Desde el 1 de febrero de 2016, el Ayuntamiento de Madrid ha empezado a proceder a la eliminación de los monumentos y símbolos franquistas todavía presentes en la capital, de acuerdo con la ley de Memoria Histórica, la cual se ha quedado sin aplicar en muchas de sus disposiciones desde su votación en 2007.
El monolito al Alférez Provisional, retirado el 1/02/2016 en Madrid
Por supuesto, la materialización de las medidas legales se ha enfrentado con oposiciones y ha levantado polémicas. Así el PP (Partido Popular) ha presentado una denuncia contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, alegando cuestiones patrimoniales y aprovechando cierta confusión de géneros, por no decir la amalgama entre la eliminación de los símbolos de la dictadura y el ajuste de cuentas ideológico. Como ejemplo de ello se puede mencionar la retirada precipitada y sucesiva restitución de una placa en memoria de ocho carmelitas asesinados al principio de la Guerra Civil.
Por otra parte, la Cátedra de la Memoria Histórica de la Universidad Complutense, formada por cinco historiadores y dirigida por Mirta Núñez, ha elaborado, a petición del Ayuntamiento de Madrid, el primer listado de las 256 “calles franquistas” susceptibles de ser cambiadas de nombre (la decisión final la tomará el Ayuntamiento).
El informe, titulado La pervivencia del franquismo en el callejero madrileño, firmado por el historiador Antonio Ortiz, incluye a intelectuales y artistas que “colaboraron con el régimen”, suscitando fuertes reacciones de diversos sectores de la sociedad en los que se lamenta que la iniciativa, necesaria en la estricta aplicación de la ley, raye en un proceso de depuración por delitos de opinión, según expresa Rubén Amón en El País del 10/02/16
Tras la reivindicación social, estos últimos 20 años, de habilitar lugares de memoria para traer a la luz el pasado violento de la dictadura, se trata ahora, de manera concreta, de decidir sobre el devenir de los símbolos franquistas que siguen ocupando el espacio público en la mayoría de las regiones y grandes ciudades españolas. Entre ellas, Barcelona ya había procedido a su eliminación, y ha emprendido a finales de 2015, la retirada de los símbolos franquistas en los espacios privados de uso público, como las iglesias, los cementerios o las fachadas de viviendas sociales contruidas durante la dictadura.
Una de las numerosas placas que permanecen en las fachadas de las viviendas sociales del franquismo
Por otra parte, la Generalitat de Cataluña también ordenó el censo de la simbología franquista en toda la Comunidad Autónoma, en el marco del Memorial Democrátic.
Pero Madrid, duramente castigada por defender la República durante la Guerra Civil, convertida en la capital del franquismo, pasó a ser el símbolo de su poder dictatorial hasta el punto de llegar a ser su metonimia. Esa huella profunda y arragaida explica quizás que el desmantelamiento de la red de signos franquistas sea más conflictivo que en Barcelona. Sin embargo, el caso de Madrid no es para nada aislado.
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