Las cosas por su nombre | Alfredo Jocelyn-Holt

Los gobiernos tienen la torpe costumbre de querer imponer su “visión” histórica. Tanto el ceremonial público (los homenajes y otras pérdidas de tiempo y recursos) como el currículo nacional son los principales instrumentos de ese accionar oficialista del cual los historiadores, con prudente razón, desconfiamos. Hace un año, fue tal el repudio de moros y cristianos que produjo el intento de rebajar las horas de historia en la programación curricular, que el Mineduc tuvo que echar pie atrás. Pero todo triunfo tiene sus costos, y ello desvió la atención de otras propuestas más discutibles que se han ido introduciendo. El ex ministro Bulnes, lo hemos visto, ha estado dedicado a parar ese otro extremismo: la marea estudiantil.

Desde mucho antes de asumir el gobierno, ciertos sectores afines se propusieron eliminar toda referencia al carácter de “dictadura” de la dictadura reciente, prefiriendo tildarla de meramente “régimen” o, más aguachento aún, de “gobierno” militar. La historia es interpretación, pero eso no quiere decir que sea subjetiva o arbitrariamente parcial. Hay ciertos sentidos que dan las cosas que, a su vez, dan el nombre. Por ejemplo, “golpe”, referido al del 73, se ha impuesto porque lo fue, y brutal, nos parezca bien o mal que lo haya sido o que ocurriera.

En cambio, “pronunciamiento”, que es como a algunos les gustaba llamarlo, ha caído en desuso, porque ya era un término arcaico y rebuscado. Ortega y Gasset, en su clásica España invertebrada (1921), refiriéndose a la manía muy españolísima, muy decimonónica, de “pronunciarse” sus militares, sostenía: “Aquellos coroneles y generales, tan atractivos por su temple heroico y su sublime ingenuidad, pero tan cerrados de cabeza, estaban convencidos de su ‘idea’ no como está convencido un hombre normal, sino como suelen los locos y los imbéciles. Cuando un loco o imbécil se convence de algo, no se da por convencido él solo, sino que al mismo tiempo cree que están convencidos todos los demás mortales. No consideran, pues, necesario esforzarse en persuadir a los demás (…); les basta con proclamar, con ‘pronunciar’ la opinión de que se trata (…). Así, aquellos generales y coroneles creían que con dar ellos el ‘grito’ en un cuartel, toda la anchura de España iba a resonar en ecos coincidentes”. De lo que se deduce que los “pronunciamientos” (haya o no “ideas”) instauran “dictaduras”, no “gobiernos”. Si hemos de pecar de algo, pequemos, pues, de conservadores: en los liceos y colegios de Chile haría bien leer a Ortega.

Hay otras razones para aconsejar ese curso. Dictadura es un término jurídica y políticamente denso (me remito a los romanos), no es sólo un epíteto, y de eso se trata la educación: de complejizar las cosas, no hacerle el quite al bulto. Las desincronizaciones burdas, además, confunden. Si dentro del aula se afirma que la tierra es plana, tarde o temprano se va a chocar con lo de “afuera”: que la tierra es redonda y gira alrededor del sol. Es más, hablar de “gobierno militar” sólo alude a que no sería “civil”, lo que es bien complicado. Por de pronto, no fue para nada civil, y supuso bastante más que unos cuantos militares “gobernándonos”. Por último, de lo que se trata es que los alumnos no salgan a la calle, sí que se ilustren.




Movimiento estudiantil y crisis de representación | Entrevista a Gabriel Salazar

Gabriel Salazar, historiador, profesor de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Historia, es entrevistado por primera vez en la televisión abierta en un horario prime. En esta ocasión revisita los conflictos sociales y políticos de la historia de Chile y su relación con el actual movimiento estudiantil que tras seis meses de movilizaciones ha puesto en evidencia la crisis de representatividad de la democracia chilena.


Mercaderes, empresarios y capitalistas | Gabriel Salazar y Alfredo Jocelyn-Holt

En este seminario, realizado en el Centro de Estudios Públicos de Santiago de Chile, los historiadores y profesores de la Universidad de Chile Gabriel Salazar y Alfredo Jocelyn-Holt analizan la trama principal del libro Mercaderes, empresarios y capitalistas. (Chile, siglo XIX), una investigación de 800 páginas que indaga en la confluencia de una lógica económica capitalista y un orden oligárquico sobre el cual se sostiene el orden político chileno de fines del siglo XIX.

La mala educación | Gabriel Salazar y María Olivia Monckeberg

Gabriel Salazar (Premio Nacional de Historia) y María Olivia Monckeberg (Premio Nacional de Periodismo), profesores de la Universidad de Chile, analizan la crisis de la educación en Chile y el movimiento estudiantil de 2011. Entrevistas realizadas por estudiantes de la Escuela de Periodismo y del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

La mala educación | Gabriel Salazar y María Olivia Monckeberg

Gabriel Salazar (Premio Nacional de Historia) y María Olivia Monckeberg (Premio Nacional de Periodismo), profesores de la Universidad de Chile, analizan la crisis de la educación en Chile y el movimiento estudiantil de 2011. Entrevistas realizadas por estudiantes de la Escuela de Periodismo y del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

La apropiación indebida de un patrimonio inmaterial | Nicolás Ocaranza

Desde un tiempo a esta parte, la figura del ex-presidente Salvador Allende se ha convertido en un ícono pop. Su rostro, disimulado por unos característicos anteojos de ancho marco, se distingue fácilmente en casi todas las banderas y lienzos que se blanden durante las protestas callejeras, así como en los variados stencils estampados en las paredes santiaguinas que nos recuerdan el pasado 11 de septiembre. Al igual que a ese Che Guevara globalizado y desideologizado, quienes intentan rescatar a Allende del baúl de los recuerdos sólo se interesan por el ícono pero no por su proyecto político ni por su incuestionable compromiso republicano.
Pero el culto a Allende no solamente alimenta a esa iconofilia tan propia de la juventud rebelde que emerge en estos días en que muchas heridas del pasado se abren y supuran infectadas a causa de los múltiples conflictos político-sociales no resueltos; también algunos personajes de la Concertación han iniciado un nuevo revival allendista que ha convertido al último bastión del republicanismo chileno en otro fetiche más de su panteón multicolor. Desorientados por la derrota electoral que les propinó la derecha y en una frenética búsqueda de un referente que sea capaz de dar sentido al sinsentido de su existencia política, los concertacionistas no han encontrado una mejor opción que apropiarse de ese patrimonio inmaterial de la vieja izquierda chilena que encarna Salvador Allende. Pese a que la Concertación perpetuó la herencia neoliberal, constitucional, privatizadora y censitaria de la dictadura militar, sus voceros insisten en extender un falso hilo conductor que los vincule a ese pasado revolucionario previo al golpe de estado de 1973.

No sorprenden, entonces, las palabras de la presidenta del Partido por la Democracia, Carolina Tohá, en una columna que publicó The Clinic el pasado 5 de septiembre. En su escrito, Tohá realiza una apropiación oportunista de la figura de Allende para mostrar a su partido como el “heredero legítimo” de ese corpus ético-político que caracterizó al presidente de la Unidad Popular. De sus palabras se infiere que lo que verdaderamente interesa a la Concertación no es el balance histórico del fracaso de la Unidad Popular como alternativa política a la derecha y a la Democracia Cristiana, como tampoco el análisis de aquellas decisiones políticas tomadas por Allende que dejan una serie de dudas sobre su real habilidad para gobernar a la variopinta coalición que lideraba (el evidente el contraste entre un Partido Comunista comprometido con la viabilidad institucional y constitucional del proyecto revolucionario versus un Partido Socialista cada vez más díscolo, fraccionado y dispuesto a transgredir la legalidad constitucional), sino la figura de un Allende que sirva de reserva moral para una Concertación cuya única fuerza moral fue “el transar sin parar” –como bien lo escribió hace algunos años el historiador Alfredo Jocelyn-Holt-. 

Transcurridos seis meses desde que la Concertación cediera al poder a la derecha, la actual oposición ha iniciado una búsqueda desesperada de explicaciones a su derrota electoral. Las tesis que han salido a la luz pública apuntan en dos direcciones. La primera, expuesta por el lobbysta y empresario de la comunicación estratégica, Eugenio Tironi, ofrece una mirada autoflagelante y desesperanzada ante el caos y dispersión en que ha quedado sumida, según sus palabras, la “coalición política más exitosa de la historia de Chile”. La segunda tesis, si es que podemos llamar tesis a un par de intuiciones vagas, es la de la ex-presidenta Michelle Bachelet y su aparente sucesora, Carolina Tohá, quienes insisten en que la Concertación tiene un patrimonio moral comprometido con la igualdad, la justicia social y la defensa de los Derechos Humanos que es la base sobre la cual es posible reconstruir un proyecto político futuro.

Con todo, lo que llama la atención de ambos diagnósticos es el tardío mea culpa realizado por los líderes concertacionistas, quienes después de 19 años gobernando recién han comenzado a analizar de una manera menos autocomplaciente el fracaso de sus políticas en educación, la aberrante privatización de los servicios básicos de uso público como el agua, la electricidad y el transporte urbano, y los escasos avances logrados en temas claves como la redistribución de los ingresos, la concentración de la riqueza, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la reforma al sistema electoral binominal y la efectiva inclusión de las regiones en el debate sobre las políticas públicas nacionales.

Frente a los desoladores diagnósticos que entregan los informes de desarrollo humano del PNUD y algunas investigaciones académicas sobre la democratización política (cf. Manuel Antonio Garretón. “La Democracia incompleta en Chile: la realidad tras los rankings internacionales, en Revista de Ciencia Política, volumen 30, nº 1, 2010), el legado concertacionista se aleja demasiado del proceso democratizador iniciado por el gobierno de Salvador Allende. En una época en que la participación política de los jóvenes cayó en picada y en que la exclusión de los partidos políticos que se encuentran fuera de la hegemonía que concede el sistema binominal se mantuvo durante tres gobiernos concertacionistas, la homologación entre éstos últimos y Allende no es más que un delito de apropiación indebida de un patrimonio inmaterial que pertenece a todos aquellos que luchan por una constitución verdaderamente igualitaria e inclusiva y por un sistema político verdaderamente representativo y democrático.

 Nicolás Ocaranza

Entrevista al historiador José Bengoa a propósito de la huelga mapuche | Pedro Cayuqueo

Antropólogo, filósofo y Premio Nacional de Historia, José Bengoa es una de las voces más autorizadas a la hora de referirse al pueblo mapuche en Chile. Autor de la monumental “Historia del Pueblo Mapuche” y del ensayo “Historia de un Conflicto: El Estado y los Mapuches en el Siglo XX”, sus investigaciones antropológicas e históricas han nutrido a numerosas generaciones de mapuches en la búsqueda de aquella parte de la historia silenciada por la academia oficial.
Ex director en los 90′ de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), integrante de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato durante el gobierno de Ricardo Lagos, y miembro de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU, su experiencia en el ámbito del derecho internacional humanitario resulta clave además para desnudar el doble estándar del Estado chileno frente a la demanda mapuche.
Sobre la huelga de hambre que se desarrolla en prisiones, las acusaciones de terrorismo que pesan sobre dirigentes y organizaciones, el rol de la prensa y los desafíos políticos que implica superar un conflicto en apariencia interminable, conversó Bengoa con el periódico Azkintuwe.
-Nuevamente una huelga de hambre es protagonizada por mapuches en las cárceles del sur. ¿Qué le parece?
La huelga de hambre siempre es un recurso extremo, al que tienen derecho las personas que sienten que sus derechos están siendo violados. Es el caso de los presos políticos mapuches, en particular de todos aquellos que están siendo acusados de diversas materias que no tienen siquiera que ver con delitos comunes, o que si así lo fuesen serían materia de un juicio corriente o a veces incluso de un Juzgado de Policía local. Si no se les aplicara la Ley Antiterrorista estarían en libertad. Hay aquí una situación aberrante que hemos denunciado desde hace ya muchos años. En algunos casos la prueba ha sido tener un bidón de bencina en la casa, lo que es absolutamente normal en una casa de agricultores que tienen motosierras y herramientas que requieren de ese combustible. Durante años los juicios han expresado exclusivamente la prepotencia del poder, como en el caso de Agustín Figueroa, quien logró revertir los fallos que no le daban la razón empleando todo el poder que le otorga esta sociedad. Así hay numerosos casos. Prueba de ello que cuando se ha ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha acogido la demanda de los comuneros señalando la ausencia de juicios justos.
– ¿Que opinión le merece que a los mapuches se los acuse en Chile de “terrorismo”?
El “terrorismo” siempre es y ha sido una construcción del Estado. Se acusa a quien se quiere castigar de “terrorista”. Cuántas veces no ocurrió en Chile? ¿Cuántos acusados de terrorismo en el mundo no han ganado posteriormente el Premio Nobel de la Paz? Es una herramienta malvada del Estado y en este caso del Estado chileno. Además muy poco adecuada. Cuando se acusa de terrorismo las personas son criminalizadas y se desata una espiral que es muy compleja y a veces muy difícil posteriormente de resolver. He estudiado la casi totalidad de los juicios, los que son públicos, y me cabe la convicción que las acusaciones son absolutamente injustificadas. Durante los gobiernos pasados se criminalizó de un modo inaceptable el “conflicto mapuche”.
-En muchos casos las acusaciones de la fiscalía no logran desembocar en fallos condenatorios. Muchos comuneros, tras largos periodos en prisión, han sido absueltos finalmente. ¿Lo judicial como una herramienta de contención?
Creo que son procesos judiciales puramente de intimidación. La mayor parte de los casos concretos son situaciones locales de viejos conflictos entre propietarios y comunidades. Nunca a nadie se le ocurrió que un conflicto de límites, una reivindicación territorial, deslindes, etc.…fuera terrorismo. Hay un gravísimo error conceptual y a lo más una enorme desproporción que cuando los juicios avanzan no resisten el valor de la prueba. El Estado y el Gobierno fue presionado por una serie de fantasmas, muchos de ellos de carácter internacional, que veían en las acciones reivindicativas de jóvenes mapuches, a figuras como Bin Laden o cualquier otro constructor de “la guerra contra el mal”. La presión de los intereses regionales fue y ha sido muy fuerte. Con una gran irresponsabilidad el Diario El Mercurio asumió esos intereses de manera ciega y con el ánimo de confundir y erosionar a los Gobiernos de la Concertación, el famoso Plan de Desalojo, levantó el fantasma del terrorismo.
-¿Observa una estrategia de El Mercurio al respecto?
Un análisis sereno de las informaciones de este diario muestra que se trató al menos de una campaña orquestada y sistemática. El Decano de la Prensa suele poner la agenda informativa en Chile. El terrorismo del sur fue repetido sin pensar por los canales de televisión que construyeron de modo irresponsable la imagen de ingobernabilidad. Los Gobiernos de la Concertación, siempre temerosos de lo que les dijera el Diario El Mercurio, asumieron en la práctica que se trataba de terrorismo y aplicaron la famosa y maldita ley. Así la espiral ha seguido. Las palabras sacan palabras, los hechos, hechos. El actual gobierno se tendrá que tragar los dichos por sus corifeos. La construcción del terrorismo del sur de Chile se deshacerá y vemos que Piñera se puede enfrentar a uno de sus problemas mas complejos: la presión de la sociedad y elites regionales y los dichos de sus ad láteres, y la presión nacional e internacional que a no dudarlo si continúa la huelga de hambre va a explotar.
-¿Actúan los grandes medios como voceros de aquellas elites contrarias a la demanda mapuche?
Los medios de comunicación en Chile han llegado a un grado de monopolio y control espectacular. Lo que no les interesa a sus propietarios, que coinciden con los grandes propietarios de todo y ahora del poder político del ejecutivo, no existe, y esa es una verdad del tamaño de una catedral. La huelga de hambre ha sido silenciada. Pero cuidado que es la peor política, ya que en estos casos cuando la situación se pone crítica, ojala que no llegue al nivel de peligrar las vidas de los huelguistas, va a explotar. Las consecuencias no las podemos siquiera imaginar.
-¿Qué piensa cuando escucha hablar tan ligeramente de vinculaciones mapuches con grupos guerrilleros de otras latitudes?
Que se trata de acusaciones sin fundamento y que solo expresan el racismo de ciertos sectores que consideran que los mapuches no son capaces de llevar en forma autónoma un movimiento de estas características. Los dirigentes mapuches no tienen nada que ir a preguntarles a los vascos u otros pueblos en situaciones radicalmente diferentes y en contextos políticos muy distintos. Muy diferente es que haya solidaridad entre los pueblos. Hay una paradoja en todas estas acusaciones de apoyo internacional. Las elites del país están orgullosas de la globalización, pero aceptan las redes globales solamente en lo que les interesa. Cuando no es así acusan de “ingerencia extranjera” en los asuntos nacionales. Alguien podría preguntarse por el doble estándar.
-Usted participó activamente del proceso que desembocó en la actual Ley Indígena, ello a comienzos de los 90′. ¿Cómo calificaría las políticas indígenas de los últimos gobiernos? ¿Se ajustan a estándares de países democráticos?
Ha habido aspectos sin duda positivos relacionados con un mayor reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas de Chile, lo que se ha expresado en mayor visibilidad de estos asuntos, en políticas de educación, bilingüismo, salud intercultural, fomento a las culturas, que antes no existía. La misma política del Fondo de Tierras es algo nuevo y producto de políticas favorables a las causas indígenas. Sin embargo, estas políticas han sido muy contradictorias. En ningún momento ha habido un reconocimiento de un real sujeto indígena, una contraparte con la cual establecer un diálogo sin consideraciones previas ni cortapisas. Con los años las políticas indígenas se quedaron sin contrapartes fuertes, las que fueron ignoradas cuando existían, y solamente se aplicaron políticas clientelísticas, que obviamente no lograron resolver nada importante. El caso mas ejemplificador es el del Programa Orígenes que si bien tuvo muy buenas y correctas intenciones se fue desperfilando hasta llegar a ser un sistema de reparto de dádivas a clientes. A eso se suma la maquinaria clientelística local y regional que es muy fuerte y que no tiene interés en permitir la construcción de sujetos colectivos y por tanto es muy eficaz cuando se trata solamente de “repartir”.
-En este plano, ¿qué opinión le merece la constante estrategia de las autoridades de llevar el conflicto a tribunales?
Personalmente creo que la judicialización de los conflictos de carácter social es el camino peor ya que se produce cuando se niega la política. Estos conflictos son fundamentalmente políticos y la autoridad los debe entender como tales. La política significa siempre reconocer a los interlocutores, establecer bases de discusión, llegar a acuerdos y por cierto a desacuerdos, etc.… Cuando los caminos políticos se cierran queda como argumento la judicialización de la política, que es sin duda un camino muy poco adecuado para los conflictos sociales. Lamentablemente lo que uno observa es que crecientemente al abandonarse la política se lleva el conflicto a los Tribunales. Pero estos por su naturaleza verán caso a caso. No habrá por tanto políticas adecuadas lo que conllevará a mayores dificultades, penurias, y sin duda nuevos conflictos.
-Chile se prepara para las celebraciones del Bicentenario. ¿Existe a su juicio una deuda pendiente, no abordada debidamente, de Chile con el pueblo mapuche y con su propia historia?
Lo escribimos hace ya tiempo en la Trilogía del Bicentenario, diciendo que es el hecho mas lamentable que para el Bicentenario no exista un mínimo de acuerdos, de memorias compartidas entre el Estado, la sociedad chilena y el Pueblo mapuche en este caso. Cuando escucho a quienes dicen que “no tenemos nada que celebrar”, creo que tienen la razón. Muchos creímos que estas fechas emblemáticas podían ser una ocasión para que las así llamadas “Memorias Subalternas” se hicieran parte, o al menos fueran Conmemoraciones. A la primera convocatoria de una Comisión del Bicentenario asistimos y participamos Elicura Chihuailaf, Sonia Montecinos y el que habla, pensando que quizá podría hacerse algo. Algo tratamos de hacer. Al poco tiempo nos dimos cuenta que se iba desdibujando y cerrando las posibilidades de hacer cosas, y con el tiempo se acabó todo; la misma Comisión no se reunió nunca mas y se clausuró sola; nadie la sepultó ni le rezó un responso. Muy lamentable experiencia. Me temo, como ya se está viendo en los programas de la televisión con ocasión del Bicentenario, que va a haber un uso folklorizante de la cuestión indígena y una reducción de la misma a asuntos anecdóticos sacados de contexto. En medio de las festividades pondrán a algunas niñas pseudo pascuenses a bailar, unos aymaras a danzar y una trutruca se escuchará a lo lejos. En los cuatro días de celebraciones del próximo mes de septiembre, todo el mundo estará de tal suerte borracho que no se recordarán ni los ancestros ni se tomará nota de la diversidad cultural.
-¿Vislumbra en el horizonte alguna salida política al escenario de conflictividad que se vive?
Las elites nacionales y sobre todo regionales están muy lejos de aceptar la existencia de una sociedad y pueblo mapuche en este caso dotado de personalidad propia. No ha habido ni un solo cambio institucional en que se tome en cuenta a esta realidad social del país. Por ejemplo, en los gobiernos regionales de áreas de alta concentración indígena no existe ningún mecanismo para posibilitar una participación adecuada, digna, correcta, en fin, reconocer en la institucionalidad política del Estado la existencia indígena. En el caso de los Municipios, que fue una luz muy esperanzadora, tampoco ha ocurrido nada. El Estado considera que los Municipios donde hay mayoría absoluta de población indígena no deben ser diferentes a los que no la tienen. Los partidos políticos han sido muy mezquinos en esta materia y salvo uno que otro caso, no consideran la incorporación por ejemplo de candidatos indígenas en sus listas, privilegiándose los grupos de presión y las camarillas como es público y notorio.
-¿Y respecto del movimiento mapuche, de sus cuadros dirigenciales y políticas?
Las elites mapuches han visto cerrados todos los caminos institucionales y eso es de una gravedad enorme. No es lo que ocurrió en la mayor parte del siglo veinte en que a lo menos existían sistemas y líderes que establecían algún grado de intermediación. Este cierre del sistema político convierte a todo quien reclama o establece demandas en un sospechoso de estar fuera del sistema. De allí a acusarlo de delincuente o simplemente de terrorista como se ha señalado en sus preguntas mas arriba, hay un solo paso. La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, señaló con fuerza este asunto, propuso diversas alternativas, y todas ellas cayeron en el canasto de los papeles. Es muy raro, pero es así, el sistema político chileno no tiene ninguna disponibilidad a modificarse, a lo menos incorporando las demandas mas básicas de participación de los pueblos indígenas. Al no existir sistemas de mediación institucional no cabe mucha duda que el conflicto está a la vuelta de la esquina y probablemente va a continuar y se va ha acrecentar. Podríamos decir que esta impronta de carácter colonial, la no inclusión de lo indígena como asunto institucional de la política, es el elemento clave en el debate. Las elites indígenas y en particular mapuche se han desarrollado de tal suerte que consideramos, como observadores de esta realidad, que es imposible volver atrás.
-¿En qué ámbito observa usted este desarrollo de la actual dirigencia mapuche?
Las elites indígenas y mapuches en particular poseen un explícito discurso post y anti colonial. No creo que puedan aceptar el tipo de integración subordinada que ofrece el Estado y en particular el Gobierno actual. Los gobiernos anteriores también estaban imbuidos de estas ideas pero había en su interior elementos mas contradictorios, como por ejemplo el programa “Renacer” que durante Bachelet se trató de poner en marcha y que cayó de tal suerte que hoy es solamente un recuerdo para el estudio de arqueólogos de las ideas. La lectura de los trabajos realizados en la Fundación Paz Ciudadana, por quienes ahora son máximas autoridades de gobierno, por ejemplo la Ministra Secretaria de Gobierno, muestra que la tendencia a la reducción de la cuestión mapuche a un asunto de pobreza es mayoritaria, clara y definida. No solo no hay un reconocimiento del sujeto en su particularidad sino que hay una apuesta a que el asunto indígena se resuelve en el no reconocimiento, o en su reducción a pobres o a personas con algunas características culturales y folklóricas propias. No sabemos lo que va a ocurrir pero el asunto no se ve bien.

Entrevista al historiador Gabriel Salazar | CNN Chile

En esta entrevista, Gabriel Salazar, profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Historia, explica las ideas centrales de su libro “Mercaderes, empresarios y capitalistas” y desmitifica la continuidad del orden político portaliano.
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