Una diferencia económica acaba con la convivencia | Entrevista a Pierre Rosanvallon (José María Ridao)

Con La sociedad de los iguales (RBA), el pensador Pierre Rosanvallon(Blois, 1948) propone recuperar el papel central que la igualdad tuvo en la teoría y la práctica políticas hasta finales del siglo XX. Rosanvallon ocupa desde 2001 la cátedra de Historia de la política moderna y contemporánea en el Collège de France y, al tiempo, es director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Intelectual afín al Partido Socialista francés y obsesionado por las formas de repensar la democracia —no en vano a este fin creó en 2002 un “taller intelectual” denominado La República de las Ideas—, en su nueva obra aborda cómo la caída del sistema comunista, por un lado, y la revolución conservadora encabezada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, por otro, desplazaron el centro de interés hacia la eficiencia en la gestión económica, que se identificó con el funcionamiento de los mercados desregulados. La abundancia que se generaría haría irrelevante la preocupación por la igualdad.
Pregunta. Usted no propone identificar nuevos instrumentos para promover la igualdad sino redefinir el concepto.
Respuesta. Hasta ahora la igualdad se ha pensado remitiéndola a la idea de justicia y también identificándola con el igualitarismo, como sucedió en el siglo XIX. El concepto que sugiero entiende la igualdad como relación social. De lo que se trata es de vivir como iguales, reconociendo la singularidad de cada cual. La experiencia de las utopías igualitarias, que acabaron en el totalitarismo, hizo que incluso la izquierda prefiriese hablar de equidad y no de igualdad. A mi juicio, claro que hay que hablar de igualdad, pero entendiéndola como relación social y no como distribución igualitaria.
P. Se ha preferido hablar de equidad pero también circunscribir la igualdad a la igualdad de oportunidades. Usted ve esta evolución con reservas.
R. En último extremo, se convierte en una forma de legitimar la desigualdad. Si se alcanzara una igualdad de oportunidades perfecta, entonces las desigualdades serían naturales y, por tanto, habría que resignarse a aceptarlas. Dada la infinita variedad de talentos y habilidades de los individuos, la sociedad sería inhabitable. Mi idea es que son necesarias políticas que fomenten la igualdad de oportunidades —pensemos en la sanidad o en la educación—, pero que la igualdad de oportunidades no puede convertirse en una filosofía.
P. Políticas, en definitiva, que corrijan el desequilibrio que usted observa entre ciudadanía política y ciudadanía social.
R. Al desaparecer el horizonte del igualitarismo tras el fracaso del socialismo de la colectivización, solo sobrevivió la idea de la igualdad de oportunidades. Blair y la tercera vía la colocaron en el primer plano de la reflexión y de la acción de gobierno, pero no definieron una visión social alternativa. Las desigualdades crecieron y, como dijo Rousseau, la desigualdad material no es un problema en sí misma, sino solo en la medida en que destruye la relación social. Una diferencia económica abismal entre los individuos acaba con cualquier posibilidad de que habiten un mundo común.
P. Definir una visión social alternativa partiendo de la igualdad, ¿no es lo que hicieron las utopías del siglo XX?
R. Para esas utopías la humanidad es la vez única y múltiple, porque los individuos son individuos pero deben acabar pareciéndose. Yo parto de una visión distinta de la emancipación. A mi juicio, la emancipación consiste en promover la singularidad y, al mismo tiempo, la vida en común desde la singularidad. No se trata de que los individuos sean iguales, sino que vivan como iguales. Es, por ejemplo, el caso de la pareja moderna, que no se entiende como célula social, sino como un vínculo entre dos singularidades.
P. Usted sostiene que el crecimiento de la desigualdad no es hoy una herencia del pasado, sino una ruptura con él.
R. Antes de que estallase la Primera Guerra Mundial se inició una transformación silenciosa inspirada por imperativos morales pero también por el miedo a la revolución. Los gobiernos estaban convencidos de que, para evitarla, era preciso emprender reformas sociales que redujeran la desigualdad. A partir de los años 70 del siglo pasado empiezan a cambiar las cosas. Se pasa de un capitalismo de organización a un capitalismo de innovación. Coincide, además, con que el miedo a la revolución desaparece tras la caída del muro de Berlín. Deja de existir cualquier horizonte alternativo.
P. Sorprende su afirmación de que es preciso renacionalizar para fortalecer el espacio común de los ciudadanos. Al menos en España, la experiencia parece ser la contraria.
R. Hablo de renacionalización en el sentido de rehacer el Estado de bienestar, no en el de profundizar las identidades. Entiendo la nación como el espacio pertinente de solidaridad y redistribución. Pero resulta que los fundamentos morales y filosóficos de la nación, de la nación en el sentido en que yo empleo el concepto, están desagregándose. Atravesamos una crisis económica en la que la solidaridad resulta imprescindible, a menos que quieran afrontar grandes catástrofes.
P. ¿Y no será que esos fundamentos se están desagregando porque hay menos que redistribuir? La política alemana, por ejemplo, está generando graves problemas en la Europa del Sur.
R. Cuando se estableció el euro se perdió de vista que una moneda común no era solo un instrumento de regulación, sino también de solidaridad. Como instrumento de regulación, el euro funciona correctamente. Pero no ocurre lo mismo por lo que respecta a esa segunda dimensión. Al hablar de Europa hay una cifra que no puede olvidarse: desde la entrada en vigor del Tratado de Roma, el presupuesto común nunca ha superado el 1% del PIB europeo. Todo lo que la Unión puede redistribuir entre los miembros se reduce a ese porcentaje.
P. ¿Sobrevivirá el euro?
R. En economía se suele producir la paradoja de que hay quien prefiere perder 4.000 millones de euros antes que gastar mil en beneficio de todos. Si esta paradoja se confirmase también ahora, el euro no tendría garantizada su existencia.

El despertar de la historia | Alain Badiou

A menudo se me reprocha, también desde el ámbito de mis potenciales amigos políticos, no tener en cuenta algunas características del capitalismo contemporáneo, de no presentar un «análisis marxista» del mismo. Según ellos, el comunismo sería para mí una idea suspendida en el aire y, en definitiva, yo sería un idealista sin ningún anclaje en el mundo real. Se me acusa, además, de pasar por alto las asombrosas mutaciones del capitalismo, mutaciones que permiten hablar con glotonería, de un «capitalismo posmoderno».
Antonio Negri, por ejemplo, en una conferencia internacional –me encantó y me sigue encantando que participase– sobre la idea del comunismo, me puso como ejemplo de aquellos que pretenden ser comunistas sin ser marxistas. Básicamente le respondí que más valía eso que pretender ser marxista sin ser comunista. Si tenemos en cuenta que, para la opinión corriente, el marxismo consiste en conceder un papel preponderante a la economía y a las contradicciones sociales que implica ¿quién no es marxista hoy en día? Nuestros amos son los primeros que son «marxistas». Se echan a temblar y organizan  reuniones nocturnas en cuanto la bolsa fluctúa o cuando la tasa de crecimiento disminuye. Sin embargo saltarán del susto y considerarán un criminal a quien pronuncie la palabra «comunismo».
Diré aquí, sin preocuparme ya de adversarios y rivales, que yo también soy marxista, y lo soy de una forma tan inocente, completa, y natural que en realidad no sería necesario ni decirlo. ¿Se preocuparía un matemático contemporáneo de probar que es fiel a Euclides o a Euler? El marxismo real, el que se identifica con el combate político racional y que aspira a una estructura social igualitaria, sin duda comenzó hacia 1848 con Marx y Engels, pero ha recorrido mucho camino desde entonces con Lenin, con Mao, y con algunos otros. Yo me he nutrido de estas enseñanzas históricas y teóricas y creo conocer bien tanto los problemas resueltos, cuya instrucción no sirve de nada volver a empezar, como los problemas en suspenso, que exigen reflexión y experiencia, así como los problemas mal abordados, respecto de los que son necesarias rectificaciones radicales e invenciones difíciles. Todo conocimiento vivo está hecho de problemas que han sido o deben ser construidos o reconstruidos, y no de descripciones repetitivas. El marxismo no es una excepción. Ni es una rama de la economía (teorías de las relaciones de producción), ni una rama de la sociología (descripción objetiva de la «realidad social»), ni una filosofía (pensamiento dialéctico de las contradicciones), sino, repitámoslo, el conocimiento organizado de los medios políticos necesarios para desmontar la sociedad existente y por fin desarrollar una forma igualitaria y racional de organización colectiva, llamada «comunismo».
No obstante me gustaría añadir que en lo relativo a los datos «objetivos» del capitalismo contemporáneo no creo estar desinformado. ¿Globalización, mundialización? ¿Traslado de un gran número de centros de producción a países con mano de obra barata y un régimen autoritario? ¿El paso en nuestros viejos países desarrollados, durante los años 80, de una economía egocéntrica, con el progresivo aumento del salario del obrero y la redistribución social organizada por el Estado y los sindicatos, a una economía liberal  integrada en los intercambios mundiales, y por tanto exportadora, especializada, y que privatiza sus beneficios y socializa sus riesgos, asumiendo, así, el aumento de las desigualdades a nivel planetario? ¿La rapidísima concentración del capital bajo la dirección del capital financiero? ¿La utilización de nuevos medios gracias a los cuales la velocidad de rotación de los capitales primero, y de las mercancías  después, experimenta una aceleración considerable (la generalización del transporte aéreo, de la telefonía universal, de la máquinas financieras, de Internet, de los programas que aseguran el éxito de las decisiones instantáneas, etc.? ¿La sofisticación de la especulación gracias a nuevos productos  derivados y a una sutil matemática de la mezcolanza de riesgos? ¿La espectacular reducción en nuestros países del campesinado y de toda la organización rural de la sociedad? ¿La imperiosa necesidad, en  consecuencia, de constituir una pequeña burguesía urbana que sirva de pilar al régimen social y político existente? ¿La resurrección a gran escala, y primero en la alta burguesía, de la vieja creencia, tan vieja como Aristóteles, de que las clases medias son el alfa y el omega de la vida «democrática»? ¿La lucha planetaria, bien tranquila, bien extremadamente violenta, por asegurarse a toda costa el acceso a las materias primas y a los recursos energéticos, especialmente en África, el continente del saqueo  «occidental» por excelencia, y en consecuencia, de las más variadas atrocidades? Yo, al igual que todo el mundo, conozco todo esto más o menos bien.
La cuestión es saber si este conjunto de anécdotas constituye un capitalismo «posmoderno», un  capitalismo nuevo, un capitalismo digno de las máquinas deseantes de Deleuze-Guattari, un capitalismo que engendra por sí mismo una inteligencia colectiva nueva, que promueve el levantamiento de un poder constituyente hasta el momento insatisfecho, un capitalismo que supera el viejo poder de los Estados, un capitalismo que proletariza a la multitud y hace de los obreros del intelecto inmaterial pequeños  burgueses. En definitiva, un capitalismo para el que el comunismo es la otra cara de la moneda, un capitalismo en el que el Sujeto es de alguna manera el mismo que en el comunismo latente y que sostiene su paradójica existencia. Un capitalismo que está en vísperas de su metamorfosis en comunismo. Esta es, explicada a groso modo aunque de forma fidedigna, la postura de Negri. Pero en general esta es la postura de todos aquellos a quienes fascinan las mutaciones tecnológicas y la continua expansión del capitalismo desde hace treinta años, y quienes atrapados por la ideología dominante («todo está en continuo cambio y nosotros corremos detrás de este memorable cambio»), creen que asisten a un episodio prodigioso de la Historia, independientemente de cuál sea su juicio final sobre la calidad de dicho episodio.
Mi postura es justo la contraria: el capitalismo contemporáneo presenta todos los rasgos del capitalismo clásico. Se adecúa estrictamente a lo que se podría esperar de él puesto que su lógica ya no es rebatida por acciones de clase resueltas con éxito de forma local. Si tomamos, en relación con el futuro del Capital, todas las categorías predictivas de Marx veremos que es ahora cuando quedan plenamente demostradas. ¿No habló Marx del «mercado mundial»? Pero ¿qué era el mercado mundial en 1860 en comparación con lo que es hoy, eso a lo que hemos querido volver a nombrar, en vano, «globalización»? ¿No pensó Marx en el carácter insoslayable de la concentración del capital? ¿Cómo era esa concentración? ¿Cuál era el tamaño de las empresas y de las instituciones financieras en la época de esta predicción en comparación con los monstruos que surgen todos los días de las nuevas fusiones?
Durante mucho tiempo se ha objetado a Marx que la agricultura permaneciese en un régimen de explotación familiar mientras que anunciaba que la concentración alcanzaría con toda seguridad a la propiedad de la tierra. Sin embargo hoy sabemos que en realidad el porcentaje de la población que vive de la agricultura en los países llamados desarrollados (aquellos en los que el capitalismo imperial se estableció sin trabas), es por así decirlo, insignificante. Y ¿cuál es la extensión media de las propiedades raíces hoy en comparación con la que era cuando el campesinado representaba, en Francia, el 40% de la población total? Marx analizó con rigor el carácter inevitable de las crisis cíclicas, las cuales  demostraban, entre otras cosas, la irracionalidad de base del capitalismo y el carácter obligatorio tanto de las actividades imperiales como de las guerras. Crisis muy graves han probado su existencia e incluso estos análisis y guerras coloniales e imperialistas lo han acabado de demostrar. Pero en cuanto a la cantidad de valor que se ha esfumado, todo esto no fue nada en comparación con la crisis de los años 1930 o de la crisis actual, y en comparación con las dos guerras mundiales del siglo XX, las feroces guerras coloniales o las «intervenciones» occidentales de hoy y de mañana. No ha sido hasta el  empobrecimiento de enormes masas de la población, si tenemos en cuenta la situación en el mundo entero y no solo la de cada cual, que nos hemos dado cuenta de la evidencia.
En el fondo, el mundo actual es exactamente el que Marx, anticipándose de forma genial como en una especie de relato de ciencia ficción hecho realidad, anunció como desarrollo integral de las virtualidades irracionales, y en realidad monstruosas, del capitalismo.
El capitalismo confía el destino de los pueblos a los apetitos financieros de una minúscula oligarquía. En cierto sentido, se trata de un régimen de bandidos. ¿Cómo podemos aceptar que la ley del mundo esté regida por los voraces intereses de una camarilla de herederos y de nuevos ricos? ¿No es razonable llamar «bandidos» a quienes tienen como única norma el lucro, estando dispuestos, si es necesario, a pisotear a millones de personas amparándose en dicha norma? El hecho de que, en efecto, el destino de millones de personas dependa de los cálculos de tales bandidos es hoy tan obvio, tan visible, que la aceptación de esta «realidad», como dicen los plumíferos de los bandidos, es cada día más asombrosa. El espectáculo de los Estados patéticamente desconcertados porque una pequeña tropa anónima de evaluadores autoproclamados les ha puesto una mala nota, como haría un profesor de economía a sus estudiantes, es al mismo tiempo burlesco y muy preocupante. Por lo tanto, queridos electores, habéis instalado en el poder a gente que tiembla por las noches, como colegiales, al saber que por la mañanita los  representantes del «mercado», es decir los especuladores y los parásitos del mundo de la propiedad y del patrimonio, les pueden haber puesto un AAB, en lugar de un AAA. ¿No resulta bárbara esta influencia consensuada de los maestros oficiosos sobre nuestros maestros oficiales, para quienes la única  preocupación es conocer cuales son y serán los beneficios de la lotería en la que juegan sus millones? Por no hablar de que su angustioso sollozo se pagará con el cumplimiento de las órdenes de la mafia que siempre consisten en algo como: «Privaticen todo. Supriman la ayuda a los débiles, a los solitarios, a los enfermos, a los parados. Supriman toda ayuda a todos menos a los bancos. No asistan a los pobres, dejen morir a los viejos. Bajen el salario de los pobres y los impuestos a los ricos. Que todo el mundo trabaje hasta los 90 años. Enseñen matemáticas solo a los traders, a leer sólo a los grandes propietarios, historia sólo a los ideólogos a nuestro servicio.» Y la ejecución de estas órdenes arruinará en la práctica la vida de millones de personas.
Una vez más, el pronóstico de Marx es confirmado, incluso superado, por la realidad. Marx calificó a los gobiernos de los años 1840-1850 de «fundamentos del poder del Capital» lo que revela la clave del misterio: gobernantes y bandidos de las finanzas pertenecen al mismo mundo. La fórmula «fundamentos del poder del Capital» no ha sido exacta del todo hasta hoy, cuando no existe ya ninguna diferencia a este respecto entre los gobiernos de derechas, Sarkozy o Merkel y los de «izquierdas», Obama, Zapatero o Papandreou.
Por lo tanto estamos siendo testigos de un cumplimiento retrógrado de la esencia del capitalismo, de un retorno al espíritu del año 1850 que ha llegado tras la restauración de las ideas reaccionarias que  siguieron a los «años rojos» (1960-1980), del mismo modo que los años 1850 fueron posibles por la  Restauración contrarrevolucionaria de los años 1815-1840, tras las Gran Revolución de 1792-1794.
Sin duda, Marx pensaba que la revolución proletaria, bajo la bandera del comunismo, impediría este despliegue integral de horror que lúcidamente previó. Para él estaba claro, comunismo o barbarie. Los formidables intentos para darle la razón sobre este punto durante los dos primeros tercios del siglo XX hicieron frenar considerablemente y desviar la lógica capitalista, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Desde hace aproximadamente treinta años, tras el hundimiento de los Estados socialistas como figuras alternativas viables (el caso de la URSS) o su subversión por un virulento capitalismo de Estado tras el fracaso de un movimiento de masas explícitamente comunista (el caso de la china de los años 1965-1968), hemos tenido el dudable privilegio de asistir por fin a la verificación de todas las predicciones de Marx relativas a la esencia real del capitalismo y de las sociedades regidas por él. Estamos metidos de lleno en la barbarie y nos vamos a hundir en ella. Y es que esta es conforme hasta en el más mínimo detalle con aquello que Marx esperaba que la fuerza del proletariado organizado  impidiese.
El capitalismo contemporáneo, por lo tanto, no es en absoluto creador o posmoderno: creyendo haberse librado de sus enemigos comunistas, marcha por el camino que Marx trazó, continuando la obra de los  economistas clásicos desde una perspectiva crítica, de forma general. Desde luego, ni el capitalismo ni sus siervos políticos son quienes despiertan a la Historia, si entendemos por «despertar» el surgimiento de una capacidad a la vez destructora y creadora que de verdad pretende salir del orden establecido. En este sentido, Fukuyama no estaba equivocado: el mundo moderno, habiendo llegado a su completo  desarrollo y consciente de que debe morir –probablemente es lo que por desgracia ocurre en los  episodios de violencia suicida– solo puede pensar en el «final de la Historia», del mismo modo que Wotan, en el segundo acto de la Walkiria de Wagner, dice a su hija Brunilda que sólo desea el fin.
Si hay un despertar de la Historia, no corresponde al conservadurismo bárbaro del capitalismo ni al empeño de los aparatos del Estado conservar el aspecto impetuoso que hay que procurarle. El único despertar posible es el de la iniciativa popular en la que radicará la fuerza de una Idea.

Entrevista a Jacques Rancière | Paula Corroto

Discípulo de Louis Althusser, Jacques Rancière (Argel, 1940) es uno de los filósofos contemporáneos que más ha reflexionado sobre la ideología, la lucha de clases y la igualdad. Participó en el Mayo del 68 y escribió junto a su maestro Para leer El Capital. Ahora, la editorial Clave Intelectual acaba de publicar Momentos políticos, una selección de los artículos que escribió entre 1977 y 2009 en los que analiza cuestiones tan diversas como la guerra de Irak, la contrarrevolución intelectual que ha transformado la sociedad y la situación de las ideas comunistas.

¿Estamos viviendo en Europa un “momento político”? ¿Cómo describiría usted este momento?

Yo preferiría decir que se dan las condiciones para un momento así en la medida en que nos hallamos en una situación donde cada día se hace más evidente que los estados nacionales sólo actúan como intermediarios para imponer a los pueblos las voluntades de un poder interestatal, a su vez estrechamente dependiente de los poderes financieros. Un poco en todas partes de Europa, los gobiernos, tanto de derechas como de izquierdas, aplican el mismo programa de destrucción sistemática de los servicios públicos y de todas las formas de solidaridad y protección social que garantizaban un mínimo de igualdad en el tejido social. Un poco en todas partes, pues, se revela la oposición brutal entre una pequeña oligarquía de financieros y políticos, y la masa del pueblo sometida a una precariedad sistemática y desposeída de su poder de decisión, tal y como ha puesto espectacularmente de manifiesto el asunto del referéndum previsto e inmediatamente anulado en Grecia. Por lo tanto se dan, es cierto, las condiciones de un momento político, es decir, de un escenario de manifestación del pueblo frente a los aparatos de dominación. Pero para que tal momento exista, no basta con que se dé una circunstancia: es asimismo necesario que esta sea reconocida por fuerzas susceptibles de convertirla en una demostración, a la vez intelectual y material, y de convertir esta demostración en una palanca capaz de modificar la balanza de fuerzas modificando el propio paisaje de lo perceptible y lo pensable.

¿Qué piensa en concreto del caso español?

Europa presenta situaciones muy diferentes. España es ciertamente el país donde la primera condición se ha cumplido de forma más evidente: el movimiento 15-M ha puesto claramente de manifiesto la distancia entre un poder real del pueblo y unas instituciones llamadas democráticas pero de hecho completamente entregadas a la oligarquía financiera internacional. Queda la segunda condición: la capacidad de transformar un movimiento de protesta en una fuerza autónoma no sólo independiente del sistema estatal y representativo, sino asimismo capaz de arrancar a ese sistema la dirección de la vida pública. En la mayor parte de los países europeos aún nos encontramos lejos de la primera condición.

¿Los movimientos 15-M y Occupy Wall Street son política?

Estos movimientos responden sin duda a la idea más fundamental de la política: la del poder propio de aquellos a quienes ningún motivo particular destina al ejercicio del poder, la de la manifestación de una capacidad que es la de cualquiera. Y han materializado este poder de una manera asimismo conforme a esta idea fundamental: afirmando este poder del pueblo mediante una subversión de la distribución normal de los espacios: normalmente existen unos espacios, como la calle, destinados a la circulación de individuos y bienes, y unos espacios públicos, como los parlamentos o los ministerios, destinados a la vida pública y al tratamiento de los asuntos comunes. La política siempre se manifiesta a través de una distorsión de esta lógica.

¿Qué deberíamos hacer con los partidos políticos actuales?

Los partidos políticos que hoy conocemos sólo son aparatos destinados a tomar el poder. Un renacimiento de la política pasa por la existencia de organizaciones colectivas que se sustraigan de esta lógica, que definan sus objetivos y sus propios medios de acción, independientemente de las agendas estatales. Independientemente no significa desinteresándose de o haciendo como si estas agendas no existieran. Significa construyendo una dinámica propia, unos espacios de discusión y unas formas de circulación de la información, unos motivos y unas formas de acción dirigidos, en primer lugar, al desarrollo de un poder autónomo de pensar y actuar.

En Mayo del 68, la gente discutía sobre las ideas de Marx…, pero no parece haber ningún filósofo en el 15-M o en OWS.

Hasta donde yo sé, ambos se interesan por la filosofía. Y es preciso recordar la recomendación que los ocupantes de la Sorbonne de Mayo del 68 dieron al filósofo que había acudido a apoyar su causa: “Sartre, sé breve”. Cuando una inteligencia colectiva se afirma en el movimiento es el momento de prescindir de héroes filosóficos dadores de explicaciones o consignas. No se trata, de hecho, de presencias o ausencias de filósofos. Se trata de la existencia o inexistencia de una visión del mundo que estructure naturalmente la acción colectiva. En Mayo del 68, aunque la forma del movimiento estuviera alejada de los cánones de la política marxista, la explicación marxista del mundo funcionaba como horizonte del movimiento: pese a no ser marxistas, los militantes de Mayo situaban su acción en el marco de una visión de la historia en la que el sistema capitalista estaba llamado a desaparecer bajo los golpes de un movimiento dirigido por su enemigo, la clase obrera organizada. Los manifestantes de hoy ya no poseen ni suelo ni horizonte que dé validez histórica a su combate. Son, en primer lugar, indignados, gentes que rechazan el orden existente sin poder considerarse agentes de un proceso histórico. Y esto es lo que algunos aprovechan para denunciar, interesadamente, su idealismo o su moralismo.

Usted ha escrito que durante los últimos 30 años hemos vivido una contrarrevolución. ¿Esta situación ha cambiado con estos movimientos populares?

Ciertamente, algo ha cambiado desde la Primavera Árabe y los movimientos de los indignados. Se ha producido una interrupción de la lógica de resignación a la necesidad histórica preconizada por nuestros gobiernos y sostenida por la opinión intelectual. Desde el colapso del sistema soviético, el discurso intelectual contribuía a secundar de forma hipócrita los esfuerzos de los poderes financieros y estatales para hacer estallar las estructuras colectivas de resistencia al poder del mercado. Este discurso había terminado imponiendo la idea de que la revuelta no sólo era inútil, sino también perjudicial. Sea cual sea su porvenir, los movimientos recientes habrán, cuando menos, puesto en tela de juicio esta supuesta fatalidad histórica. Habrán recordado que no tenemos que vérnoslas con una crisis de nuestras sociedades, sino con un momento extremo de la ofensiva destinada a imponer en todas partes las formas más brutales de explotación; y que es posible que quienes son el 99% hagan oír su voz frente a esta ofensiva.

¿Qué podemos hacer para recuperar los valores democráticos?

Para empezar sería preciso ponerse de acuerdo en lo que llamamos democracia. En Europa nos hemos acostumbrado a identificar democracia con el doble sistema de las instituciones representativas y las del libre mercado. Hoy este idilio es cosa del pasado: el libre mercado se muestra cada vez más como una fuerza de constricción que transforma las instituciones representativas en simples agentes de su voluntad y reduce la libertad de elección de los ciudadanos a las variantes de una misma lógica fundamental. En esta situación, o bien denunciamos la propia idea de democracia como una ilusión, o bien repensamos completamente lo que democracia, en el sentido fuerte del término, significa. La democracia no es, para empezar, una forma de Estado. Es, en primer lugar, la realidad de un poder del pueblo que no puede coincidir jamás con una forma de Estado. Siempre habrá tensión entre la democracia como ejercicio de un poder compartido de pensar y actuar, y el Estado, cuyo mismo principio es apropiarse de este poder. Evidentemente los estados justifican esta apropiación argumentando la complejidad de los problemas, la necesidad de pensar a largo plazo, etc. Pero a decir verdad, los políticos están mucho más sometidos al presente. Recuperar los valores de la democracia es, en primer lugar, reafirmar la existencia de una capacidad de juzgar y decidir, que es la de todos, frente a esa monopolización. Es reafirmar asimismo la necesidad de que esta capacidad se ejerza a través de instituciones propias, distintas de las del Estado. La primera virtud democrática es esta virtud de confianza en la capacidad de cualquiera.

En el prólogo de su libro usted critica a políticos e intelectuales, pero, ¿cuál es la responsabilidad de los ciudadanos en la situación actual y la crisis económica?

Para caracterizar los fenómenos de nuestro tiempo es preciso, en primer lugar, poner en tela de juicio el concepto de crisis. Se habla de crisis de la sociedad, de crisis de la democracia, etc. Es una forma de culpar de la situación actual a las víctimas. Ahora bien, esta situación no es el resultado de una enfermedad de la civilización, sino de la violencia con la que los amos del mundo dirigen hoy su ofensiva contra los pueblos. La gran falta de los ciudadanos sigue siendo hoy la misma de siempre: la que consiste en dejarse desposeer de su poder. Ahora bien, el poder de los ciudadanos es, por encima de todo, el poder de actuar por sí mismos, el de constituirse en fuerza autónoma. La ciudadanía no es una prerrogativa ligada al hecho de estar censado como habitante y elector en un país; es, sobre todo, un ejercicio que no puede ser delegado. Por lo tanto, es preciso oponer claramente este ejercicio de la acción ciudadana a los discursos moralizantes que se escuchan en casi todas partes sobre la responsabilidad de los ciudadanos en la crisis de la democracia: estos discursos deploran el desinterés de los ciudadanos por la vida pública y lo achacan a la deriva individualista de los individuos consumidores. Estos supuestos llamamientos a la responsabilidad ciudadana sólo tienen, de hecho, un efecto: culpar a los ciudadanos para apresarlos más fácilmente en el juego institucional que sólo consiste en seleccionar, entre los miembros de la clase dirigente, a aquellos por los que prefieran dejarse desposeer de su potencia de actuar.

Usted es también un apasionado del cine y la literatura, ¿cuáles son las consecuencias de esta crisis para la cultura?

La situación actual es una crisis de los valores comunes donde el poder del capital sobre la sociedad se manifiesta en el individualismo consumista. En este marco, la cultura se presenta a la vez como el tejido de experiencia común amenazado, invadido por los valores mercantiles, y como la instancia encargada de poner remedio a los efectos de esta invasión, de oponer las exigencias de autonomía del arte a la estetización comercial o de volver a tejer las desgarradas redes del vínculo social. Desde mi punto de vista, el poder capitalista se ejerce en primer lugar de arriba a abajo, a través de las políticas estatales que, con el pretexto de luchar contra el egoísmo de los trabajadores privilegiados y de los demócratas individualistas, impone, en nombre de la crisis, un programa de sumisión de todos los aspectos de la vida común a las leyes del mercado. El resultado es que no hay ningún papel particular que atribuir a la cultura como entidad global. Y lo que hoy domina la escena son, en gran medida, las celebraciones culturales oficiales y los discursos intelectuales supuestamente críticos pero realmente sometidos a la lógica oficial.

Más allá del conflicto educacional: Malestar social y crisis de representatividad política en Chile | Nicolás Ocaranza

Mucha tinta ha corrido para analizar la crisis del sistema político, la deslegitimación de los partidos y la escalada de movilizaciones sociales que reclaman el fin del lucro en las instituciones escolares y universitarias, así como mejores mecanismos de regulación de la educación pública. 

Entre las propuestas lanzadas al vuelo por politólogos y sociólogos, varias de ellas más intuitivas que científicas y reflexivas, destaca una idea fuerza que, confrontada con algunos datos empíricos, no resiste ningún análisis. La idea defendida por el sociólogo Eugenio Tironi y el investigador de mercado Roberto Méndez, a propósito de un artículo aparecido en The Economist, apunta a que Chile habría alcanzado un determinado umbral de modernidad gracias al aumento de los ingresos per cápita, lo que habría convertido a sus ciudadanos en individuos más exigentes y empoderados, así como en activos fiscalizadores de las actividades del gobierno y de los otros poderes del Estado.

Frente a esa “intuición” hay otra lectura que permite analizar el problema desde la anormalidad del sistema político chileno y su relación con algunos factores socio-económicos que inciden directamente en la perpetuación de las desigualdades sociales.

El determinante central de este nuevo ciclo de movilizaciones es la llegada de la derecha al poder y las oportunidades políticas que ofrece un gobierno poco receptivo a la voluntad popular y al diálogo con las fuerzas opositoras. El cambio de alineaciones políticas, la división de las elites, la difusión de las causas en las redes sociales, la acción colectiva y los nuevos marcos culturales que resuenan en la población chilena serían los factores que inciden en el clima de indignación y de permanente movilización (1). El escenario político post Concertación abrió un camino favorable a las movilizaciones que hizo posible la conexión de unidades contestatarias que antes estaban desconectadas (profesores, estudiantes, ecologistas, opositores a la derecha, defensores de una asamblea constituyente) y que las protestas alcanzaran un cierto grado de empatía o reconocimiento ciudadano, legitimándose ante una opinión pública que antes se mostraba escasamente receptiva de ellas. 


Con todo, la aparente excepcionalidad de estas reivindicaciones no es tal, ya que la mayor parte de las protestas y movilizaciones que ha tenido Chile desde inicios de los años 90, y más fuertemente como consecuencia de los efectos inmediatos de la “crisis asiática” en el bienio 1997-1998, han estado relacionadas con el déficit de financiación de las carreras universitarias, el desmantelamiento de las instituciones y continua privatización de la educación pública.

Además de esta lectura politológica, es necesario considerar que hay otros factores estructurales, no necesariamente relacionados con la coyuntura actual, que intervienen en esta crisis política y social. De acuerdo a los datos aportados por el estudio de indicadores sociales y educacionales de la OECD (OECD, Society at a Glance 2011 – OECD Social Indicators; Education at a Glance 2010: OECD Indicators) y el estudio nacional de opinión pública realizado por el Centro de Estudios Públicos (Estudio Nacional de Opinión Pública N°64, junio-julio 2011), sabemos que el país:

1) Tiene el mayor índice de desigualdad de ingresos entre los países miembros de la OECD, lo cual incide directamente en que sólo el 13% de los chilenos tiene confianza en sus conciudadanos.

2) En referencia al ingreso per cápita, las tasas de matrícula de las universidades chilenas se encuentran entre las tres más altas del mundo. El gasto público en educación del Estado no sobrepasa el 3% del PIB.

3) Tiene la tercera tasa de empleo más baja de la OECD, así como el porcentaje más bajo de trabajadores sindicalizados.

4) Con un 26% de aprobación ciudadana a la gestión del presidente Piñera, el actual gobierno enfrenta la peor crisis de legitimidad de los últimos 20 años. Al mismo tiempo, la Concertación cuenta tan solo con un 17% de aprobación.

Más allá de la crisis educacional, las actuales movilizaciones sociales también son un efecto de la crisis de representatividad. No se puede pensar este ciclo de protestas fuera de la deslegitimación del voto como instrumento privilegiado de la democracia representativa. Independientemente de su carácter contingente y coyuntural, estas movilizaciones son una búsqueda paralela a la vía institucional para instalar una propuesta concreta que suprima el lucro y los enclaves neoliberales que constriñen la educación pública. Pero también se trata de una apuesta por redefinir un nuevo ethos igualitario desde la sociedad civil. Solo así se explica que la juventud hastiada de la democracia formal, es decir, aquellos que no se inscriben en los registros electorales y se automarginan del régimen representativo, sea la que se suma masivamente a las movilizaciones.

El movimiento estudiantil, en definitiva, no se explica únicamente por su mero acontecer, sino también por factores relacionados al déficit democrático y a la crisis de igualdad que sufre la sociedad chilena, asuntos que se corresponden con la estructura constitucional chilena y los mecanismos perversos del sistema electoral binominal. 

El debilitamiento de la democracia chilena se explica en gran medida por la completa anormalidad de su sistema político: la clausura del debate público a dos visiones políticas hegemónicas y la permanencia de enclaves constitucionales que impiden la transformación del sistema desde adentro son su sintomatología más evidente. En efecto, la crisis de representatividad tiene también un componente institucional que reproduce una serie de vicios políticos que impiden la profundización democrática y el equilibrio de poderes del Estado, a la vez que acrecientan las desigualdades: hiperpresidencialismo, Parlamento inoperante, congresistas designados, conflictos de intereses entre los funcionarios públicos, corrupción al interior de los organismos estatales, intromisión del Ejecutivo en las labores de los otros poderes del Estado, desarticulación de la actividad sindical, inexistencia de mecanismos consultivos a la ciudadanía, entre otros.

Repensar esta profunda crisis política y social implica delinear para el futuro nuevos principios constitucionales que aseguren una verdadera igualdad y una democracia acorde con los tiempos actuales. Esta lectura supone un cambio de paradigma, vale decir, pasar de una noción de democracia como mero mecanismo de compensación o moderación de la desigualdad a una noción de democracia igualitaria en la que no se reconocen desigualdades naturales y en la cual las desigualdades sociales se vuelvan prácticamente invisibles.

Si el ciclo de movilizaciones se ha agudizado y extendido más de lo esperado es porque la democracia chilena no ha logrado funcionar como un sistema capaz de revertir las desigualdades económicas contra-naturales de la sociedad. Lo que está en juego en Chile en estos días, no solo es el futuro de una educación pública de calidad abierta a todos, sino también el justo reclamo por una nueva noción de democracia igualitaria. Si en la opinión pública ya se escucha con fuerza el llamado a plebiscitar la reforma educacional, a promover mecanismos de democracia directa e incluso convocar a una asamblea constituyente, es porque la noción de democracia sobre la cual se construyó el orden político-constitucional chileno post-dictatorial ya no da para más. 

Con estos antecedentes, es claro que las masivas movilizaciones no son la expresión de un país que llega a ser “normal”, sino más bien el síntoma de una completa “anormalidad” política-institucional que se arrastra desde la transición democrática en los años 90 y que terminó enclaustrando al país en un marco constitucional restringido, cuyos límites aseguran la perpetuidad de un orden socio-económico desigual.

Como la mayoría de los políticos criollos se han resistido a pensar que las transformaciones socio-económicas pendientes en Chile deben pasar inevitablemente por un cambio constitucional, nunca está demás recordar que aún cuando la igualdad puede ser espontáneamente instalada por las transformaciones sociales, ésta también puede ser establecida por la ley o por el uso de las leyes. La igualdad democrática, como ha sido definida por Pierre Rosanvallon y Adam Przeworski, puede ser un reflejo de la igualdad pre-existente en otros lugares, o bien, ser impuesta por las leyes. Pero cuando ni la una ni la otra operan con eficacia, la democracia se debilita y la representación se convierte en un mero paliativo para una crisis total de la sociedad. Si el malestar social no se resuelve por la vía institucional, que permite la promulgación de nuevas leyes y pactos sociales a través de las constituciones, la crisis será total, inevitable e irreversible.

Suponer que Chile resolverá este crispante malestar -cuya etiología es la profunda desigualdad social- con el crecimiento económico, es una fórmula que fracasó durante cuatro gobiernos concertacionistas y que ahora recrudece con la derecha en el poder. A pesar de que las anteojeras de las instituciones representativas chilenas, que mantienen el statu quo de la situación económica y social de los ciudadanos, no han permitido cubrir con eficacia la desigualdad evidente de sus condiciones de vida, las actuales movilizaciones sociales son la expresión ciudadana de una búsqueda por profundizar unas estructuras democráticas hasta ahora recelosas del imperativo igualitario.


*Este texto tuvo su origen en una serie de intercambios con Alejandro Corvalán. Inicialmente fue un intento de escritura en conjunto, pero el tiempo y la distancia lo impidieron
Nota 1:

Esta idea, definida por Sidney Tarrow como ‹‹political opportunity structure››, ha sido explicada en detalle en su libro Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

¿El fantasma de una nueva Revolución? | Nicolás Ocaranza

Such be the sons of Spain, and strange her fate!
They fight for freedom, who were never free;
A kingless people for a nerveless state,
Her vassals combat when their chieftains flee,
True to the veriest slaves of Treachery;
Fond of a land which gave them nought but life,
Pride points the path that leads to liberty;
Back to the struggle, baffled in the strife,
War, war is still the cry, ‘War even to the knife!’
Lord Byron, Childe Harold’s Pilgrimage
Inciertos vientos de cambio político han comenzado a soplar en España y Chile durante esta semana. Aún cuando los acontecimientos indican diferencias importantes entre las movilizaciones sociales de ambos países, en la Península un rechazo a los partidos hegemónicos (PSOE y el PP) ad portas de las elecciones municipales además de un reclamo por una democracia real, mientras que en Chile éstos giran en torno a la crisis de la educación pública y al rechazo de un megaproyecto hidroeléctrico en la Patagonia aprobado a espaldas de la ciudadanía, el trasfondo es el mismo: crisis de la representación, centralismo gubernamental, coaliciones políticas incapaces de sintonizar con la ciudadanía y una democracia representativa cada vez más debilitada. Pero detrás de todo eso se advierte un abierto cuestionamiento al modelo socialdemócrata defendido por los fieles exponentes de la Tercera Vía vinculados al PSOE en España y a la Concertación en Chile y un llamado a abrir nuevos espacios a la democracia deliberativa.
A diferencia de las que han acontecido en años anteriores, estas protestas ciudadanas muestran una mayor claridad discursiva para cuestionar a un modelo económico neoliberal que no solo precariza sus condiciones laborales a través de la desregulación del mercado laboral sino que debilita al Estado en su intento por satisfacer los derechos sociales que el mercado no provee y que, sin embargo, se constituyen en necesidades elementales para todo ser humano. Como bien lo ha dicho Pierre Rosanvallon, la subordinación de lo político al neoliberalismo nos sitúa en una crisis histórica de la igualdad y de la constitución del individuo como el sujeto político base de la soberanía.
Estas movilizaciones, algunas aún en ciernes, dejan en evidencia la debilidad de la justicia social redistributiva como alternativa para el presente, al mismo tiempo que reclaman la reformulación del igualitarismo en sus múltiples tramas políticas, sociales y constitucionales. No sería inoportuno pensar que esos cuestionamientos podrían resolverse, como profusamente lo han explicado Pierre Rosanvallon y Roberto Gargarella en algunos de sus libros, repensando el igualitarismo fuera de los márgenes del individualismo desmesurado que ofrece la ideología neoliberal, sino a partir de la relación entre las nociones de singularidad, comunalidad y reciprocidad.
El problema futuro para estas manifestaciones que recorren con nuevos bríos el otro lado de los Pirineos y el confín de América es cómo articularán políticamente a esa masa informe que ahora sale a las calles y cómo se pasará de la legítima protesta a la conformación de un verdadero movimiento social capaz de canalizar las distintas sensibilidades que están en juego.
El malestar que se ha despertado en una parte de Europa y América -reprimido durante años de apatía- se enciende, tal como alguna vez lo fueron las revoluciones de Independencia, a través de impensados acontecimientos; pero está por verse si esa chispa se transforma pronto en incendio –como ya ocurrió en África y Medio Oriente- o si, por el contrario, se extingue tan rápidamente como ha emergido.

Democracia imposible en la medida de lo posible | Pablo Ruiz-Tagle

El ex presidente de la República Ricardo Lagos ha publicado sus ideas políticas sobre Chile 2030 sin incluir una propuesta de nueva Constitución y, posteriormente, ha señalado en un artículo publicado en El Mostrador su “coincidencia en torno a seguir pensando cómo somos capaces de dotarnos de una nueva Constitución, definida de una manera democrática y con la ciudadanía”.

Queremos decirle con todo respeto que desde el punto de vista político centrar el debate sobre el futuro de Chile, alrededor de los siete desafíos estratégicos allí planteados, nos parece totalmente insuficiente y restrictivo. Si estamos hablando del Chile del 2030, debemos ampliar la invitación a todos los chilenos para que participen todos quienes van a ser sus verdaderos protagonistas, es decir la ciudadanía entera y particularmente los jóvenes. Dejemos que sean ellos los que principalmente opinen y no pretendamos dibujarles el país que ellos van a gobernar.

Reconocemos el enorme valor de la reforma constitucional del año 2005 y las anteriores modificaciones hechas a la Carta fundamental desde 1989 a la fecha. Sin embargo hay una afirmación en el artículo del ex Presidente que no compartimos en lo absoluto y que constituye su gran equivocación, y es la idea que en la reforma constitucional del año 2005 se eliminaron todos los enclaves autoritarios salvo el sistema binominal.
La reforma constitucional del año 2005 que el mismo Sr. Lagos presidió también sirvió para validar y en algunos casos reforzar con su firma y ceremonial en La Moneda, algunos de los rasgos más autoritarios de nuestra Carta fundamental. Hoy el artículo 1 y siguientes mantienen la referencia a la seguridad nacional, que es una doctrina que supone la existencia del enemigo interno. Todavía el artículo 9 consagra normas sobre el terrorismo que contradicen principios básicos del derecho penal. Algunas de las normas sobre nacionalidad y ciudadanía del capítulo 2 de la Constitución vigentes infringen los derechos humanos de tratados vigentes en Chile. Además, el artículo 23 valida a nivel constitucional el corporativismo al mantener una separación arcaica entre política y los “grupos intermedios” o “gremios”. Hoy todo el capítulo 3 de la Constitución protege la no interferencia estatal en materia de derechos, pero no garantiza con la misma fuerza la igualdad en materia laboral, salud y educación entre otros derechos. Esta falta de garantías parece a algunos políticos una cuestión doctrinaria, pero para la gran mayoría de los ciudadanos, son verdaderos enclaves autoritarios, al dejarlos indefensos frente a los abusos de las AFP, las ISAPRES, las Universidades Privadas o las organizaciones empresariales.
En cuanto a los aspectos orgánicos la Constitución mantiene un rasgo de presidencialismo autoritario exacerbado de modo creciente desde 1925 a la fecha. A pesar de su enorme poder, todavía se exime a los Consejeros del Banco Central y del Tribunal Constitucional de responsabilidad política y constitucional, persiste el Consejo de Seguridad Nacional y un capítulo completo dedicado a las Fuerzas Armadas en la Constitución que no es compatible con el constitucionalismo republicano. Incluso más, el Consejo de Seguridad Nacional ahora refuerza el carácter autoritario y cívico militar del presidencialismo cesarista tan propio de la Constitución chilena. Esta constitución no valora y obstruye la participación de los ciudadanos.
Se contratan asesores en comunicación para dar por cerrada la transición, al mismo tiempo que se agregan nuevos artículos transitorios a la carta fundamental. Mientras existan las disposiciones transitorias que tiene nuestra constitución, no tendremos plena democracia. Las leyes orgánicas constitucionales y el abstruso mecanismo de control constitucional, constituye otra barrera anti-democrática de nuestra Carta fundamental. En fin, son tantas y tan profundas las materias que requieren reforma que cabe alarmarse cuando el ex presidente las denomina como cuestiones simplemente semánticas.
Por eso estamos de acuerdo con el Sr. Lagos cuando dice que: “somos capaces de dotarnos de una nueva Constitución definida de una manera democrática y con la ciudadanía”; pero no compartimos su idea que sólo ahora podemos hacerlo. En la campaña presidencial del año 2009 todas las fuerzas políticas, incluso la derecha se abrió a la posibilidad de un cambio constitucional profundo en materias como la regionalización, el equilibro entre el Presidente y el Congreso, la revisión del sistema de control constitucional. La necesidad de una nueva constitución para Chile no surge sólo a partir del año 2005 ni tampoco ahora. Esta ahí presente desde siempre y ha faltado en la clase política la voluntad de hacerla.
Al igual que con la tesis de la justicia en la medida de lo posible, en el tema constitucional se pretende aplicar un axioma similar que es democracia en la medida de lo posible. La dirigencia de la Concertación ha terminado aceptando como plenamente democrático y llamando a la descalificación semántica a los críticos de un sistema que excluye a importantes sectores de la población, tales como las minorías electorales, sindicales, raciales, religiosas etc. Aceptó una carta fundamental que no consagra ni garantiza la salud y la educación como derechos, que no protege suficientemente los recursos naturales y somete su uso a sistemas discrecionales y tecnocráticos que devienen fácilmente en arbitrariedad y ganancia para pescadores. Ha validado un modelo económico basado solo en el mercado y no en la equidad, que refuerza el centralismo y la concentración del poder, que entrega a las directivas de los partidos con muy poca base de representación, el monopolio de la actividad política no estableciendo como exigencias la democracia interna, la transparencia en el uso de los recursos, la fidelidad de los padrones etc. A las directivas de esos partidos les otorga súper poderes, que parecen poderes preferentes para actuar en política, tal es el poder de elegir autoridades judiciales y adminstrativas vía acuerdos parlamentarios, designar reemplazantes en caso de vacancia del cargo de parlamentario, y cierra el círculo de la arbitrariedad con la consagración del secretismo parlamentario en el artículo 5 de la Ley del Congreso.
Para la dirigencia de la Concertación actual una mayor democratización se reduce a una reforma política minimalista que consiste en cambiar el sistema electoral, quizá sólo ampliando los cupos del Senado y la Cámara, junto con permitir sin restricciones el derecho a voto de los chilenos en el exterior y para obtener financiamiento público a los partidos políticos. A esa dirigencia no le importan los jóvenes y persiguen a los independientes y a los díscolos. Ha renegado del compromiso de campaña de ampliar el padrón electoral al descubrir ahora que se puede trabar la reforma electoral con la exigencia retórica del voto obligatorio porque tampoco se tramita como cambio constitucional serio. No se hace cargo de la falta de legitimidad del sistema político, derivada de la exclusión del 40% de los chilenos que podrían tener derecho a voto. Los parlamentarios de la Alianza y la Concertación están más cómodos con electores conocidos y amarrados (por el voto obligatorio y el binominal) que incorporando electores nuevos a sus distritos. Como lo dijo el actual Presidente de la DC, se satisfacen con una democracia de partidos, y está tan asegurada su posición de privilegio, que no importa si los partidos funcionan. No importa que no se cumpla el quórum para fiscalizar los problemas de la VIII Región, los atrasos y fraudes en la reconstrucción, el caso MINVU-KODAMA y que la Alianza los “madrugue” pidiendo comisiones investigadoras que ellos no fueron capaces de constituir. Los chilenos queremos una nueva Constitución para el Bicentenario. Ojalá no sea la derecha y los partidos de la Alianza los que se tomen este tema en serio y de nuevo madruguen a la remolona política de la Concertación.
La dirigencia de la Concertación nunca se ha jugado de verdad por elegir las autoridades regionales y por la descentralización de los fondos sectoriales. Tampoco creen en la desconcentración. Estos son algunos de los temas de la nueva Constitución y no son cuestiones semánticas como dice en forma errada el ex presidente. La discusión es de fondo. La propuesta constitucional de Océanos Azules consiste en impulsar el desarrollo que Chile necesita a través de un acuerdo país que convoque a todos los chilenos, a trabajadores, empresarios y al gobierno, a construir un nuevo Estado Social y Democrático de Derecho. Para ello se requiere de una propuesta de reforma constitucional que no es pura semántica o mera cuestión de palabrería y denominación. Lo que se propone seguir es el modelo de los países desarrollados de la OECD, con los que esperamos asociarnos en forma cada vez más estrecha. El Estado hemos propuesto definirlo como social para que asegure jurídicamente y financie de manera estable una red de protección que se forme con los derechos del trabajo, educación, salud, seguridad social y sindicalización entre otros. Esta red garantiza un mínimo mediante programas, leyes e incluso la Constitución para reducir la discrecionalidad de los gobiernos en su provisión. También se debe fundar en el diálogo permanente y equilibrado entre trabajadores y empresarios. Todas estas ideas requieren de reformas constitucionales profundas.
El Estado se lo define como democrático, renuncia al centralismo que tanto ha servido a los evangelistas neoliberales para controlar el país sin someter las cuestiones públicas a la deliberación ciudadana y porque redistribuye su poder de manera más profunda y participativa a nivel central, regional y comunal y se da más participación y atribuciones a los ciudadanos. Este nuevo espíritu de servicio público más participativo en todas las áreas del gobierno impulsará la creatividad y el emprendimiento público y privado y una cultura de deberes y responsabilidades republicanas que implica una nueva forma de pensar la ciudadanía chilena en su aspecto político, social y también económico. Finalmente, se propone terminar con todas las formas de exclusión, tales como la falta de representación de la izquierda parlamentaria, la de los que no pueden votar por vivir en el extranjero o de la falta de reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Para realizar este cambio deben aprobarse cambios constitucionales profundos y el Gobierno debe tecnificarse de manera más equilibrada para poder administrar los recursos de todos los chilenos con más eficiencia en cada una de estas nuevas instancias de poder. Este proyecto es progresista porque expresa los ideales de centro y de izquierda y porque suma grandes mayorías a esta nueva visión republicana que expresa lo mejor de nuestra tradición chilena.
Nosotros estamos de acuerdo con el Sr. Lagos que una nueva Constitución debe emanar de la soberanía popular, pero el ex Presidente todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de la propuesta de carta fundamental. También se requiere también de un procedimiento que sea factible para llegar a debatir la nueva carta fundamental que se pronuncie sobre los méritos y beneficios de una Asamblea o de una Comisión Constituyente. En definitiva, Ricardo Lagos debe pronunciarse contra nuestro gatopardismo constitucional. Que diga si quiere una nueva Constitución de verdad, o si respecto a nuestra carta fundamental prefiere repetir el conocido refrán del te quiero mucho, poquito y nada. Si está en contra de la democracia restringida y en la medida de lo posible. Si quiere terminar con una Carta fundamental que hasta ahora en demasiadas áreas muy importantes ha sido en verdad la justificación para hacer imposible la democracia representativa y participativa en Chile. Quedan pendientes todavía algunas de nuestras críticas al documento del Sr. Lagos sobre Chile 2030 que incluyen sus referencias a una reforma tributaria, de educación, participación y otras que Chile necesita. Ya vendrán.
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