Todo por el pueblo, pero sin el pueblo | Nicolás Ocaranza

It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us — that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion — that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain — that this nation, under God, shall have a new birth of freedom — and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
Abraham Lincoln. The Gettysburg Address
  
Mucha tinta ha corrido para analizar, criticar y repensar el modelo político chileno postdictatorial, pero los argumentos siempre son complacientes a la hora de hacer un balance de una democracia cuyo principal objetivo es mantener la estabilidad social y el equilibrio entre los únicos dos conglomerados que pueden disputar electoralmente un lugar en el espacio político: la Concertación y la Alianza. La lógica del binominalismo, aceptada sin condiciones por ambas coaliciones en la etapa de negociaciones que asegurarían el tránsito pacífico y civilizado de la dictadura a la democracia reforzó aún más la lógica de una democracia bipolar, excluyendo a un sector de la izquierda que en ese momento había validado todas las formas de lucha contra el régimen cívico-militar.

Actualmente, cuando la Concertación combate contra su propia decadencia mientras intenta aparecer como una oposición abierta a la ciudadanía, las contradicciones del modelo político chileno se hacen evidentes. El senador democratacristiano Ignacio Walker, llama a refundar la Concertación apelando a su capacidad de “interpretar y representar a una nueva mayoría social y política, con clara vocación de mayoría y de gobierno.” Como bien lo grafican sus palabras, el conglomerado concertacionista se nutre permanentemente de un discurso autocomplaciente que apela a su supuesta capacidad de representar a la ciudadanía. Lo curioso es que el senador Walker saca a relucir esa vocación ciudadana en un momento de evidente disolución; a pocos días de que el Partido Radical anunciara su intención de abrir un diálogo con aquellos partidos y movimientos que no desean orbitar en torno a los dictámenes de una fuerza de centro como la Democracia Cristiana. La voluntad de los radicales por construir un Frente Amplio de Oposición ha despertado del letargo al sector más reaccionario de la DC, especialmente después que José Antonio Gómez –presidente del PR- diera por superada a la Concertación.

Este momento histórico es particularmente interesante, puesto que con la Concertación fuera del poder, el sistema binominal comienza a evidenciar sus  fisuras y su absoluta anormalidad. Así, las palabras del senador Walker en defensa del actual sistema político se vuelven sintomáticas cuando sostiene que: “La Concertación es un pacto de centroizquierda que se expresa en la convergencia entre la democracia cristiana y el socialismo democrático. Es la superación de la política de los tres tercios que tanto daño hiciera a Chile en medio de las convulsiones de la Guerra Fría, la polarización y el desencuentro que condujeron al quiebre democrático y la dictadura.” El juicio obcecado de Walker al modelo de los tres tercios no responde tanto a su oficio de politólogo como al miedo que despierta la posibilidad de un reordenamiento de los partidos en momentos en que la coalición opositora inicia un irreversible proceso de disolución. Pero la lectura de Walker también nos recuerda la manipulación histórica del Chile post-dictatorial que el discurso concertacionista ha construido durante dos décadas. El argumento utilizado es el siguiente: la Concertación canalizó el rechazo de los chilenos a la dictadura y aseguró un tránsito pacífico a la democracia; luego, legó cuatro gobiernos supuestamente exitosos y encausó un proceso económico modernizador acorde con las necesidades sociales del país.

Como bien escribió Orwell en su novela 1984, “En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.” Es por ello que esta coyuntura crítica obliga a los historiadores y también a los políticos a repensar los derroteros de un proceso de democratización que se sustentó en la exclusión de la disidencia, en la negociación a espaldas de los ciudadanos y en la legitimación de un modelo económico neoliberal. Basta recordar que antes del plebiscito de 1988 un sector de la entonces Alianza Democrática decidió excluir a un sector de la izquierda que dificultaba el diálogo e imposibilitaba llevar a buen término las negociaciones con el gobierno de Pinochet. Como se sabe, las condiciones para el retorno a la democracia fueron establecidas por la misma dictadura y aceptadas por la cúpula dirigente de la actual Concertación. A la exclusión de la izquierda se sumó la desconfianza hacia quienes veían con recelo las negociaciones con la dictadura y el dudoso triunfo de Patricio Aylwin en la contienda pre-electoral fue tapado con el fervor ingenuo del retorno a la democracia. 

Con esos antecedentes, no es raro que los concertacionistas más recalcitrantes conciban la democracia como un efecto de la homogeneidad. Pero lo  más preocupante de esa visión es que el ideal democrático se sustenta en la exclusión de todo aquello que se opone o cuestiona a esa pretendida homeneidad política. Suponer, como los concertacionistas habitualmente lo hacen, que solamente se puede construir una democracia excluyendo a la heterogeneidad que conforma el mundo social es una ficción política que ni el monopolio de la moral de los derechos humanos ni del progresismo pueden sostener.  

No se crea una democracia social excluyendo la complejidad de lo político. Al exluir la complejidad que toda democracia posee, se establece que la idea de igualdad política se funda, única y exclusivamente, sobre un principio de identidad y homegeneidad. Esa visión patológica de la democracia, en la cual se confunde la igualdad política con la identidad y ésta con la homegeneidad, no sólo encubre una realidad social y política mucho más compleja que el mundo bipolar en que se mueve el sistema político chileno, sino que deja la puerta abierta a que la ciudadanía cuestione la uniformidad discursiva y reclame de una vez por todas su soberanía.

No es raro que uno de los principales dirigentes concertacionistas ahora apunte a la ciudadanía como único salvavidas de una coalición que se disuelve lentamente frente a nuestros ojos. Lo extraño de todo es que si la historia nos demuestra que fue la ciudadanía la que recuperó la democracia en las urnas confiando su futuro a la Concertación, ésta haya gobernado durante cuatro gobiernos consecutivos por el pueblo, pero sin el pueblo. Las palabras del senador Walker son el fiel reflejo de una lectura politológica comprometida con su propia causa partidista y su interpretación histórica no es más que una reacción instintiva del patológico ofuscamiento que aqueja a su coalición. 

En ese sentido, la Concertación sólo puede vivir de su propio relato histórico pues no posee un proyecto político y social más allá de su aspiración al poder. Es por eso que el senador Walker realiza una interpretación histórica para impedir la transformación del conglomerado. Y es por eso que algunos dirigentes e historiadores concertacionistas han realizado un esfuerzo sistemático por cooptar la historia reciente para luego convertirla en una verdad oficial o en una herramienta útil a sus propios intereses (véase Cien años de luces y sombras, Santiago, Taurus, 2010; libro que compila artículos de Ricardo Lagos Escobar, Manuel Antonio Garretón, Sol Serrano, entre otros). Otra prueba de ello es la biografía oficial del ex presidente Ricardo Lagos que en estos momentos escribe un equipo de noveles historiadores. Estos complejos cruces entre historia y política nos remiten a la lúcida crítica que Orwell hiciera a los gobiernos totalitarios al afirmar que “Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado”. Afortunadamente, la democracia, como la pretendemos otros, es mucho más que un discurso histórico sobre la gobernabilidad; es, como bien lo recuerda Pierre Rosanvallon en su cátedra del Collège de France, la experiencia histórica de un ideal político en permanente cambio cuyo verdadero motor siempre será la soberanía del pueblo.

It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us — that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion — that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain — that this nation, under God, shall have a new birth of freedom — and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
Abraham Lincoln. The Gettysburg Address
  
Mucha tinta ha corrido para analizar, criticar y repensar el modelo político chileno postdictatorial, pero los argumentos siempre son complacientes a la hora de hacer un balance de una democracia cuyo principal objetivo es mantener la estabilidad social y el equilibrio entre los únicos dos conglomerados que pueden disputar electoralmente un lugar en el espacio político: la Concertación y la Alianza. La lógica del binominalismo, aceptada sin condiciones por ambas coaliciones en la etapa de negociaciones que asegurarían el tránsito pacífico y civilizado de la dictadura a la democracia reforzó aún más la lógica de una democracia bipolar, excluyendo a un sector de la izquierda que en ese momento había validado todas las formas de lucha contra el régimen cívico-militar.

Actualmente, cuando la Concertación combate contra su propia decadencia mientras intenta aparecer como una oposición abierta a la ciudadanía, las contradicciones del modelo político chileno se hacen evidentes. El senador democratacristiano Ignacio Walker, llama a refundar la Concertación apelando a su capacidad de “interpretar y representar a una nueva mayoría social y política, con clara vocación de mayoría y de gobierno.” Como bien lo grafican sus palabras, el conglomerado concertacionista se nutre permanentemente de un discurso autocomplaciente que apela a su supuesta capacidad de representar a la ciudadanía. Lo curioso es que el senador Walker saca a relucir esa vocación ciudadana en un momento de evidente disolución; a pocos días de que el Partido Radical anunciara su intención de abrir un diálogo con aquellos partidos y movimientos que no desean orbitar en torno a los dictámenes de una fuerza de centro como la Democracia Cristiana. La voluntad de los radicales por construir un Frente Amplio de Oposición ha despertado del letargo al sector más reaccionario de la DC, especialmente después que José Antonio Gómez –presidente del PR- diera por superada a la Concertación.

Este momento histórico es particularmente interesante, puesto que con la Concertación fuera del poder, el sistema binominal comienza a evidenciar sus  fisuras y su absoluta anormalidad. Así, las palabras del senador Walker en defensa del actual sistema político se vuelven sintomáticas cuando sostiene que: “La Concertación es un pacto de centroizquierda que se expresa en la convergencia entre la democracia cristiana y el socialismo democrático. Es la superación de la política de los tres tercios que tanto daño hiciera a Chile en medio de las convulsiones de la Guerra Fría, la polarización y el desencuentro que condujeron al quiebre democrático y la dictadura.” El juicio obcecado de Walker al modelo de los tres tercios no responde tanto a su oficio de politólogo como al miedo que despierta la posibilidad de un reordenamiento de los partidos en momentos en que la coalición opositora inicia un irreversible proceso de disolución. Pero la lectura de Walker también nos recuerda la manipulación histórica del Chile post-dictatorial que el discurso concertacionista ha construido durante dos décadas. El argumento utilizado es el siguiente: la Concertación canalizó el rechazo de los chilenos a la dictadura y aseguró un tránsito pacífico a la democracia; luego, legó cuatro gobiernos supuestamente exitosos y encausó un proceso económico modernizador acorde con las necesidades sociales del país.

Como bien escribió Orwell en su novela 1984, “En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.” Es por ello que esta coyuntura crítica obliga a los historiadores y también a los políticos a repensar los derroteros de un proceso de democratización que se sustentó en la exclusión de la disidencia, en la negociación a espaldas de los ciudadanos y en la legitimación de un modelo económico neoliberal. Basta recordar que antes del plebiscito de 1988 un sector de la entonces Alianza Democrática decidió excluir a un sector de la izquierda que dificultaba el diálogo e imposibilitaba llevar a buen término las negociaciones con el gobierno de Pinochet. Como se sabe, las condiciones para el retorno a la democracia fueron establecidas por la misma dictadura y aceptadas por la cúpula dirigente de la actual Concertación. A la exclusión de la izquierda se sumó la desconfianza hacia quienes veían con recelo las negociaciones con la dictadura y el dudoso triunfo de Patricio Aylwin en la contienda pre-electoral fue tapado con el fervor ingenuo del retorno a la democracia. 

Con esos antecedentes, no es raro que los concertacionistas más recalcitrantes conciban la democracia como un efecto de la homogeneidad. Pero lo  más preocupante de esa visión es que el ideal democrático se sustenta en la exclusión de todo aquello que se opone o cuestiona a esa pretendida homeneidad política. Suponer, como los concertacionistas habitualmente lo hacen, que solamente se puede construir una democracia excluyendo a la heterogeneidad que conforma el mundo social es una ficción política que ni el monopolio de la moral de los derechos humanos ni del progresismo pueden sostener.  

No se crea una democracia social excluyendo la complejidad de lo político. Al exluir la complejidad que toda democracia posee, se establece que la idea de igualdad política se funda, única y exclusivamente, sobre un principio de identidad y homegeneidad. Esa visión patológica de la democracia, en la cual se confunde la igualdad política con la identidad y ésta con la homegeneidad, no sólo encubre una realidad social y política mucho más compleja que el mundo bipolar en que se mueve el sistema político chileno, sino que deja la puerta abierta a que la ciudadanía cuestione la uniformidad discursiva y reclame de una vez por todas su soberanía.

No es raro que uno de los principales dirigentes concertacionistas ahora apunte a la ciudadanía como único salvavidas de una coalición que se disuelve lentamente frente a nuestros ojos. Lo extraño de todo es que si la historia nos demuestra que fue la ciudadanía la que recuperó la democracia en las urnas confiando su futuro a la Concertación, ésta haya gobernado durante cuatro gobiernos consecutivos por el pueblo, pero sin el pueblo. Las palabras del senador Walker son el fiel reflejo de una lectura politológica comprometida con su propia causa partidista y su interpretación histórica no es más que una reacción instintiva del patológico ofuscamiento que aqueja a su coalición. 

En ese sentido, la Concertación sólo puede vivir de su propio relato histórico pues no posee un proyecto político y social más allá de su aspiración al poder. Es por eso que el senador Walker realiza una interpretación histórica para impedir la transformación del conglomerado. Y es por eso que algunos dirigentes e historiadores concertacionistas han realizado un esfuerzo sistemático por cooptar la historia reciente para luego convertirla en una verdad oficial o en una herramienta útil a sus propios intereses (véase Cien años de luces y sombras, Santiago, Taurus, 2010; libro que compila artículos de Ricardo Lagos Escobar, Manuel Antonio Garretón, Sol Serrano, entre otros). Otra prueba de ello es la biografía oficial del ex presidente Ricardo Lagos que en estos momentos escribe un equipo de noveles historiadores. Estos complejos cruces entre historia y política nos remiten a la lúcida crítica que Orwell hiciera a los gobiernos totalitarios al afirmar que “Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado”. Afortunadamente, la democracia, como la pretendemos otros, es mucho más que un discurso histórico sobre la gobernabilidad; es, como bien lo recuerda Pierre Rosanvallon en su cátedra del Collège de France, la experiencia histórica de un ideal político en permanente cambio cuyo verdadero motor siempre será la soberanía del pueblo.

La apropiación indebida de un patrimonio inmaterial | Nicolás Ocaranza

Desde un tiempo a esta parte, la figura del ex-presidente Salvador Allende se ha convertido en un ícono pop. Su rostro, disimulado por unos característicos anteojos de ancho marco, se distingue fácilmente en casi todas las banderas y lienzos que se blanden durante las protestas callejeras, así como en los variados stencils estampados en las paredes santiaguinas que nos recuerdan el pasado 11 de septiembre. Al igual que a ese Che Guevara globalizado y desideologizado, quienes intentan rescatar a Allende del baúl de los recuerdos sólo se interesan por el ícono pero no por su proyecto político ni por su incuestionable compromiso republicano.
Pero el culto a Allende no solamente alimenta a esa iconofilia tan propia de la juventud rebelde que emerge en estos días en que muchas heridas del pasado se abren y supuran infectadas a causa de los múltiples conflictos político-sociales no resueltos; también algunos personajes de la Concertación han iniciado un nuevo revival allendista que ha convertido al último bastión del republicanismo chileno en otro fetiche más de su panteón multicolor. Desorientados por la derrota electoral que les propinó la derecha y en una frenética búsqueda de un referente que sea capaz de dar sentido al sinsentido de su existencia política, los concertacionistas no han encontrado una mejor opción que apropiarse de ese patrimonio inmaterial de la vieja izquierda chilena que encarna Salvador Allende. Pese a que la Concertación perpetuó la herencia neoliberal, constitucional, privatizadora y censitaria de la dictadura militar, sus voceros insisten en extender un falso hilo conductor que los vincule a ese pasado revolucionario previo al golpe de estado de 1973.

No sorprenden, entonces, las palabras de la presidenta del Partido por la Democracia, Carolina Tohá, en una columna que publicó The Clinic el pasado 5 de septiembre. En su escrito, Tohá realiza una apropiación oportunista de la figura de Allende para mostrar a su partido como el “heredero legítimo” de ese corpus ético-político que caracterizó al presidente de la Unidad Popular. De sus palabras se infiere que lo que verdaderamente interesa a la Concertación no es el balance histórico del fracaso de la Unidad Popular como alternativa política a la derecha y a la Democracia Cristiana, como tampoco el análisis de aquellas decisiones políticas tomadas por Allende que dejan una serie de dudas sobre su real habilidad para gobernar a la variopinta coalición que lideraba (el evidente el contraste entre un Partido Comunista comprometido con la viabilidad institucional y constitucional del proyecto revolucionario versus un Partido Socialista cada vez más díscolo, fraccionado y dispuesto a transgredir la legalidad constitucional), sino la figura de un Allende que sirva de reserva moral para una Concertación cuya única fuerza moral fue “el transar sin parar” –como bien lo escribió hace algunos años el historiador Alfredo Jocelyn-Holt-. 

Transcurridos seis meses desde que la Concertación cediera al poder a la derecha, la actual oposición ha iniciado una búsqueda desesperada de explicaciones a su derrota electoral. Las tesis que han salido a la luz pública apuntan en dos direcciones. La primera, expuesta por el lobbysta y empresario de la comunicación estratégica, Eugenio Tironi, ofrece una mirada autoflagelante y desesperanzada ante el caos y dispersión en que ha quedado sumida, según sus palabras, la “coalición política más exitosa de la historia de Chile”. La segunda tesis, si es que podemos llamar tesis a un par de intuiciones vagas, es la de la ex-presidenta Michelle Bachelet y su aparente sucesora, Carolina Tohá, quienes insisten en que la Concertación tiene un patrimonio moral comprometido con la igualdad, la justicia social y la defensa de los Derechos Humanos que es la base sobre la cual es posible reconstruir un proyecto político futuro.

Con todo, lo que llama la atención de ambos diagnósticos es el tardío mea culpa realizado por los líderes concertacionistas, quienes después de 19 años gobernando recién han comenzado a analizar de una manera menos autocomplaciente el fracaso de sus políticas en educación, la aberrante privatización de los servicios básicos de uso público como el agua, la electricidad y el transporte urbano, y los escasos avances logrados en temas claves como la redistribución de los ingresos, la concentración de la riqueza, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la reforma al sistema electoral binominal y la efectiva inclusión de las regiones en el debate sobre las políticas públicas nacionales.

Frente a los desoladores diagnósticos que entregan los informes de desarrollo humano del PNUD y algunas investigaciones académicas sobre la democratización política (cf. Manuel Antonio Garretón. “La Democracia incompleta en Chile: la realidad tras los rankings internacionales, en Revista de Ciencia Política, volumen 30, nº 1, 2010), el legado concertacionista se aleja demasiado del proceso democratizador iniciado por el gobierno de Salvador Allende. En una época en que la participación política de los jóvenes cayó en picada y en que la exclusión de los partidos políticos que se encuentran fuera de la hegemonía que concede el sistema binominal se mantuvo durante tres gobiernos concertacionistas, la homologación entre éstos últimos y Allende no es más que un delito de apropiación indebida de un patrimonio inmaterial que pertenece a todos aquellos que luchan por una constitución verdaderamente igualitaria e inclusiva y por un sistema político verdaderamente representativo y democrático.

 Nicolás Ocaranza

Desde un tiempo a esta parte, la figura del ex-presidente Salvador Allende se ha convertido en un ícono pop. Su rostro, disimulado por unos característicos anteojos de ancho marco, se distingue fácilmente en casi todas las banderas y lienzos que se blanden durante las protestas callejeras, así como en los variados stencils estampados en las paredes santiaguinas que nos recuerdan el pasado 11 de septiembre. Al igual que a ese Che Guevara globalizado y desideologizado, quienes intentan rescatar a Allende del baúl de los recuerdos sólo se interesan por el ícono pero no por su proyecto político ni por su incuestionable compromiso republicano.
Pero el culto a Allende no solamente alimenta a esa iconofilia tan propia de la juventud rebelde que emerge en estos días en que muchas heridas del pasado se abren y supuran infectadas a causa de los múltiples conflictos político-sociales no resueltos; también algunos personajes de la Concertación han iniciado un nuevo revival allendista que ha convertido al último bastión del republicanismo chileno en otro fetiche más de su panteón multicolor. Desorientados por la derrota electoral que les propinó la derecha y en una frenética búsqueda de un referente que sea capaz de dar sentido al sinsentido de su existencia política, los concertacionistas no han encontrado una mejor opción que apropiarse de ese patrimonio inmaterial de la vieja izquierda chilena que encarna Salvador Allende. Pese a que la Concertación perpetuó la herencia neoliberal, constitucional, privatizadora y censitaria de la dictadura militar, sus voceros insisten en extender un falso hilo conductor que los vincule a ese pasado revolucionario previo al golpe de estado de 1973.

No sorprenden, entonces, las palabras de la presidenta del Partido por la Democracia, Carolina Tohá, en una columna que publicó The Clinic el pasado 5 de septiembre. En su escrito, Tohá realiza una apropiación oportunista de la figura de Allende para mostrar a su partido como el “heredero legítimo” de ese corpus ético-político que caracterizó al presidente de la Unidad Popular. De sus palabras se infiere que lo que verdaderamente interesa a la Concertación no es el balance histórico del fracaso de la Unidad Popular como alternativa política a la derecha y a la Democracia Cristiana, como tampoco el análisis de aquellas decisiones políticas tomadas por Allende que dejan una serie de dudas sobre su real habilidad para gobernar a la variopinta coalición que lideraba (el evidente el contraste entre un Partido Comunista comprometido con la viabilidad institucional y constitucional del proyecto revolucionario versus un Partido Socialista cada vez más díscolo, fraccionado y dispuesto a transgredir la legalidad constitucional), sino la figura de un Allende que sirva de reserva moral para una Concertación cuya única fuerza moral fue “el transar sin parar” –como bien lo escribió hace algunos años el historiador Alfredo Jocelyn-Holt-. 

Transcurridos seis meses desde que la Concertación cediera al poder a la derecha, la actual oposición ha iniciado una búsqueda desesperada de explicaciones a su derrota electoral. Las tesis que han salido a la luz pública apuntan en dos direcciones. La primera, expuesta por el lobbysta y empresario de la comunicación estratégica, Eugenio Tironi, ofrece una mirada autoflagelante y desesperanzada ante el caos y dispersión en que ha quedado sumida, según sus palabras, la “coalición política más exitosa de la historia de Chile”. La segunda tesis, si es que podemos llamar tesis a un par de intuiciones vagas, es la de la ex-presidenta Michelle Bachelet y su aparente sucesora, Carolina Tohá, quienes insisten en que la Concertación tiene un patrimonio moral comprometido con la igualdad, la justicia social y la defensa de los Derechos Humanos que es la base sobre la cual es posible reconstruir un proyecto político futuro.

Con todo, lo que llama la atención de ambos diagnósticos es el tardío mea culpa realizado por los líderes concertacionistas, quienes después de 19 años gobernando recién han comenzado a analizar de una manera menos autocomplaciente el fracaso de sus políticas en educación, la aberrante privatización de los servicios básicos de uso público como el agua, la electricidad y el transporte urbano, y los escasos avances logrados en temas claves como la redistribución de los ingresos, la concentración de la riqueza, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la reforma al sistema electoral binominal y la efectiva inclusión de las regiones en el debate sobre las políticas públicas nacionales.

Frente a los desoladores diagnósticos que entregan los informes de desarrollo humano del PNUD y algunas investigaciones académicas sobre la democratización política (cf. Manuel Antonio Garretón. “La Democracia incompleta en Chile: la realidad tras los rankings internacionales, en Revista de Ciencia Política, volumen 30, nº 1, 2010), el legado concertacionista se aleja demasiado del proceso democratizador iniciado por el gobierno de Salvador Allende. En una época en que la participación política de los jóvenes cayó en picada y en que la exclusión de los partidos políticos que se encuentran fuera de la hegemonía que concede el sistema binominal se mantuvo durante tres gobiernos concertacionistas, la homologación entre éstos últimos y Allende no es más que un delito de apropiación indebida de un patrimonio inmaterial que pertenece a todos aquellos que luchan por una constitución verdaderamente igualitaria e inclusiva y por un sistema político verdaderamente representativo y democrático.

 Nicolás Ocaranza