sin poder resistirse ni obtener reparación; un trabajador vulnerable ante toda clase de abusos, pequeños y graves, por parte del empresario o de un superior; los ancianos, los enfermos, las personas solas que dependen de la caridad. Para liberar a las mujeres de la dependencia es necesario aprobar leyes que les garanticen unas condiciones de igualdad en el seno de la familia, y limiten el poder arbitrario de los maridos; para proteger a los trabajadores dependientes es necesario introducir leyes que tutelen su dignidad física y moral, y limiten el poder arbitrario de los empresarios; para emancipar de la caridad a los necesitados hace falta introducir impuestos que aseguren los derechos sociales adecuados.

En todos estos casos, reducir la dominación que sufren algunos ciudadanos comporta aumentar las restricciones de la libertad (negativa) de otros; o, mejor, imponer vínculos a individuos que eran libres para actuar a su arbitrio. Hay veces que no resulta posible reducir la dependencia sin imponer los vínculos de la ley. Quien se remita a la tradición republicana debe elegir las políticas que atenúan la dominación, y no aquellas que tratan de atenuar los deberes civiles en nombre del deseo de quedar libres de impedimentos. Esto no significa realmente que los republicanos no deban apreciar la libertad en tanto que ausencia de interferencia o ausencia de vínculos; y no significa en ningún caso que deban considerar esta libertad como una libertad de menor valor o dignidad respecto a la libertad entendida como ausencia de dependencia. Significa, simplemente, que si para algunos la libertad como ausencia de dominación se contrapone a la libertad como ausencia de restricción o de interferencia de otros, los republicanos deben situar la ausencia de dominación por encima de la ausencia de interferencia, puesto que esta elección se halla más en consonancia con el ideal de la república entendida como una comunidad de individuos en la que nadie está obligado a servir y donde a ninguno se le consiente dominar.

Del análisis de Skinner puede derivarse, por tanto, una segunda moral política: que el proyecto republicano de una sociedad emancipada de la dependencia podría ser un proyecto atractivo también para los liberales, a condición de que éstos no restrinjan su propia filosofía social dentro de los límites del liberalismo.

Notas:
1. Vid. Quentin Skinner, «Machiavelli and the Maintenance of Liberty», Politics 18, 1983, págs. 3-15; «The Idea of Negative Liberty: Philosophical and Historical Perspectives», en Philosophy and History, ed. R. Rorty, J. B. Schneewind y Q. Skinner, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, págs. 193221 (existe traducción castellana); «The Paradoxes of Political Liberty», en The Tanner Lectures on Human Values, vol. VII, ed. S. M. McMurrin, Cambridge, 1986, págs. 225250. Como contrapunto, véase lo que escribe Berlin citando a Bentham: «Bentham, almost alone, doggedly went on repeating that the business of laws was not to liberate but to restrain: `Every law is an infraction of liberty’ even if such `infraction’ leads to an increase to the sum of liberty»: «Two concepts of liberty», en Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1969, pág. 148 (existe traducción castellana).
2. Istorie Fiorentine, IV, Proemio; Discorsi, I.5.
3. Leviathan, XXI.
4. James Harrington, The Commonwealth of Oceana and A System of Politics, ed. J. G. A. Pocock, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pág. 20.