El ex presidente de la República Ricardo Lagos ha publicado sus ideas políticas sobre Chile 2030 sin incluir una propuesta de nueva Constitución y, posteriormente, ha señalado en un artículo publicado en El Mostrador su “coincidencia en torno a seguir pensando cómo somos capaces de dotarnos de una nueva Constitución, definida de una manera democrática y con la ciudadanía”.
Queremos decirle con todo respeto que desde el punto de vista político centrar el debate sobre el futuro de Chile, alrededor de los siete desafíos estratégicos allí planteados, nos parece totalmente insuficiente y restrictivo. Si estamos hablando del Chile del 2030, debemos ampliar la invitación a todos los chilenos para que participen todos quienes van a ser sus verdaderos protagonistas, es decir la ciudadanía entera y particularmente los jóvenes. Dejemos que sean ellos los que principalmente opinen y no pretendamos dibujarles el país que ellos van a gobernar.
Reconocemos el enorme valor de la reforma constitucional del año 2005 y las anteriores modificaciones hechas a la Carta fundamental desde 1989 a la fecha. Sin embargo hay una afirmación en el artículo del ex Presidente que no compartimos en lo absoluto y que constituye su gran equivocación, y es la idea que en la reforma constitucional del año 2005 se eliminaron todos los enclaves autoritarios salvo el sistema binominal.
La reforma constitucional del año 2005 que el mismo Sr. Lagos presidió también sirvió para validar y en algunos casos reforzar con su firma y ceremonial en La Moneda, algunos de los rasgos más autoritarios de nuestra Carta fundamental. Hoy el artículo 1 y siguientes mantienen la referencia a la seguridad nacional, que es una doctrina que supone la existencia del enemigo interno. Todavía el artículo 9 consagra normas sobre el terrorismo que contradicen principios básicos del derecho penal. Algunas de las normas sobre nacionalidad y ciudadanía del capítulo 2 de la Constitución vigentes infringen los derechos humanos de tratados vigentes en Chile. Además, el artículo 23 valida a nivel constitucional el corporativismo al mantener una separación arcaica entre política y los “grupos intermedios” o “gremios”. Hoy todo el capítulo 3 de la Constitución protege la no interferencia estatal en materia de derechos, pero no garantiza con la misma fuerza la igualdad en materia laboral, salud y educación entre otros derechos. Esta falta de garantías parece a algunos políticos una cuestión doctrinaria, pero para la gran mayoría de los ciudadanos, son verdaderos enclaves autoritarios, al dejarlos indefensos frente a los abusos de las AFP, las ISAPRES, las Universidades Privadas o las organizaciones empresariales.
En cuanto a los aspectos orgánicos la Constitución mantiene un rasgo de presidencialismo autoritario exacerbado de modo creciente desde 1925 a la fecha. A pesar de su enorme poder, todavía se exime a los Consejeros del Banco Central y del Tribunal Constitucional de responsabilidad política y constitucional, persiste el Consejo de Seguridad Nacional y un capítulo completo dedicado a las Fuerzas Armadas en la Constitución que no es compatible con el constitucionalismo republicano. Incluso más, el Consejo de Seguridad Nacional ahora refuerza el carácter autoritario y cívico militar del presidencialismo cesarista tan propio de la Constitución chilena. Esta constitución no valora y obstruye la participación de los ciudadanos.
Se contratan asesores en comunicación para dar por cerrada la transición, al mismo tiempo que se agregan nuevos artículos transitorios a la carta fundamental. Mientras existan las disposiciones transitorias que tiene nuestra constitución, no tendremos plena democracia. Las leyes orgánicas constitucionales y el abstruso mecanismo de control constitucional, constituye otra barrera anti-democrática de nuestra Carta fundamental. En fin, son tantas y tan profundas las materias que requieren reforma que cabe alarmarse cuando el ex presidente las denomina como cuestiones simplemente semánticas.
Por eso estamos de acuerdo con el Sr. Lagos cuando dice que: “somos capaces de dotarnos de una nueva Constitución definida de una manera democrática y con la ciudadanía”; pero no compartimos su idea que sólo ahora podemos hacerlo. En la campaña presidencial del año 2009 todas las fuerzas políticas, incluso la derecha se abrió a la posibilidad de un cambio constitucional profundo en materias como la regionalización, el equilibro entre el Presidente y el Congreso, la revisión del sistema de control constitucional. La necesidad de una nueva constitución para Chile no surge sólo a partir del año 2005 ni tampoco ahora. Esta ahí presente desde siempre y ha faltado en la clase política la voluntad de hacerla.
Al igual que con la tesis de la justicia en la medida de lo posible, en el tema constitucional se pretende aplicar un axioma similar que es democracia en la medida de lo posible. La dirigencia de la Concertación ha terminado aceptando como plenamente democrático y llamando a la descalificación semántica a los críticos de un sistema que excluye a importantes sectores de la población, tales como las minorías electorales, sindicales, raciales, religiosas etc. Aceptó una carta fundamental que no consagra ni garantiza la salud y la educación como derechos, que no protege suficientemente los recursos naturales y somete su uso a sistemas discrecionales y tecnocráticos que devienen fácilmente en arbitrariedad y ganancia para pescadores. Ha validado un modelo económico basado solo en el mercado y no en la equidad, que refuerza el centralismo y la concentración del poder, que entrega a las directivas de los partidos con muy poca base de representación, el monopolio de la actividad política no estableciendo como exigencias la democracia interna, la transparencia en el uso de los recursos, la fidelidad de los padrones etc. A las directivas de esos partidos les otorga súper poderes, que parecen poderes preferentes para actuar en política, tal es el poder de elegir autoridades judiciales y adminstrativas vía acuerdos parlamentarios, designar reemplazantes en caso de vacancia del cargo de parlamentario, y cierra el círculo de la arbitrariedad con la consagración del secretismo parlamentario en el artículo 5 de la Ley del Congreso.
Para la dirigencia de la Concertación actual una mayor democratización se reduce a una reforma política minimalista que consiste en cambiar el sistema electoral, quizá sólo ampliando los cupos del Senado y la Cámara, junto con permitir sin restricciones el derecho a voto de los chilenos en el exterior y para obtener financiamiento público a los partidos políticos. A esa dirigencia no le importan los jóvenes y persiguen a los independientes y a los díscolos. Ha renegado del compromiso de campaña de ampliar el padrón electoral al descubrir ahora que se puede trabar la reforma electoral con la exigencia retórica del voto obligatorio porque tampoco se tramita como cambio constitucional serio. No se hace cargo de la falta de legitimidad del sistema político, derivada de la exclusión del 40% de los chilenos que podrían tener derecho a voto. Los parlamentarios de la Alianza y la Concertación están más cómodos con electores conocidos y amarrados (por el voto obligatorio y el binominal) que incorporando electores nuevos a sus distritos. Como lo dijo el actual Presidente de la DC, se satisfacen con una democracia de partidos, y está tan asegurada su posición de privilegio, que no importa si los partidos funcionan. No importa que no se cumpla el quórum para fiscalizar los problemas de la VIII Región, los atrasos y fraudes en la reconstrucción, el caso MINVU-KODAMA y que la Alianza los “madrugue” pidiendo comisiones investigadoras que ellos no fueron capaces de constituir. Los chilenos queremos una nueva Constitución para el Bicentenario. Ojalá no sea la derecha y los partidos de la Alianza los que se tomen este tema en serio y de nuevo madruguen a la remolona política de la Concertación.
La dirigencia de la Concertación nunca se ha jugado de verdad por elegir las autoridades regionales y por la descentralización de los fondos sectoriales. Tampoco creen en la desconcentración. Estos son algunos de los temas de la nueva Constitución y no son cuestiones semánticas como dice en forma errada el ex presidente. La discusión es de fondo. La propuesta constitucional de Océanos Azules consiste en impulsar el desarrollo que Chile necesita a través de un acuerdo país que convoque a todos los chilenos, a trabajadores, empresarios y al gobierno, a construir un nuevo Estado Social y Democrático de Derecho. Para ello se requiere de una propuesta de reforma constitucional que no es pura semántica o mera cuestión de palabrería y denominación. Lo que se propone seguir es el modelo de los países desarrollados de la OECD, con los que esperamos asociarnos en forma cada vez más estrecha. El Estado hemos propuesto definirlo como social para que asegure jurídicamente y financie de manera estable una red de protección que se forme con los derechos del trabajo, educación, salud, seguridad social y sindicalización entre otros. Esta red garantiza un mínimo mediante programas, leyes e incluso la Constitución para reducir la discrecionalidad de los gobiernos en su provisión. También se debe fundar en el diálogo permanente y equilibrado entre trabajadores y empresarios. Todas estas ideas requieren de reformas constitucionales profundas.
El Estado se lo define como democrático, renuncia al centralismo que tanto ha servido a los evangelistas neoliberales para controlar el país sin someter las cuestiones públicas a la deliberación ciudadana y porque redistribuye su poder de manera más profunda y participativa a nivel central, regional y comunal y se da más participación y atribuciones a los ciudadanos. Este nuevo espíritu de servicio público más participativo en todas las áreas del gobierno impulsará la creatividad y el emprendimiento público y privado y una cultura de deberes y responsabilidades republicanas que implica una nueva forma de pensar la ciudadanía chilena en su aspecto político, social y también económico. Finalmente, se propone terminar con todas las formas de exclusión, tales como la falta de representación de la izquierda parlamentaria, la de los que no pueden votar por vivir en el extranjero o de la falta de reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Para realizar este cambio deben aprobarse cambios constitucionales profundos y el Gobierno debe tecnificarse de manera más equilibrada para poder administrar los recursos de todos los chilenos con más eficiencia en cada una de estas nuevas instancias de poder. Este proyecto es progresista porque expresa los ideales de centro y de izquierda y porque suma grandes mayorías a esta nueva visión republicana que expresa lo mejor de nuestra tradición chilena.
Nosotros estamos de acuerdo con el Sr. Lagos que una nueva Constitución debe emanar de la soberanía popular, pero el ex Presidente todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de la propuesta de carta fundamental. También se requiere también de un procedimiento que sea factible para llegar a debatir la nueva carta fundamental que se pronuncie sobre los méritos y beneficios de una Asamblea o de una Comisión Constituyente. En definitiva, Ricardo Lagos debe pronunciarse contra nuestro gatopardismo constitucional. Que diga si quiere una nueva Constitución de verdad, o si respecto a nuestra carta fundamental prefiere repetir el conocido refrán del te quiero mucho, poquito y nada. Si está en contra de la democracia restringida y en la medida de lo posible. Si quiere terminar con una Carta fundamental que hasta ahora en demasiadas áreas muy importantes ha sido en verdad la justificación para hacer imposible la democracia representativa y participativa en Chile. Quedan pendientes todavía algunas de nuestras críticas al documento del Sr. Lagos sobre Chile 2030 que incluyen sus referencias a una reforma tributaria, de educación, participación y otras que Chile necesita. Ya vendrán.
