Momento gaditano | Roberto Breña

La Constitución de Cádiz representa la entrada de España en la «modernidad política» (con todas las comillas que se quieran añadir a las ya utilizadas) y supone un paso muy significativo en los inicios de la vida política «moderna» de Hispanoamé…

La Constitución de Cádiz representa la entrada de España en la «modernidad política» (con todas las comillas que se quieran añadir a las ya utilizadas) y supone un paso muy significativo en los inicios de la vida política «moderna» de Hispanoamérica (ídem). En el primer caso, la fugacidad de la primera experiencia liberal española y el aclamado regreso de Fernando VII, y con él el del absolutismo, complican sin duda cualquier valoración histórica de dicha experiencia. En el segundo, existen variaciones de acuerdo con el territorio americano de que se trate; un hecho que se deriva en gran medida de la aplicación o no aplicación del documento gaditano. Sin entrar en pormenores, el lugar que éste ocupa actualmente en la historia política de México o Perú es mucho más importante que el que le conceden, por ejemplo, venezolanos o argentinos. No obstante, como lo ha mostrado la historiografía de los últimos lustros, estas diferencias al interior de América Latina no son tan marcadas como se pensó durante mucho tiempo; entre otros motivos porque el legado gaditano va mucho más allá de los 384 artículos que integran el documento en cuestión.

Antes de proseguir, apunto algunas de las apropiaciones y de las exageraciones de las que hemos sido testigos en los últimos años respecto a dicho legado, las cuales no han podido pasar desapercibidas para cualquier observador medianamente atento a los eventos y festejos bicentenarios que comenzaron en España y América Latina en 2008, que llegaron a su punto más alto en el subcontinente en 2010 y que refluyen ahora hacia la península Ibérica con motivo de la Constitución de 1812. Para los españoles, la apropiación política de Cádiz como un momento fundacional de la España actual (es decir, de la España democrática y europeísta), no puede sorprender a nadie y tampoco suscitar demasiada suspicacia. Lo que sí llama la atención, al menos a quien esto escribe, es ese intento por hacer de la Constitución de Cádiz no sólo el texto fundacional de la vida política de la España contemporánea, sino también, en la misma medida, de la Hispanoamérica de 2012. Es cierto que entre las decenas de textos de índole constitucional que se promulgaron en el mundo hispánico durante los tres lustros que van de 1811 a 1826 únicamente el documento gaditano pretendió regir a todo ese mundo, como también lo es que la reunión de las Cortes desde septiembre de 1810 contribuyó notablemente a promover la convocatoria de los innumerables congresos americanos responsables de la explosión constitucional referida. Sin embargo, el texto gaditano no fue la «guía» o el «faro» de todos los demás, como se ha sugerido en más de una ocasión. En sentido estricto, no podía serlo; no sólo porque algunos de los textos americanos lo preceden en el tiempo, sino también porque para cuando se promulga en marzo de 1812 algunos territorios ya habían declarado su independencia y/o desconocían a las Cortes (y, por lo tanto, rechazaron la Constitución). Lo que no justifica, por lo demás, la ignorancia de algunos académicos de América Latina, «especialistas» en el periodo emancipador, respecto a los eventos metropolitanos que tuvieron lugar entre 1808 y 1814 (por no hablar del reinado de Carlos IV), así como tampoco justifica las críticas recientes de historiadores latinoamericanos en el sentido de que algunos estudiosos del tema pretendemos explicar los procesos emancipadores americanos en clave gaditana, por decirlo de algún modo. Lo que pretendemos, si de «pretensiones» se puede hablar, es algo distinto: mostrar que si no se conocen bien los eventos metropolitanos del primer cuarto del siglo XIX, sobre todo la revolución liberal del sexenio 1808-1814, resulta imposible entender cabalmente dichos procesos.

La trascendencia de la Constitución de Cádiz fue más allá de Hispanoamérica (como lo prueba su influjo en Portugal, Italia y Rusia). Sin embargo, independientemente de estas influencias y de las disposiciones jurídicas que pudieron haber sido retomadas en los documentos constitucionales americanos del periodo emancipador, me parece importante insistir en que Cádiz representa mucho más que un texto constitucional. A ojo de pájaro y centrándome en el ámbito hispanoamericano, pienso en la participación americana en una asamblea que súbitamente reemplazó a una monarquía que había funcionado «imperialmente» durante casi tres siglos; en la aparición, igualmente súbita, de una libertad de imprenta que modificó profundamente la vida pública en todo el mundo hispánico; en la recuperación, transformación y reutilización de ideas sobre la soberanía popular que, pese a todo su «tradicionalismo», en la coyuntura provocada por la crisis de 1808 significaron una revolución copernicana sobre la política y lo político; por último, en el surgimiento y acelerado fortalecimiento de una conciencia entre los españoles americanos de que su destino político dependía sobre todo de lo que ellos hicieran o dejaran de hacer. Este último elemento puede sonar perogrullesco si se olvida que durante casi trescientos años el trato que habían recibido puede definirse sin demasiados problemas como «colonial» (más allá de una legislación y de una retórica jurídicas que sugieren que el uso de este adjetivo es una especie de sacrilegio).

Concluyo estas líneas subrayando el carácter extraordinario de lo que podemos denominar «el momento gaditano». En primer lugar, una guerra contra la nación más poderosa de aquel tiempo, con la que España había compartido dinastía durante casi todo el siglo XVIII y con la que existía un «pacto de familia» (que tan oneroso había resultado desde que Napoleón tomó las riendas de Francia). En segundo, el puerto de Cádiz convertido en bastión y baluarte de la monarquía católica; una ciudad escasamente representativa de la nación y de la mentalidad españolas, como lo demostró lo acontecido ahí entre 1810 y 1814. Lo que me lleva al tercer punto: la iniciativa, el dinamismo y la capacidad de un puñado de eclesiásticos y funcionarios que decidieron convertir la lucha contra los franceses en una revolución política. Al respecto, cabe apuntar otra evidencia que no termina de ser digerida (ni por la historiografía española ni por la latinoamericana): en el contexto del Antiguo Régimen e independientemente de todas las limitaciones y ambigüedades que se quieran aducir, el liberalismo era revolucionario (y lo seguiría siendo durante buena parte del siglo XIX en todo el mundo occidental). Por eso, más que nada, lo acontecido en Cádiz entre 1808 y 1814 ocupa el lugar que ocupa actualmente en la historiografía occidental; por eso Fernando VII reaccionó como lo hizo cuando regresó al trono de España en la primavera de 1814 y también por eso, en buena medida, los nuevos países americanos batallaron tanto y durante tanto tiempo en su tránsito de territorios coloniales con apenas experiencia en el Gobierno representativo a repúblicas inspiradas en principios liberales.

Democracia imposible en la medida de lo posible | Pablo Ruiz-Tagle

El ex presidente de la República Ricardo Lagos ha publicado sus ideas políticas sobre Chile 2030 sin incluir una propuesta de nueva Constitución y, posteriormente, ha señalado en un artículo publicado en El Mostrador su “coincidencia en to…

El ex presidente de la República Ricardo Lagos ha publicado sus ideas políticas sobre Chile 2030 sin incluir una propuesta de nueva Constitución y, posteriormente, ha señalado en un artículo publicado en El Mostrador su “coincidencia en torno a seguir pensando cómo somos capaces de dotarnos de una nueva Constitución, definida de una manera democrática y con la ciudadanía”.

Queremos decirle con todo respeto que desde el punto de vista político centrar el debate sobre el futuro de Chile, alrededor de los siete desafíos estratégicos allí planteados, nos parece totalmente insuficiente y restrictivo. Si estamos hablando del Chile del 2030, debemos ampliar la invitación a todos los chilenos para que participen todos quienes van a ser sus verdaderos protagonistas, es decir la ciudadanía entera y particularmente los jóvenes. Dejemos que sean ellos los que principalmente opinen y no pretendamos dibujarles el país que ellos van a gobernar.

Reconocemos el enorme valor de la reforma constitucional del año 2005 y las anteriores modificaciones hechas a la Carta fundamental desde 1989 a la fecha. Sin embargo hay una afirmación en el artículo del ex Presidente que no compartimos en lo absoluto y que constituye su gran equivocación, y es la idea que en la reforma constitucional del año 2005 se eliminaron todos los enclaves autoritarios salvo el sistema binominal.
La reforma constitucional del año 2005 que el mismo Sr. Lagos presidió también sirvió para validar y en algunos casos reforzar con su firma y ceremonial en La Moneda, algunos de los rasgos más autoritarios de nuestra Carta fundamental. Hoy el artículo 1 y siguientes mantienen la referencia a la seguridad nacional, que es una doctrina que supone la existencia del enemigo interno. Todavía el artículo 9 consagra normas sobre el terrorismo que contradicen principios básicos del derecho penal. Algunas de las normas sobre nacionalidad y ciudadanía del capítulo 2 de la Constitución vigentes infringen los derechos humanos de tratados vigentes en Chile. Además, el artículo 23 valida a nivel constitucional el corporativismo al mantener una separación arcaica entre política y los “grupos intermedios” o “gremios”. Hoy todo el capítulo 3 de la Constitución protege la no interferencia estatal en materia de derechos, pero no garantiza con la misma fuerza la igualdad en materia laboral, salud y educación entre otros derechos. Esta falta de garantías parece a algunos políticos una cuestión doctrinaria, pero para la gran mayoría de los ciudadanos, son verdaderos enclaves autoritarios, al dejarlos indefensos frente a los abusos de las AFP, las ISAPRES, las Universidades Privadas o las organizaciones empresariales.
En cuanto a los aspectos orgánicos la Constitución mantiene un rasgo de presidencialismo autoritario exacerbado de modo creciente desde 1925 a la fecha. A pesar de su enorme poder, todavía se exime a los Consejeros del Banco Central y del Tribunal Constitucional de responsabilidad política y constitucional, persiste el Consejo de Seguridad Nacional y un capítulo completo dedicado a las Fuerzas Armadas en la Constitución que no es compatible con el constitucionalismo republicano. Incluso más, el Consejo de Seguridad Nacional ahora refuerza el carácter autoritario y cívico militar del presidencialismo cesarista tan propio de la Constitución chilena. Esta constitución no valora y obstruye la participación de los ciudadanos.
Se contratan asesores en comunicación para dar por cerrada la transición, al mismo tiempo que se agregan nuevos artículos transitorios a la carta fundamental. Mientras existan las disposiciones transitorias que tiene nuestra constitución, no tendremos plena democracia. Las leyes orgánicas constitucionales y el abstruso mecanismo de control constitucional, constituye otra barrera anti-democrática de nuestra Carta fundamental. En fin, son tantas y tan profundas las materias que requieren reforma que cabe alarmarse cuando el ex presidente las denomina como cuestiones simplemente semánticas.
Por eso estamos de acuerdo con el Sr. Lagos cuando dice que: “somos capaces de dotarnos de una nueva Constitución definida de una manera democrática y con la ciudadanía”; pero no compartimos su idea que sólo ahora podemos hacerlo. En la campaña presidencial del año 2009 todas las fuerzas políticas, incluso la derecha se abrió a la posibilidad de un cambio constitucional profundo en materias como la regionalización, el equilibro entre el Presidente y el Congreso, la revisión del sistema de control constitucional. La necesidad de una nueva constitución para Chile no surge sólo a partir del año 2005 ni tampoco ahora. Esta ahí presente desde siempre y ha faltado en la clase política la voluntad de hacerla.
Al igual que con la tesis de la justicia en la medida de lo posible, en el tema constitucional se pretende aplicar un axioma similar que es democracia en la medida de lo posible. La dirigencia de la Concertación ha terminado aceptando como plenamente democrático y llamando a la descalificación semántica a los críticos de un sistema que excluye a importantes sectores de la población, tales como las minorías electorales, sindicales, raciales, religiosas etc. Aceptó una carta fundamental que no consagra ni garantiza la salud y la educación como derechos, que no protege suficientemente los recursos naturales y somete su uso a sistemas discrecionales y tecnocráticos que devienen fácilmente en arbitrariedad y ganancia para pescadores. Ha validado un modelo económico basado solo en el mercado y no en la equidad, que refuerza el centralismo y la concentración del poder, que entrega a las directivas de los partidos con muy poca base de representación, el monopolio de la actividad política no estableciendo como exigencias la democracia interna, la transparencia en el uso de los recursos, la fidelidad de los padrones etc. A las directivas de esos partidos les otorga súper poderes, que parecen poderes preferentes para actuar en política, tal es el poder de elegir autoridades judiciales y adminstrativas vía acuerdos parlamentarios, designar reemplazantes en caso de vacancia del cargo de parlamentario, y cierra el círculo de la arbitrariedad con la consagración del secretismo parlamentario en el artículo 5 de la Ley del Congreso.
Para la dirigencia de la Concertación actual una mayor democratización se reduce a una reforma política minimalista que consiste en cambiar el sistema electoral, quizá sólo ampliando los cupos del Senado y la Cámara, junto con permitir sin restricciones el derecho a voto de los chilenos en el exterior y para obtener financiamiento público a los partidos políticos. A esa dirigencia no le importan los jóvenes y persiguen a los independientes y a los díscolos. Ha renegado del compromiso de campaña de ampliar el padrón electoral al descubrir ahora que se puede trabar la reforma electoral con la exigencia retórica del voto obligatorio porque tampoco se tramita como cambio constitucional serio. No se hace cargo de la falta de legitimidad del sistema político, derivada de la exclusión del 40% de los chilenos que podrían tener derecho a voto. Los parlamentarios de la Alianza y la Concertación están más cómodos con electores conocidos y amarrados (por el voto obligatorio y el binominal) que incorporando electores nuevos a sus distritos. Como lo dijo el actual Presidente de la DC, se satisfacen con una democracia de partidos, y está tan asegurada su posición de privilegio, que no importa si los partidos funcionan. No importa que no se cumpla el quórum para fiscalizar los problemas de la VIII Región, los atrasos y fraudes en la reconstrucción, el caso MINVU-KODAMA y que la Alianza los “madrugue” pidiendo comisiones investigadoras que ellos no fueron capaces de constituir. Los chilenos queremos una nueva Constitución para el Bicentenario. Ojalá no sea la derecha y los partidos de la Alianza los que se tomen este tema en serio y de nuevo madruguen a la remolona política de la Concertación.
La dirigencia de la Concertación nunca se ha jugado de verdad por elegir las autoridades regionales y por la descentralización de los fondos sectoriales. Tampoco creen en la desconcentración. Estos son algunos de los temas de la nueva Constitución y no son cuestiones semánticas como dice en forma errada el ex presidente. La discusión es de fondo. La propuesta constitucional de Océanos Azules consiste en impulsar el desarrollo que Chile necesita a través de un acuerdo país que convoque a todos los chilenos, a trabajadores, empresarios y al gobierno, a construir un nuevo Estado Social y Democrático de Derecho. Para ello se requiere de una propuesta de reforma constitucional que no es pura semántica o mera cuestión de palabrería y denominación. Lo que se propone seguir es el modelo de los países desarrollados de la OECD, con los que esperamos asociarnos en forma cada vez más estrecha. El Estado hemos propuesto definirlo como social para que asegure jurídicamente y financie de manera estable una red de protección que se forme con los derechos del trabajo, educación, salud, seguridad social y sindicalización entre otros. Esta red garantiza un mínimo mediante programas, leyes e incluso la Constitución para reducir la discrecionalidad de los gobiernos en su provisión. También se debe fundar en el diálogo permanente y equilibrado entre trabajadores y empresarios. Todas estas ideas requieren de reformas constitucionales profundas.
El Estado se lo define como democrático, renuncia al centralismo que tanto ha servido a los evangelistas neoliberales para controlar el país sin someter las cuestiones públicas a la deliberación ciudadana y porque redistribuye su poder de manera más profunda y participativa a nivel central, regional y comunal y se da más participación y atribuciones a los ciudadanos. Este nuevo espíritu de servicio público más participativo en todas las áreas del gobierno impulsará la creatividad y el emprendimiento público y privado y una cultura de deberes y responsabilidades republicanas que implica una nueva forma de pensar la ciudadanía chilena en su aspecto político, social y también económico. Finalmente, se propone terminar con todas las formas de exclusión, tales como la falta de representación de la izquierda parlamentaria, la de los que no pueden votar por vivir en el extranjero o de la falta de reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Para realizar este cambio deben aprobarse cambios constitucionales profundos y el Gobierno debe tecnificarse de manera más equilibrada para poder administrar los recursos de todos los chilenos con más eficiencia en cada una de estas nuevas instancias de poder. Este proyecto es progresista porque expresa los ideales de centro y de izquierda y porque suma grandes mayorías a esta nueva visión republicana que expresa lo mejor de nuestra tradición chilena.
Nosotros estamos de acuerdo con el Sr. Lagos que una nueva Constitución debe emanar de la soberanía popular, pero el ex Presidente todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de la propuesta de carta fundamental. También se requiere también de un procedimiento que sea factible para llegar a debatir la nueva carta fundamental que se pronuncie sobre los méritos y beneficios de una Asamblea o de una Comisión Constituyente. En definitiva, Ricardo Lagos debe pronunciarse contra nuestro gatopardismo constitucional. Que diga si quiere una nueva Constitución de verdad, o si respecto a nuestra carta fundamental prefiere repetir el conocido refrán del te quiero mucho, poquito y nada. Si está en contra de la democracia restringida y en la medida de lo posible. Si quiere terminar con una Carta fundamental que hasta ahora en demasiadas áreas muy importantes ha sido en verdad la justificación para hacer imposible la democracia representativa y participativa en Chile. Quedan pendientes todavía algunas de nuestras críticas al documento del Sr. Lagos sobre Chile 2030 que incluyen sus referencias a una reforma tributaria, de educación, participación y otras que Chile necesita. Ya vendrán.

Liberalismo y Poder, entrevista al historiador Iván Jaksic | Héctor Soto

Tras explorar a Andrés Bello en su libro Andrés Bello. La pasión por el orden (Editorial Universitaria), el historiador Iván Jaksic compila junto a Eduardo Posada Carbó una serie de estudios sobre el liberalismo en América Latina. Oficiando com…

Tras explorar a Andrés Bello en su libro Andrés Bello. La pasión por el orden (Editorial Universitaria), el historiador Iván Jaksic compila junto a Eduardo Posada Carbó una serie de estudios sobre el liberalismo en América Latina. Oficiando como seleccionador de varios textos, Jaksic pretende que Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo XIX (Fondo de Cultura Económica) sirva para despejar interrogantes sobre el rol de esta corriente en nuestro continente. 
Usted es autor de un estudio sobre Andrés Bello ¿Lo colocaría más cerca del liberalismo o del conservadurismo?
Bello apoyó y fue miembro de los gobiernos conservadores desde Prieto a Montt, pero su ideario de construcción de las naciones independientes era liberal. Basta observar su apoyo al constitucionalismo, que es central para limitar el poder en un estado de derecho y para establecer las garantías individuales. Basta observar los principios liberales de seguridad y propiedad que abundan en el Código Civil de la República de Chile. Basta observar su impulso a la educación pública como fundamento de la ciudadanía, la que conlleva el sufragio creciente por vía de la alfabetización. Basta, en fin, con observar su actividad para promover la prensa, sin la cual no hay debate y esferas públicas. Como muchas cosas que pasan en nuestra historia, es más fácil poner un rótulo a Bello como conservador que comprender sus ideas. Mucho se debe a que José Victorino Lastarria lo calificara lapidariamente de esta manera.
¿Cuál es el mejor y peor momento para el liberalismo en América Latina?
Son varios los buenos momentos. Yo empezaría por la abolición de la esclavitud, que en América Latina, salvo excepciones, se logró antes que en Estados Unidos y sin ese derramamiento de sangre. Agregaría el constitucionalismo y las garantías individuales, sin las cuales no habría un referente para la protección de las personas ante los abusos del poder. En muchas partes, incluido Chile, fue un dique ante un Estado excesivamente centralizador. Añadiría la separación Iglesia-Estado. Y diría además que gracias al liberalismo se fundó una noble tradición intelectual. ¿El peor momento? Creo que la asociación de algunos liberales con los filibusteros como William Walker, lo que desacreditó al liberalismo y consolidó regímenes autoritarios y nacionalistas en Centro-América. O más cerca de casa, como en Argentina y Chile, el asalto frontal a las tierras y las comunidades indígenas.
¿Habría sido muy distinta la suerte del liberalismo en la región si acaso sus matrices ideológicas hubiesen estado más inspiradas en la revolución americana que en la Revolución Francesa?
La vertiente francesa es sólo una de las vertientes del liberalismo, y ella se opuso claramente al jacobinismo de la revolución francesa. En todos los países de A. Latina, fue más influyente Benjamin Constant, liberal moderado, o un pragmático como Montesquieu, que la revolución. También hay una tradición liberal que siguió muy de cerca a la norteamericana, como en México, pero el federalismo que caracteriza a EE.UU. no fue de fácil aplicación en nuestros países. Tampoco era fácil la tolerancia religiosa en países que necesitaban del apoyo de la Iglesia durante la independencia. De hecho, de haberse introducido en la primera mitad del siglo, las consecuencias hubieran sido violentas, como ocurrió cuando se buscó laicizar el Estado en la segunda mitad del siglo, particularmente en México. Los políticos e intelectuales hispanoamericanos fueron muy eclécticos en adaptar diferentes vertientes de liberalismo. No había ningún modelo ideal dadas las condiciones del lugar.
¿Qué tan cierto es que el liberalismo fue una rara flor implantada a la fuerza en las naciones que se independizaron de España?
Es una caracterización que abunda mucho en la historiografía extranjera, pero también en la propia. De acuerdo con ella, nuestra herencia ibérica, católica y estamental, nos impedía ser verdaderos liberales. Las ideas del liberalismo, por tanto, habrían sido importadas por una elite. Se dice que el constitucionalismo era una pura y gran farsa, un adorno que encubría las realidades de nuestros países, como el caudillismo, el militarismo y la opresión por parte de otros poderes fácticos. Lo cierto es que las ideas liberales se abrieron paso muy pronto en nuestros países y motivaron mucha reflexión y una gran expansión de la esfera pública. Los reveses son explicables por circunstancias económicas, sociales y políticas. Con el argumento de que el liberalismo era un espécimen exótico se ha dejado de lado una historia compleja en la que abundan los naufragios y las sobrevivencias. Pero gracias al liberalismo se consolidaron el gobierno representativo y la división de poderes.
¿Por qué este libro cuando buena parte de la región transita contra la vertiente liberal?
Yo diría que los principios fundamentales del liberalismo están más vigentes que nunca. Lo que ocurrió a nivel mundial después de la Primera Guerra fue el declive de estas ideas ante los embates de otras ideologías que hoy denominaríamos como totalitarias. El nazismo, el facismo y el marxismo ortodoxo, todos muy influyentes en su momento, coincidían en sus ataques contra el liberalismo. Pero no hay que confundir un momento histórico con una matriz de ideas más amplia. El liberalismo vino a quedarse, puesto que los derechos individuales siguen siendo centrales en cualquier sociedad. Me refiero sin embargo al liberalismo clásico y no al neo-liberalismo, que tiene otras prioridades. Hoy en día tenemos los retos de la diversidad, de los fundamentalismos, de la seguridad interior del Estado, pero todo desemboca en lo mismo: los individuos requieren de seguridad, de respeto, de libertad para pensar y expresarse. La idea con este libro es recuperar una tradición trunca, incompleta, pero no menos presente. Es bueno recordar que sin una profunda experiencia liberal es más difícil establecer una democracia legítima. Tema pendiente hasta hoy.