Más allá del conflicto educacional: Malestar social y crisis de representatividad política en Chile | Nicolás Ocaranza

Mucha tinta ha corrido para analizar la crisis del sistema político, la deslegitimación de los partidos y la escalada de movilizaciones sociales que reclaman el fin del lucro en las instituciones escolares y universitarias, así como mejores mecan…

Mucha tinta ha corrido para analizar la crisis del sistema político, la deslegitimación de los partidos y la escalada de movilizaciones sociales que reclaman el fin del lucro en las instituciones escolares y universitarias, así como mejores mecanismos de regulación de la educación pública. 

Entre las propuestas lanzadas al vuelo por politólogos y sociólogos, varias de ellas más intuitivas que científicas y reflexivas, destaca una idea fuerza que, confrontada con algunos datos empíricos, no resiste ningún análisis. La idea defendida por el sociólogo Eugenio Tironi y el investigador de mercado Roberto Méndez, a propósito de un artículo aparecido en The Economist, apunta a que Chile habría alcanzado un determinado umbral de modernidad gracias al aumento de los ingresos per cápita, lo que habría convertido a sus ciudadanos en individuos más exigentes y empoderados, así como en activos fiscalizadores de las actividades del gobierno y de los otros poderes del Estado.

Frente a esa “intuición” hay otra lectura que permite analizar el problema desde la anormalidad del sistema político chileno y su relación con algunos factores socio-económicos que inciden directamente en la perpetuación de las desigualdades sociales.

El determinante central de este nuevo ciclo de movilizaciones es la llegada de la derecha al poder y las oportunidades políticas que ofrece un gobierno poco receptivo a la voluntad popular y al diálogo con las fuerzas opositoras. El cambio de alineaciones políticas, la división de las elites, la difusión de las causas en las redes sociales, la acción colectiva y los nuevos marcos culturales que resuenan en la población chilena serían los factores que inciden en el clima de indignación y de permanente movilización (1). El escenario político post Concertación abrió un camino favorable a las movilizaciones que hizo posible la conexión de unidades contestatarias que antes estaban desconectadas (profesores, estudiantes, ecologistas, opositores a la derecha, defensores de una asamblea constituyente) y que las protestas alcanzaran un cierto grado de empatía o reconocimiento ciudadano, legitimándose ante una opinión pública que antes se mostraba escasamente receptiva de ellas. 


Con todo, la aparente excepcionalidad de estas reivindicaciones no es tal, ya que la mayor parte de las protestas y movilizaciones que ha tenido Chile desde inicios de los años 90, y más fuertemente como consecuencia de los efectos inmediatos de la “crisis asiática” en el bienio 1997-1998, han estado relacionadas con el déficit de financiación de las carreras universitarias, el desmantelamiento de las instituciones y continua privatización de la educación pública.

Además de esta lectura politológica, es necesario considerar que hay otros factores estructurales, no necesariamente relacionados con la coyuntura actual, que intervienen en esta crisis política y social. De acuerdo a los datos aportados por el estudio de indicadores sociales y educacionales de la OECD (OECD, Society at a Glance 2011 – OECD Social Indicators; Education at a Glance 2010: OECD Indicators) y el estudio nacional de opinión pública realizado por el Centro de Estudios Públicos (Estudio Nacional de Opinión Pública N°64, junio-julio 2011), sabemos que el país:

1) Tiene el mayor índice de desigualdad de ingresos entre los países miembros de la OECD, lo cual incide directamente en que sólo el 13% de los chilenos tiene confianza en sus conciudadanos.

2) En referencia al ingreso per cápita, las tasas de matrícula de las universidades chilenas se encuentran entre las tres más altas del mundo. El gasto público en educación del Estado no sobrepasa el 3% del PIB.

3) Tiene la tercera tasa de empleo más baja de la OECD, así como el porcentaje más bajo de trabajadores sindicalizados.

4) Con un 26% de aprobación ciudadana a la gestión del presidente Piñera, el actual gobierno enfrenta la peor crisis de legitimidad de los últimos 20 años. Al mismo tiempo, la Concertación cuenta tan solo con un 17% de aprobación.

Más allá de la crisis educacional, las actuales movilizaciones sociales también son un efecto de la crisis de representatividad. No se puede pensar este ciclo de protestas fuera de la deslegitimación del voto como instrumento privilegiado de la democracia representativa. Independientemente de su carácter contingente y coyuntural, estas movilizaciones son una búsqueda paralela a la vía institucional para instalar una propuesta concreta que suprima el lucro y los enclaves neoliberales que constriñen la educación pública. Pero también se trata de una apuesta por redefinir un nuevo ethos igualitario desde la sociedad civil. Solo así se explica que la juventud hastiada de la democracia formal, es decir, aquellos que no se inscriben en los registros electorales y se automarginan del régimen representativo, sea la que se suma masivamente a las movilizaciones.

El movimiento estudiantil, en definitiva, no se explica únicamente por su mero acontecer, sino también por factores relacionados al déficit democrático y a la crisis de igualdad que sufre la sociedad chilena, asuntos que se corresponden con la estructura constitucional chilena y los mecanismos perversos del sistema electoral binominal. 

El debilitamiento de la democracia chilena se explica en gran medida por la completa anormalidad de su sistema político: la clausura del debate público a dos visiones políticas hegemónicas y la permanencia de enclaves constitucionales que impiden la transformación del sistema desde adentro son su sintomatología más evidente. En efecto, la crisis de representatividad tiene también un componente institucional que reproduce una serie de vicios políticos que impiden la profundización democrática y el equilibrio de poderes del Estado, a la vez que acrecientan las desigualdades: hiperpresidencialismo, Parlamento inoperante, congresistas designados, conflictos de intereses entre los funcionarios públicos, corrupción al interior de los organismos estatales, intromisión del Ejecutivo en las labores de los otros poderes del Estado, desarticulación de la actividad sindical, inexistencia de mecanismos consultivos a la ciudadanía, entre otros.

Repensar esta profunda crisis política y social implica delinear para el futuro nuevos principios constitucionales que aseguren una verdadera igualdad y una democracia acorde con los tiempos actuales. Esta lectura supone un cambio de paradigma, vale decir, pasar de una noción de democracia como mero mecanismo de compensación o moderación de la desigualdad a una noción de democracia igualitaria en la que no se reconocen desigualdades naturales y en la cual las desigualdades sociales se vuelvan prácticamente invisibles.

Si el ciclo de movilizaciones se ha agudizado y extendido más de lo esperado es porque la democracia chilena no ha logrado funcionar como un sistema capaz de revertir las desigualdades económicas contra-naturales de la sociedad. Lo que está en juego en Chile en estos días, no solo es el futuro de una educación pública de calidad abierta a todos, sino también el justo reclamo por una nueva noción de democracia igualitaria. Si en la opinión pública ya se escucha con fuerza el llamado a plebiscitar la reforma educacional, a promover mecanismos de democracia directa e incluso convocar a una asamblea constituyente, es porque la noción de democracia sobre la cual se construyó el orden político-constitucional chileno post-dictatorial ya no da para más. 

Con estos antecedentes, es claro que las masivas movilizaciones no son la expresión de un país que llega a ser “normal”, sino más bien el síntoma de una completa “anormalidad” política-institucional que se arrastra desde la transición democrática en los años 90 y que terminó enclaustrando al país en un marco constitucional restringido, cuyos límites aseguran la perpetuidad de un orden socio-económico desigual.

Como la mayoría de los políticos criollos se han resistido a pensar que las transformaciones socio-económicas pendientes en Chile deben pasar inevitablemente por un cambio constitucional, nunca está demás recordar que aún cuando la igualdad puede ser espontáneamente instalada por las transformaciones sociales, ésta también puede ser establecida por la ley o por el uso de las leyes. La igualdad democrática, como ha sido definida por Pierre Rosanvallon y Adam Przeworski, puede ser un reflejo de la igualdad pre-existente en otros lugares, o bien, ser impuesta por las leyes. Pero cuando ni la una ni la otra operan con eficacia, la democracia se debilita y la representación se convierte en un mero paliativo para una crisis total de la sociedad. Si el malestar social no se resuelve por la vía institucional, que permite la promulgación de nuevas leyes y pactos sociales a través de las constituciones, la crisis será total, inevitable e irreversible.

Suponer que Chile resolverá este crispante malestar -cuya etiología es la profunda desigualdad social- con el crecimiento económico, es una fórmula que fracasó durante cuatro gobiernos concertacionistas y que ahora recrudece con la derecha en el poder. A pesar de que las anteojeras de las instituciones representativas chilenas, que mantienen el statu quo de la situación económica y social de los ciudadanos, no han permitido cubrir con eficacia la desigualdad evidente de sus condiciones de vida, las actuales movilizaciones sociales son la expresión ciudadana de una búsqueda por profundizar unas estructuras democráticas hasta ahora recelosas del imperativo igualitario.


*Este texto tuvo su origen en una serie de intercambios con Alejandro Corvalán. Inicialmente fue un intento de escritura en conjunto, pero el tiempo y la distancia lo impidieron
Nota 1:

Esta idea, definida por Sidney Tarrow como ‹‹political opportunity structure››, ha sido explicada en detalle en su libro Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

Entrevista a Roberto Gargarella, constitucionalista argentino | Mori Ponsowy (La Nación)

El jurista argentino Roberto Gargarella, reconocido por sus aportes en materia de derecho constitucional, es consciente de que la Argentina tiene una Carta Magna «muy exigente». Y sostiene que «ver la distancia que hay entre los compromisos constit…

El jurista argentino Roberto Gargarella, reconocido por sus aportes en materia de derecho constitucional, es consciente de que la Argentina tiene una Carta Magna «muy exigente». Y sostiene que «ver la distancia que hay entre los compromisos constitucionales y la práctica constitucional es muy dramático, pero también muy apasionante». 
Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA), con un máster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Chicago, Gargarella, de 44 años y autor de más de una veintena de libros, investigó recientemente y escribió acerca de los límites a la respuesta penal punitiva, la teoría constitucional y la concepción deliberativa de la democracia. 
¿Qué es la democracia deliberativa y en qué se diferencia de otras concepciones de la democracia?
La idea de democracia deliberativa considera que las únicas decisiones públicas justificadas son las que resultan de un proceso de discusión inclusivo, sin grupos marginados. Algo que no ocurre hoy en la Argentina, donde hay voces y grupos sistemáticamente ausentes de la toma de decisiones. El Congreso se especializa en tomar decisiones a partir de la imposición de una mayoría que levanta la mano. Y aunque eso es una condición necesaria en la construcción de una decisión democrática, no es una condición suficiente para ello. Ni siquiera es suficiente para que la decisión sea constitucionalmente válida. 
¿Cómo debería plantearse el debate sobre la protesta social? Usted dice que es inapropiado hacerlo como si se tratara de tornar compatibles el derecho de libre circulación con el de los manifestantes a expresarse. 
Muchas veces las causas de la protesta social tienen que ver con el incumplimiento del Estado de sus propias obligaciones constitucionales. Antes de apuntar el dedo hacia quienes se quejan por las faltas graves cometidas por el Estado, habría que dirigirlo hacia las autoridades y preguntarles por qué no cumplen con sus obligaciones legales. Si dejamos de lado esta pregunta para empezar a discutir hasta dónde llegan los derechos de los taxistas o las ambulancias, trivializamos el debate. 
¿El derecho a expresarse no debería tener límites? 
Por supuesto que hay límites. Pero el derecho a expresarse y, sobre todo, el derecho a la crítica política es -así lo llamaría- el derecho de los derechos, ya que es condición para el sostén de los demás derechos. Cuanto más restringimos la crítica política, más ponemos en riesgo el resto de la estructura de derechos. 
¿Por qué el Estado incumple desde hace décadas sus deberes constitucionales de garantizar los derechos sociales básicos de la gente más necesitada? 
A cualquier gobierno le interesa transformar los derechos en favores que da o deja de dar a discreción, haciendo que los grupos afectados vayan a pedirle de rodillas aquello que en realidad el Estado debería asegurarles incondicionalmente. Todos los gobiernos, y éste también, tratan los reclamos por derechos como si fueran reclamos por privilegios. 
¿Cómo se puede garantizar que los gobiernos futuros cumplan con su obligación? 
Ahí la Justicia puede cumplir un rol extraordinario que, lamentablemente, ahora cumple sólo a medias, por miedo o por razones políticas. Por eso, la disputa en torno del Consejo de la Magistratura es tan seria, aunque no lo parezca: controlar al Consejo sirve para poner a los jueces bajo amenaza. 
¿Cómo se llegó a esta separación borrosa entre los tres poderes?
Al consagrar un sistema de autoridad concentrada en el Poder Ejecutivo, permitimos que gradualmente se distorsione toda la estructura de frenos y contrapesos. Hoy, como ciudadanos, hemos perdido el control sobre la política y sobre la vida pública en general. Es lo contrario de un proyecto progresista, que exige, ante todo, romper con la desigualdad económica y la desigualdad política. 
¿Qué salida ve para esto?
Me parece posible definir ideales regulativos que tienen que ver con el respeto de la autonomía individual y el autogobierno colectivo. Son ideales por los que luchar. No sé si es fácil llegar ahí, pero es importante, al menos, tener claro hacia dónde dirigir los esfuerzos. Muchos de nuestros problemas tienen que ver con que no tenemos demasiado claro hacia dónde ir. 
¿Por qué usted escribió que la lectura que se hizo de los orígenes del constitucionalismo latinoamericano fue la menos atractiva posible? 
Entre las opciones constitucionales que teníamos optamos por una muy restrictiva de las libertades políticas, con una fuerte concentración de autoridad en el presidente, lo cual fue una decisión muy mala. Cualquier demócrata, cualquier persona con espíritu igualitario, debe temer y resistir siempre la concentración del poder. Nuestra Constitución creó un Poder Ejecutivo más fuerte, que luego fue arrinconando a los demás poderes. 
¿Qué relación encuentra entre la desigualdad política y la económica? 
Una sociedad marcada por la desigualdad política y organizada alrededor del mercado reproduce la desigualdad entre sus miembros y socava los lazos de solidaridad. Ambas desigualdades se refuerzan. Hoy llevar adelante tareas solidarias es un ejercicio heroico porque todos los incentivos institucionales están orientados en dirección opuesta. En sociedades más igualitarias los lazos cívicos son más fuertes, así como las posibilidades de relacionarse con los demás y ver a los otros como iguales. 
¿Cómo describiría la democracia argentina?
Una democracia liberal conservadora, con un limitado respeto a las libertades civiles, fuertes restricciones en las libertades políticas de la ciudadanía y una marcada desigualdad en la distribución de los recursos, que afecta al resto de la estructura democrática. 
¿En qué cosas cree?
En el respeto simultáneo a los valores de libertad individual y autogobierno colectivo; en maximizar la libertad individual y la capacidad de la ciudadanía de tomar control sobre sus propios asuntos. Hemos convivido con regímenes conservadores que negaron las libertades individuales y políticas, y con regímenes liberales que fueron más respetuosos de las libertades personales, pero muy hostiles a las capacidades colectivas de los ciudadanos. Las mejores tradiciones igualitarias requieren la reivindicación de las libertades personales junto con la igualdad política. Esta tiene que ir de la mano de la igualdad económica y asegurar condiciones materiales que nos permitan vivir en comunidad.