Las razones del federalismo | Ramón Máiz

Hemos estado haciendo federalismo sin saberlo o sin decirlo durante demasiado tiempo. La apertura e indeterminación de la Constitución española de 1978, la autonomía como un principio dispositivo susceptible de muy diversas concreciones fue, sin duda, un gran acierto de la Transición. Otorgó un gran protagonismo a los actores (Gobiernos central y autónomos, partidos políticos) que permitió diversos ritmos y niveles de autogobierno. Sin embargo, esta inicial virtud devino en fuente de crecientes problemas y las mismas razones de su éxito original se convirtieron en fuente de innegables disfuncionalidades y recentralizaciones.
Esta contingencia crónica ha generado tres efectos muy negativos. En primer lugar, la confusión, cuando no la tergiversación, de lo que supone el federalismo como sistema y tradición política democrática. España es, de hecho, el único país del mundo en el que para buena parte de la opinión la federación no implica la construcción de una Unión federal, sino la “balcanización” y la “fractura” del Estado. Habrá que sospechar, sin embargo, que alguna suerte de virtualidad política tendrá el federalismo cuando más del 55% de la población mundial (65% del PIB global), vive bajo distintos arreglos federales. En segundo lugar, ha impedido que los españoles nos reconozcamos como ciudadanos de un sistema que ha llegado a ser de hecho —a saltos y con déficits— un sistema político federal. La federalización del Estado de las autonomías es innegable, y así se reconoce en las investigaciones de política comparada, pues posee el núcleo esencial de toda federación: niveles sustantivos de autogobierno y Gobierno compartido garantizados constitucionalmente. En tercer lugar, tan reiterada ambigüedad ha impedido asimismo no solo entender cabalmente el funcionamiento del sistema, sino disponer de un proyecto de futuro que, basándose en un análisis riguroso de sus principales problemas, señale un horizonte de reformas preciso y contrastado en otros países federales.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de federalismo? En primer lugar, al abandono del concepto y vocabulario de la soberanía, que implica la exorbitante exigencia de un centro monopolizador del poder político, indelegable e indivisible. La visión federal de la democracia reemplaza la concepción jerárquica y piramidal del poder político —“mando y control”— por otra bien diferente: horizontal, de competencias repartidas, en red, pero coordinadas (federadas). En su propia etimología, el federalismo remite a la construcción política de la confianza (fides) mediante pacto entre iguales (foedus). Si la soberanía siempre constituyó un imposible sueño de la razón en la historia del pensamiento, en el ámbito de nuestro sistema político multinivel, la Unión Europea, carece simplemente de sentido. Demasiado caro está pagando Europa haber abandonado el aliento federal originario, para abandonarse a las resistencias “soberanas” de Estados inanes ante los mercados financieros. En segundo lugar, el federalismo postula la construcción de un Estado de Estados, o lo que es lo mismo la articulación de autogobierno y gobierno compartido. Esto es, un equilibrio negociado y respetado que concilie la mayor autonomía política de las partes con la inclusión participativa en una voluntad común. Las evidencias empíricas disponibles en nuestro país contradicen las percepciones sobre la ruinosa complejidad de este modelo. En lo que respecta al autogobierno, la proximidad de las autonomías a las preferencias de los ciudadanos ha permitido aumentar la calidad de las políticas públicas, disminuir los costes de su provisión, experimentar soluciones diferentes, innovar y competir. La merma de control en razón de la mayor dificultad en la atribución de responsabilidades se ha resuelto parcialmente mediante aprendizaje cívico y voto sofisticado. En lo que atañe al gobierno compartido, los estereotipos sobre el fracaso de las relaciones intergubernamentales multilaterales tampoco se sostienen: es constatable un aumento continuo (si bien heterogéneo) de la actividad de los órganos multilaterales, con predominio de estrategias de búsqueda de soluciones. Surge también una demanda de no duplicación y coordinación no jerárquica de la Administración y Gobierno centrales. Se suele hablar a estos efectos de federalismo cooperativo y es evidente que el sistema español ha generado mecanismos valiosos de cooperación. Debe, sin embargo, discutirse muy bien su alcance, porque el “federalismo cooperativo” de impronta alemana se basa en una peculiar tradición de Gobierno neocorporativo y de consenso que no solo diluye las responsabilidades políticas de los diferentes niveles, sino que genera continuas trampas de decisión conjunta y alberga una innegable recentralización de las competencias estatutarias.
En tercer lugar, federalismo implica unidad en la diversidad cultural y nacional, un concepto pluralista, no nacionalista de nación. El federalismo, en contra de lo que se suele creer no concierne solo al “Estado”, no deja a la nación como campo libre a los nacionalismos de varia índole, sino que posee su propia alternativa. Especialmente cuestiona la vieja ecuación: “Un Estado, una nación” (Estado nacional), o su mímesis: “Una nación, un Estado” (Principio de las nacionalidades). El federalismo defiende abiertamente la neta superioridad ético-política de la convivencia de varias naciones en el seno del mismo sistema en un proyecto de tolerancia, lealtad, confianza y respeto mutuo. Supera el vocabulario de las esencias nacionales, de la cosificación defensiva de las identidades, no las blinda ni las aísla volviéndolas excluyentes. Atendiendo el (muy desigual y plural) valor político y cultural de la nación para los ciudadanos, propone una perspectiva de identidades superpuestas, una federación plurinacional, una nación de naciones.
En cuarto lugar, el federalismo postula, como eje central de su modelo, la igualdad y la solidaridad interterritorial. La evidencia empírica de la política comparada muestra con claridad que el federalismo no dificulta la igualdad entre los territorios. En España también en esto las evidencias contrastan con las percepciones: los estudios más solventes prueban que la igualdad no se ha visto dañada por la diversidad cultural y política, que las distancias entre los diferentes niveles de bienestar entre comunidades autónomas han disminuido. Pero con un coste y esfuerzo fiscal muy mal repartidos. Propone el federalismo una igualdad compleja, ajena a la uniformidad, en razón del autogobierno y experimentación que defiende, pero que sitúa en la base del proyecto común la cohesión territorial a partir de algunos postulados básicos: suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal, transparencia y proporcionalidad (ordinalidad).
El federalismo no es una panacea, sino un programa que defiende una cultura política, principios y valores propios, así como un eficacísimo diseño institucional muy adaptativo a contextos cambiantes. Unos y otras pueden ser reinterpretados desde diversas ideologías democráticas (liberalismo, socialismo, nacionalismo o ecologismo). Y aporta, además, un espacio de encuentro para una discusión muy aquilatada y contrastada sobre la ingente experiencia institucional disponible en muchos países y diferentes contextos económicos y sociales. Puede proveer de un horizonte razonable a una mayoría de españoles. Una solución federal explícita a nuestros problemas federales que requiere la reforma de la Constitución, pues la vía evolutiva a través de los Estatutos ha sido clausurada por el propio Tribunal Constitucional.
Podría aducirse que no es este el momento, que en estos momentos ni las buenas razones federales pueden competir con la exaltación política de las pasiones nacionales, ni la ocasión es propicia para esgrimirlas, dado el contexto de crisis económica que reclama muy otras prioridades. Todo lo contrario, es preciso recordar que, por una parte, el federalismo promueve sus propias pasiones políticas, anteponiendo la empatía al resentimiento entre comunidades; y que, por otra, en el seno de la crisis presente, el inaplazable retorno de la política frente a “los mercados” nos reclama la visión federal: más política y más Europa.

Hemos estado haciendo federalismo sin saberlo o sin decirlo durante demasiado tiempo. La apertura e indeterminación de la Constitución española de 1978, la autonomía como un principio dispositivo susceptible de muy diversas concreciones fue, sin duda, un gran acierto de la Transición. Otorgó un gran protagonismo a los actores (Gobiernos central y autónomos, partidos políticos) que permitió diversos ritmos y niveles de autogobierno. Sin embargo, esta inicial virtud devino en fuente de crecientes problemas y las mismas razones de su éxito original se convirtieron en fuente de innegables disfuncionalidades y recentralizaciones.
Esta contingencia crónica ha generado tres efectos muy negativos. En primer lugar, la confusión, cuando no la tergiversación, de lo que supone el federalismo como sistema y tradición política democrática. España es, de hecho, el único país del mundo en el que para buena parte de la opinión la federación no implica la construcción de una Unión federal, sino la “balcanización” y la “fractura” del Estado. Habrá que sospechar, sin embargo, que alguna suerte de virtualidad política tendrá el federalismo cuando más del 55% de la población mundial (65% del PIB global), vive bajo distintos arreglos federales. En segundo lugar, ha impedido que los españoles nos reconozcamos como ciudadanos de un sistema que ha llegado a ser de hecho —a saltos y con déficits— un sistema político federal. La federalización del Estado de las autonomías es innegable, y así se reconoce en las investigaciones de política comparada, pues posee el núcleo esencial de toda federación: niveles sustantivos de autogobierno y Gobierno compartido garantizados constitucionalmente. En tercer lugar, tan reiterada ambigüedad ha impedido asimismo no solo entender cabalmente el funcionamiento del sistema, sino disponer de un proyecto de futuro que, basándose en un análisis riguroso de sus principales problemas, señale un horizonte de reformas preciso y contrastado en otros países federales.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de federalismo? En primer lugar, al abandono del concepto y vocabulario de la soberanía, que implica la exorbitante exigencia de un centro monopolizador del poder político, indelegable e indivisible. La visión federal de la democracia reemplaza la concepción jerárquica y piramidal del poder político —“mando y control”— por otra bien diferente: horizontal, de competencias repartidas, en red, pero coordinadas (federadas). En su propia etimología, el federalismo remite a la construcción política de la confianza (fides) mediante pacto entre iguales (foedus). Si la soberanía siempre constituyó un imposible sueño de la razón en la historia del pensamiento, en el ámbito de nuestro sistema político multinivel, la Unión Europea, carece simplemente de sentido. Demasiado caro está pagando Europa haber abandonado el aliento federal originario, para abandonarse a las resistencias “soberanas” de Estados inanes ante los mercados financieros. En segundo lugar, el federalismo postula la construcción de un Estado de Estados, o lo que es lo mismo la articulación de autogobierno y gobierno compartido. Esto es, un equilibrio negociado y respetado que concilie la mayor autonomía política de las partes con la inclusión participativa en una voluntad común. Las evidencias empíricas disponibles en nuestro país contradicen las percepciones sobre la ruinosa complejidad de este modelo. En lo que respecta al autogobierno, la proximidad de las autonomías a las preferencias de los ciudadanos ha permitido aumentar la calidad de las políticas públicas, disminuir los costes de su provisión, experimentar soluciones diferentes, innovar y competir. La merma de control en razón de la mayor dificultad en la atribución de responsabilidades se ha resuelto parcialmente mediante aprendizaje cívico y voto sofisticado. En lo que atañe al gobierno compartido, los estereotipos sobre el fracaso de las relaciones intergubernamentales multilaterales tampoco se sostienen: es constatable un aumento continuo (si bien heterogéneo) de la actividad de los órganos multilaterales, con predominio de estrategias de búsqueda de soluciones. Surge también una demanda de no duplicación y coordinación no jerárquica de la Administración y Gobierno centrales. Se suele hablar a estos efectos de federalismo cooperativo y es evidente que el sistema español ha generado mecanismos valiosos de cooperación. Debe, sin embargo, discutirse muy bien su alcance, porque el “federalismo cooperativo” de impronta alemana se basa en una peculiar tradición de Gobierno neocorporativo y de consenso que no solo diluye las responsabilidades políticas de los diferentes niveles, sino que genera continuas trampas de decisión conjunta y alberga una innegable recentralización de las competencias estatutarias.
En tercer lugar, federalismo implica unidad en la diversidad cultural y nacional, un concepto pluralista, no nacionalista de nación. El federalismo, en contra de lo que se suele creer no concierne solo al “Estado”, no deja a la nación como campo libre a los nacionalismos de varia índole, sino que posee su propia alternativa. Especialmente cuestiona la vieja ecuación: “Un Estado, una nación” (Estado nacional), o su mímesis: “Una nación, un Estado” (Principio de las nacionalidades). El federalismo defiende abiertamente la neta superioridad ético-política de la convivencia de varias naciones en el seno del mismo sistema en un proyecto de tolerancia, lealtad, confianza y respeto mutuo. Supera el vocabulario de las esencias nacionales, de la cosificación defensiva de las identidades, no las blinda ni las aísla volviéndolas excluyentes. Atendiendo el (muy desigual y plural) valor político y cultural de la nación para los ciudadanos, propone una perspectiva de identidades superpuestas, una federación plurinacional, una nación de naciones.
En cuarto lugar, el federalismo postula, como eje central de su modelo, la igualdad y la solidaridad interterritorial. La evidencia empírica de la política comparada muestra con claridad que el federalismo no dificulta la igualdad entre los territorios. En España también en esto las evidencias contrastan con las percepciones: los estudios más solventes prueban que la igualdad no se ha visto dañada por la diversidad cultural y política, que las distancias entre los diferentes niveles de bienestar entre comunidades autónomas han disminuido. Pero con un coste y esfuerzo fiscal muy mal repartidos. Propone el federalismo una igualdad compleja, ajena a la uniformidad, en razón del autogobierno y experimentación que defiende, pero que sitúa en la base del proyecto común la cohesión territorial a partir de algunos postulados básicos: suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal, transparencia y proporcionalidad (ordinalidad).
El federalismo no es una panacea, sino un programa que defiende una cultura política, principios y valores propios, así como un eficacísimo diseño institucional muy adaptativo a contextos cambiantes. Unos y otras pueden ser reinterpretados desde diversas ideologías democráticas (liberalismo, socialismo, nacionalismo o ecologismo). Y aporta, además, un espacio de encuentro para una discusión muy aquilatada y contrastada sobre la ingente experiencia institucional disponible en muchos países y diferentes contextos económicos y sociales. Puede proveer de un horizonte razonable a una mayoría de españoles. Una solución federal explícita a nuestros problemas federales que requiere la reforma de la Constitución, pues la vía evolutiva a través de los Estatutos ha sido clausurada por el propio Tribunal Constitucional.
Podría aducirse que no es este el momento, que en estos momentos ni las buenas razones federales pueden competir con la exaltación política de las pasiones nacionales, ni la ocasión es propicia para esgrimirlas, dado el contexto de crisis económica que reclama muy otras prioridades. Todo lo contrario, es preciso recordar que, por una parte, el federalismo promueve sus propias pasiones políticas, anteponiendo la empatía al resentimiento entre comunidades; y que, por otra, en el seno de la crisis presente, el inaplazable retorno de la política frente a “los mercados” nos reclama la visión federal: más política y más Europa.

Las razones del federalismo | Ramón Máiz

Hemos estado haciendo federalismo sin saberlo o sin decirlo durante demasiado tiempo. La apertura e indeterminación de la Constitución española de 1978, la autonomía como un principio dispositivo susceptible de muy diversas concreciones fue, sin duda, un gran acierto de la Transición. Otorgó un gran protagonismo a los actores (Gobiernos central y autónomos, partidos políticos) que permitió diversos ritmos y niveles de autogobierno. Sin embargo, esta inicial virtud devino en fuente de crecientes problemas y las mismas razones de su éxito original se convirtieron en fuente de innegables disfuncionalidades y recentralizaciones.
Esta contingencia crónica ha generado tres efectos muy negativos. En primer lugar, la confusión, cuando no la tergiversación, de lo que supone el federalismo como sistema y tradición política democrática. España es, de hecho, el único país del mundo en el que para buena parte de la opinión la federación no implica la construcción de una Unión federal, sino la “balcanización” y la “fractura” del Estado. Habrá que sospechar, sin embargo, que alguna suerte de virtualidad política tendrá el federalismo cuando más del 55% de la población mundial (65% del PIB global), vive bajo distintos arreglos federales. En segundo lugar, ha impedido que los españoles nos reconozcamos como ciudadanos de un sistema que ha llegado a ser de hecho —a saltos y con déficits— un sistema político federal. La federalización del Estado de las autonomías es innegable, y así se reconoce en las investigaciones de política comparada, pues posee el núcleo esencial de toda federación: niveles sustantivos de autogobierno y Gobierno compartido garantizados constitucionalmente. En tercer lugar, tan reiterada ambigüedad ha impedido asimismo no solo entender cabalmente el funcionamiento del sistema, sino disponer de un proyecto de futuro que, basándose en un análisis riguroso de sus principales problemas, señale un horizonte de reformas preciso y contrastado en otros países federales.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de federalismo? En primer lugar, al abandono del concepto y vocabulario de la soberanía, que implica la exorbitante exigencia de un centro monopolizador del poder político, indelegable e indivisible. La visión federal de la democracia reemplaza la concepción jerárquica y piramidal del poder político —“mando y control”— por otra bien diferente: horizontal, de competencias repartidas, en red, pero coordinadas (federadas). En su propia etimología, el federalismo remite a la construcción política de la confianza (fides) mediante pacto entre iguales (foedus). Si la soberanía siempre constituyó un imposible sueño de la razón en la historia del pensamiento, en el ámbito de nuestro sistema político multinivel, la Unión Europea, carece simplemente de sentido. Demasiado caro está pagando Europa haber abandonado el aliento federal originario, para abandonarse a las resistencias “soberanas” de Estados inanes ante los mercados financieros. En segundo lugar, el federalismo postula la construcción de un Estado de Estados, o lo que es lo mismo la articulación de autogobierno y gobierno compartido. Esto es, un equilibrio negociado y respetado que concilie la mayor autonomía política de las partes con la inclusión participativa en una voluntad común. Las evidencias empíricas disponibles en nuestro país contradicen las percepciones sobre la ruinosa complejidad de este modelo. En lo que respecta al autogobierno, la proximidad de las autonomías a las preferencias de los ciudadanos ha permitido aumentar la calidad de las políticas públicas, disminuir los costes de su provisión, experimentar soluciones diferentes, innovar y competir. La merma de control en razón de la mayor dificultad en la atribución de responsabilidades se ha resuelto parcialmente mediante aprendizaje cívico y voto sofisticado. En lo que atañe al gobierno compartido, los estereotipos sobre el fracaso de las relaciones intergubernamentales multilaterales tampoco se sostienen: es constatable un aumento continuo (si bien heterogéneo) de la actividad de los órganos multilaterales, con predominio de estrategias de búsqueda de soluciones. Surge también una demanda de no duplicación y coordinación no jerárquica de la Administración y Gobierno centrales. Se suele hablar a estos efectos de federalismo cooperativo y es evidente que el sistema español ha generado mecanismos valiosos de cooperación. Debe, sin embargo, discutirse muy bien su alcance, porque el “federalismo cooperativo” de impronta alemana se basa en una peculiar tradición de Gobierno neocorporativo y de consenso que no solo diluye las responsabilidades políticas de los diferentes niveles, sino que genera continuas trampas de decisión conjunta y alberga una innegable recentralización de las competencias estatutarias.
En tercer lugar, federalismo implica unidad en la diversidad cultural y nacional, un concepto pluralista, no nacionalista de nación. El federalismo, en contra de lo que se suele creer no concierne solo al “Estado”, no deja a la nación como campo libre a los nacionalismos de varia índole, sino que posee su propia alternativa. Especialmente cuestiona la vieja ecuación: “Un Estado, una nación” (Estado nacional), o su mímesis: “Una nación, un Estado” (Principio de las nacionalidades). El federalismo defiende abiertamente la neta superioridad ético-política de la convivencia de varias naciones en el seno del mismo sistema en un proyecto de tolerancia, lealtad, confianza y respeto mutuo. Supera el vocabulario de las esencias nacionales, de la cosificación defensiva de las identidades, no las blinda ni las aísla volviéndolas excluyentes. Atendiendo el (muy desigual y plural) valor político y cultural de la nación para los ciudadanos, propone una perspectiva de identidades superpuestas, una federación plurinacional, una nación de naciones.
En cuarto lugar, el federalismo postula, como eje central de su modelo, la igualdad y la solidaridad interterritorial. La evidencia empírica de la política comparada muestra con claridad que el federalismo no dificulta la igualdad entre los territorios. En España también en esto las evidencias contrastan con las percepciones: los estudios más solventes prueban que la igualdad no se ha visto dañada por la diversidad cultural y política, que las distancias entre los diferentes niveles de bienestar entre comunidades autónomas han disminuido. Pero con un coste y esfuerzo fiscal muy mal repartidos. Propone el federalismo una igualdad compleja, ajena a la uniformidad, en razón del autogobierno y experimentación que defiende, pero que sitúa en la base del proyecto común la cohesión territorial a partir de algunos postulados básicos: suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal, transparencia y proporcionalidad (ordinalidad).
El federalismo no es una panacea, sino un programa que defiende una cultura política, principios y valores propios, así como un eficacísimo diseño institucional muy adaptativo a contextos cambiantes. Unos y otras pueden ser reinterpretados desde diversas ideologías democráticas (liberalismo, socialismo, nacionalismo o ecologismo). Y aporta, además, un espacio de encuentro para una discusión muy aquilatada y contrastada sobre la ingente experiencia institucional disponible en muchos países y diferentes contextos económicos y sociales. Puede proveer de un horizonte razonable a una mayoría de españoles. Una solución federal explícita a nuestros problemas federales que requiere la reforma de la Constitución, pues la vía evolutiva a través de los Estatutos ha sido clausurada por el propio Tribunal Constitucional.
Podría aducirse que no es este el momento, que en estos momentos ni las buenas razones federales pueden competir con la exaltación política de las pasiones nacionales, ni la ocasión es propicia para esgrimirlas, dado el contexto de crisis económica que reclama muy otras prioridades. Todo lo contrario, es preciso recordar que, por una parte, el federalismo promueve sus propias pasiones políticas, anteponiendo la empatía al resentimiento entre comunidades; y que, por otra, en el seno de la crisis presente, el inaplazable retorno de la política frente a “los mercados” nos reclama la visión federal: más política y más Europa.

Hemos estado haciendo federalismo sin saberlo o sin decirlo durante demasiado tiempo. La apertura e indeterminación de la Constitución española de 1978, la autonomía como un principio dispositivo susceptible de muy diversas concreciones fue, sin duda, un gran acierto de la Transición. Otorgó un gran protagonismo a los actores (Gobiernos central y autónomos, partidos políticos) que permitió diversos ritmos y niveles de autogobierno. Sin embargo, esta inicial virtud devino en fuente de crecientes problemas y las mismas razones de su éxito original se convirtieron en fuente de innegables disfuncionalidades y recentralizaciones.
Esta contingencia crónica ha generado tres efectos muy negativos. En primer lugar, la confusión, cuando no la tergiversación, de lo que supone el federalismo como sistema y tradición política democrática. España es, de hecho, el único país del mundo en el que para buena parte de la opinión la federación no implica la construcción de una Unión federal, sino la “balcanización” y la “fractura” del Estado. Habrá que sospechar, sin embargo, que alguna suerte de virtualidad política tendrá el federalismo cuando más del 55% de la población mundial (65% del PIB global), vive bajo distintos arreglos federales. En segundo lugar, ha impedido que los españoles nos reconozcamos como ciudadanos de un sistema que ha llegado a ser de hecho —a saltos y con déficits— un sistema político federal. La federalización del Estado de las autonomías es innegable, y así se reconoce en las investigaciones de política comparada, pues posee el núcleo esencial de toda federación: niveles sustantivos de autogobierno y Gobierno compartido garantizados constitucionalmente. En tercer lugar, tan reiterada ambigüedad ha impedido asimismo no solo entender cabalmente el funcionamiento del sistema, sino disponer de un proyecto de futuro que, basándose en un análisis riguroso de sus principales problemas, señale un horizonte de reformas preciso y contrastado en otros países federales.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de federalismo? En primer lugar, al abandono del concepto y vocabulario de la soberanía, que implica la exorbitante exigencia de un centro monopolizador del poder político, indelegable e indivisible. La visión federal de la democracia reemplaza la concepción jerárquica y piramidal del poder político —“mando y control”— por otra bien diferente: horizontal, de competencias repartidas, en red, pero coordinadas (federadas). En su propia etimología, el federalismo remite a la construcción política de la confianza (fides) mediante pacto entre iguales (foedus). Si la soberanía siempre constituyó un imposible sueño de la razón en la historia del pensamiento, en el ámbito de nuestro sistema político multinivel, la Unión Europea, carece simplemente de sentido. Demasiado caro está pagando Europa haber abandonado el aliento federal originario, para abandonarse a las resistencias “soberanas” de Estados inanes ante los mercados financieros. En segundo lugar, el federalismo postula la construcción de un Estado de Estados, o lo que es lo mismo la articulación de autogobierno y gobierno compartido. Esto es, un equilibrio negociado y respetado que concilie la mayor autonomía política de las partes con la inclusión participativa en una voluntad común. Las evidencias empíricas disponibles en nuestro país contradicen las percepciones sobre la ruinosa complejidad de este modelo. En lo que respecta al autogobierno, la proximidad de las autonomías a las preferencias de los ciudadanos ha permitido aumentar la calidad de las políticas públicas, disminuir los costes de su provisión, experimentar soluciones diferentes, innovar y competir. La merma de control en razón de la mayor dificultad en la atribución de responsabilidades se ha resuelto parcialmente mediante aprendizaje cívico y voto sofisticado. En lo que atañe al gobierno compartido, los estereotipos sobre el fracaso de las relaciones intergubernamentales multilaterales tampoco se sostienen: es constatable un aumento continuo (si bien heterogéneo) de la actividad de los órganos multilaterales, con predominio de estrategias de búsqueda de soluciones. Surge también una demanda de no duplicación y coordinación no jerárquica de la Administración y Gobierno centrales. Se suele hablar a estos efectos de federalismo cooperativo y es evidente que el sistema español ha generado mecanismos valiosos de cooperación. Debe, sin embargo, discutirse muy bien su alcance, porque el “federalismo cooperativo” de impronta alemana se basa en una peculiar tradición de Gobierno neocorporativo y de consenso que no solo diluye las responsabilidades políticas de los diferentes niveles, sino que genera continuas trampas de decisión conjunta y alberga una innegable recentralización de las competencias estatutarias.
En tercer lugar, federalismo implica unidad en la diversidad cultural y nacional, un concepto pluralista, no nacionalista de nación. El federalismo, en contra de lo que se suele creer no concierne solo al “Estado”, no deja a la nación como campo libre a los nacionalismos de varia índole, sino que posee su propia alternativa. Especialmente cuestiona la vieja ecuación: “Un Estado, una nación” (Estado nacional), o su mímesis: “Una nación, un Estado” (Principio de las nacionalidades). El federalismo defiende abiertamente la neta superioridad ético-política de la convivencia de varias naciones en el seno del mismo sistema en un proyecto de tolerancia, lealtad, confianza y respeto mutuo. Supera el vocabulario de las esencias nacionales, de la cosificación defensiva de las identidades, no las blinda ni las aísla volviéndolas excluyentes. Atendiendo el (muy desigual y plural) valor político y cultural de la nación para los ciudadanos, propone una perspectiva de identidades superpuestas, una federación plurinacional, una nación de naciones.
En cuarto lugar, el federalismo postula, como eje central de su modelo, la igualdad y la solidaridad interterritorial. La evidencia empírica de la política comparada muestra con claridad que el federalismo no dificulta la igualdad entre los territorios. En España también en esto las evidencias contrastan con las percepciones: los estudios más solventes prueban que la igualdad no se ha visto dañada por la diversidad cultural y política, que las distancias entre los diferentes niveles de bienestar entre comunidades autónomas han disminuido. Pero con un coste y esfuerzo fiscal muy mal repartidos. Propone el federalismo una igualdad compleja, ajena a la uniformidad, en razón del autogobierno y experimentación que defiende, pero que sitúa en la base del proyecto común la cohesión territorial a partir de algunos postulados básicos: suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal, transparencia y proporcionalidad (ordinalidad).
El federalismo no es una panacea, sino un programa que defiende una cultura política, principios y valores propios, así como un eficacísimo diseño institucional muy adaptativo a contextos cambiantes. Unos y otras pueden ser reinterpretados desde diversas ideologías democráticas (liberalismo, socialismo, nacionalismo o ecologismo). Y aporta, además, un espacio de encuentro para una discusión muy aquilatada y contrastada sobre la ingente experiencia institucional disponible en muchos países y diferentes contextos económicos y sociales. Puede proveer de un horizonte razonable a una mayoría de españoles. Una solución federal explícita a nuestros problemas federales que requiere la reforma de la Constitución, pues la vía evolutiva a través de los Estatutos ha sido clausurada por el propio Tribunal Constitucional.
Podría aducirse que no es este el momento, que en estos momentos ni las buenas razones federales pueden competir con la exaltación política de las pasiones nacionales, ni la ocasión es propicia para esgrimirlas, dado el contexto de crisis económica que reclama muy otras prioridades. Todo lo contrario, es preciso recordar que, por una parte, el federalismo promueve sus propias pasiones políticas, anteponiendo la empatía al resentimiento entre comunidades; y que, por otra, en el seno de la crisis presente, el inaplazable retorno de la política frente a “los mercados” nos reclama la visión federal: más política y más Europa.

El sueño ilustrado y el Estado-nación | José Álvarez Junco

Como culminación del proyecto ilustrado, hace poco más de dos siglos, Immanuel Kant especulaba sobre la desaparición futura de los Estados soberanos, las guerras y las fronteras, sustituido todo por una federación internacional de poderes que resolvería las disputas hasta conseguir implantar una “paz perpetua”. La paz, que no era el estado natural del hombre, sería la consecuencia del “progreso”, del imperio de la “razón” en el espinoso terreno de las relaciones entre los grupos humanos.
En esa dirección nos habíamos embarcado los europeos de la segunda mitad del siglo XX al intentar construir una Unión que superase los Estados nacionales. Era el único proyecto realmente utópico y apasionante de las últimas décadas. Su primer objetivo era acabar con las guerras europeas, crónicas a lo largo de milenios, pero iba más lejos: suponía menoscabar el principio de la soberanía nacional, limitar las competencias de los Estados y convertir aquellos reductos blindados y opacos en permeables a influencias exteriores. Al reducir los poderes del Estado-nación, parecía lógico suponer que disminuiría el atractivo que representaba convertirse en uno de ellos. Tras una larga sucesión de brutales intentos de expansión de los Estados o de luchas por independizarse de un Estado opresor, el futuro parecía anunciar una disminución suave y negociada de los poderes estatales, cedidos a organizaciones supranacionales.
Ahora resulta que todo esto no era más que un bello sueño. Ante la crisis económica, la Unión Europea, presa de egoísmos nacionales, ha reaccionado con lentitud y torpeza. En todas partes han ganado las elecciones populistas que han cultivado el odio contra el vecino: los otros se aprovechan de nuestro trabajo, el euro ha generado inflación y nos imposibilita salir de la crisis manipulando una moneda propia… En los países mediterráneos, en lugar de intentar construir más Europa, cediendo competencias —es decir, soberanía— a un Gobierno económico europeo que nos ayudara a salir del atolladero, los gobernantes se enrocan en su feudo, siguen enviando cifras maquilladas y retrasan en lo que pueden el cumplimiento de reformas necesarias y prometidas a cambio de ayudas. Y en Cataluña y el País Vasco vuelve a levantar el vuelo el independentismo.
El proyecto independentista está ligado a los nacionalismos del siglo XIX. Las rivalidades de aquella época llevaron a las dos guerras mundiales que causaron el declive europeo del XX. Tras la Gran Guerra, se ideó resolver las tensiones creando tantos Estados como naciones se suponía que existían, con la esperanza de que muchos espacios políticos culturalmente homogéneos garantizarían la convivencia en paz. Surgieron así Estados como setas en el centro y este de Europa, pero con ellos no terminaron los conflictos, sino que aparecieron otros nuevos: desplazamientos de población, genocidios o tratamiento discriminatorio de las minorías que siempre seguían quedando dentro de las nuevas fronteras… Llegaron, en resumen, los fascismos y la II Guerra Mundial. Tras esta, al fin, se impuso la sensatez y emprendimos otro camino. Que es el que está ahora en crisis.
En el caso español, las circunstancias políticas actuales tienen muy poco que ver con las que vieron nacer los nacionalismos catalán y vasco. En 1898, el país se caracterizaba por el atraso económico, el analfabetismo, la falta de peso internacional, el falseamiento del sistema democrático, las abismales desigualdades del mundo agrario, la interferencia militar en la vida política y la eclesiástica en la cultural, la localización del centro político en un poblacho manchego alejado de los dos grandes polos industriales… Un siglo más tarde, afortunadamente, de aquella lista de problemas queda poco. Pero sigue vivo el tema territorial. Las élites políticas catalanas y vascas, apoyadas por una parte significativa de la población, plantean demandas que apuntan a la constitución de un Estado-nación propio, soberano y separado de España. Y las élites centrales carecen de la cintura que tuvieron hace 35 años. En lugar de insistir en el europeísmo, le asaltan las tentaciones de imponer por decreto el españolismo monolítico basado en Don Pelayo, el Cid e Isabel la Católica.
Es verdad que su asociación con el franquismo desprestigió el españolismo y que el café para todos de la Transición ofendió a catalanes y vascos al compararlos con comunidades recién inventadas y sin conciencia de la propia identidad. Lo que les hubiera satisfecho hubiera sido una federación de cuatro grandes identidades: Cataluña, País Vasco, Galicia y “Castilla”; algo bastante burdo, porque no hay homogeneidad en el espacio que se extiende entre Cantabria y Canarias. Quizá una cifra intermedia entre cuatro y 17 hubiera sido aceptable. ¿Es tarde para intentar replantear el Estado de las autonomías?
Pocos beneficios puede reportar al ciudadano de a pie la independencia política. Nada ganaría con volver a tener que cruzar puestos fronterizos, con manejar varias monedas, con llamar “extranjeros” a quienes hasta ahora han sido conciudadanos. Solo los más cargados de conciencia identitaria obtendrían satisfacciones morales: ahora somos más pequeños, pero somos el “nosotros” con el que soñé desde niño. A cambio de eso, cuántos desgarramientos personales o familiares, cuántas posibles querellas en torno a quién corresponde esta competencia o este dinero, por no hablar de los choques violentos que, en la historia europea, han acompañado casi siempre a los procesos de secesión. Estos últimos, prefiero ni mentarlos; quiero creer que hemos superado esa fase. Los intelectuales parecen liberados de las angustias noventayochistas sobre el “se rompe España”, raíz de tantas locuras; y entre los militares parece haberse impuesto el acatamiento a los pactos o las decisiones que se tomen por los dirigentes civiles.
Pero si al común de las gentes un cambio de este tipo apenas les reportaría ventajas, y sí muchos inconvenientes, les resultaría, en cambio, indiscutiblemente beneficioso a las élites político-intelectuales. Pasar de autoridad local a jefe de Estado suscita, y se comprende, mucho entusiasmo.
Pero es jugar con fuego. La gente podría tomárselo en serio y lo que hoy es solo una pugna entre élites políticas rivales por competencias y recursos podría convertirse en un enfrentamiento étnico auténtico, con comunidades hostiles, separadas por barrios, con hijos que no se casan entre sí y que se lían a golpes cuando se encuentran en los bares. Algo que existe en el mundo balcánico, pero, por fortuna, nunca visto en España. La culminación sería una fragmentación, también a la balcánica, en pequeñas unidades soberanas, independientes, rivales entre sí, con posibles represalias y depuraciones étnicas. Ese escenario no es probable hoy día, pero tampoco imposible.
Cuánto mejor sería intentar adecuar nuestros esquemas mentales y categorías legales a la complejidad y fluidez de la vida social; aceptar que tenemos varias identidades y que ninguna de ellas tiene por qué ser prioritaria sobre las otras. Con la inmigración y el incremento de los lazos con la UE y con América Latina nos estábamos acostumbrando ya a un cierto multiculturalismo en este país. También aceptábamos la existencia de diversos niveles de poder. Sería cosa de pactar de manera más clara y estable las competencias y recursos de cada uno hasta llegar a un modelo federal español sui generis, asimétrico, e integrado, a su vez, en un sistema federal europeo. Encaminaríamos así de nuevo al Estado nacional por la senda que le conduciría a su disolución en una red de múltiples niveles de poder.
Si una racionalización global del sistema, en esta línea federal compleja, es imposible, mantengamos al menos la situación actual, con algún nuevo acuerdo sobre el reparto de la recaudación fiscal entre la Generalitat y el Gobierno central. La cultura del pacto generada en la Transición no debe arrojarse por la borda. Pero hay que renunciar a los victimismos, a las referencias a “expolios” por parte de los vecinos, a las angustias sobre identidades sagradas y eternas hoy amenazadas de extinción. Es responsabilidad de las élites políticas evitar el cultivo de estas emociones primarias. Si no lo hacen, es responsabilidad nuestra, de los ciudadanos, no dejar que exciten nuestras pasiones en favor de sus intereses.

Como culminación del proyecto ilustrado, hace poco más de dos siglos, Immanuel Kant especulaba sobre la desaparición futura de los Estados soberanos, las guerras y las fronteras, sustituido todo por una federación internacional de poderes que resolvería las disputas hasta conseguir implantar una “paz perpetua”. La paz, que no era el estado natural del hombre, sería la consecuencia del “progreso”, del imperio de la “razón” en el espinoso terreno de las relaciones entre los grupos humanos.
En esa dirección nos habíamos embarcado los europeos de la segunda mitad del siglo XX al intentar construir una Unión que superase los Estados nacionales. Era el único proyecto realmente utópico y apasionante de las últimas décadas. Su primer objetivo era acabar con las guerras europeas, crónicas a lo largo de milenios, pero iba más lejos: suponía menoscabar el principio de la soberanía nacional, limitar las competencias de los Estados y convertir aquellos reductos blindados y opacos en permeables a influencias exteriores. Al reducir los poderes del Estado-nación, parecía lógico suponer que disminuiría el atractivo que representaba convertirse en uno de ellos. Tras una larga sucesión de brutales intentos de expansión de los Estados o de luchas por independizarse de un Estado opresor, el futuro parecía anunciar una disminución suave y negociada de los poderes estatales, cedidos a organizaciones supranacionales.
Ahora resulta que todo esto no era más que un bello sueño. Ante la crisis económica, la Unión Europea, presa de egoísmos nacionales, ha reaccionado con lentitud y torpeza. En todas partes han ganado las elecciones populistas que han cultivado el odio contra el vecino: los otros se aprovechan de nuestro trabajo, el euro ha generado inflación y nos imposibilita salir de la crisis manipulando una moneda propia… En los países mediterráneos, en lugar de intentar construir más Europa, cediendo competencias —es decir, soberanía— a un Gobierno económico europeo que nos ayudara a salir del atolladero, los gobernantes se enrocan en su feudo, siguen enviando cifras maquilladas y retrasan en lo que pueden el cumplimiento de reformas necesarias y prometidas a cambio de ayudas. Y en Cataluña y el País Vasco vuelve a levantar el vuelo el independentismo.
El proyecto independentista está ligado a los nacionalismos del siglo XIX. Las rivalidades de aquella época llevaron a las dos guerras mundiales que causaron el declive europeo del XX. Tras la Gran Guerra, se ideó resolver las tensiones creando tantos Estados como naciones se suponía que existían, con la esperanza de que muchos espacios políticos culturalmente homogéneos garantizarían la convivencia en paz. Surgieron así Estados como setas en el centro y este de Europa, pero con ellos no terminaron los conflictos, sino que aparecieron otros nuevos: desplazamientos de población, genocidios o tratamiento discriminatorio de las minorías que siempre seguían quedando dentro de las nuevas fronteras… Llegaron, en resumen, los fascismos y la II Guerra Mundial. Tras esta, al fin, se impuso la sensatez y emprendimos otro camino. Que es el que está ahora en crisis.
En el caso español, las circunstancias políticas actuales tienen muy poco que ver con las que vieron nacer los nacionalismos catalán y vasco. En 1898, el país se caracterizaba por el atraso económico, el analfabetismo, la falta de peso internacional, el falseamiento del sistema democrático, las abismales desigualdades del mundo agrario, la interferencia militar en la vida política y la eclesiástica en la cultural, la localización del centro político en un poblacho manchego alejado de los dos grandes polos industriales… Un siglo más tarde, afortunadamente, de aquella lista de problemas queda poco. Pero sigue vivo el tema territorial. Las élites políticas catalanas y vascas, apoyadas por una parte significativa de la población, plantean demandas que apuntan a la constitución de un Estado-nación propio, soberano y separado de España. Y las élites centrales carecen de la cintura que tuvieron hace 35 años. En lugar de insistir en el europeísmo, le asaltan las tentaciones de imponer por decreto el españolismo monolítico basado en Don Pelayo, el Cid e Isabel la Católica.
Es verdad que su asociación con el franquismo desprestigió el españolismo y que el café para todos de la Transición ofendió a catalanes y vascos al compararlos con comunidades recién inventadas y sin conciencia de la propia identidad. Lo que les hubiera satisfecho hubiera sido una federación de cuatro grandes identidades: Cataluña, País Vasco, Galicia y “Castilla”; algo bastante burdo, porque no hay homogeneidad en el espacio que se extiende entre Cantabria y Canarias. Quizá una cifra intermedia entre cuatro y 17 hubiera sido aceptable. ¿Es tarde para intentar replantear el Estado de las autonomías?
Pocos beneficios puede reportar al ciudadano de a pie la independencia política. Nada ganaría con volver a tener que cruzar puestos fronterizos, con manejar varias monedas, con llamar “extranjeros” a quienes hasta ahora han sido conciudadanos. Solo los más cargados de conciencia identitaria obtendrían satisfacciones morales: ahora somos más pequeños, pero somos el “nosotros” con el que soñé desde niño. A cambio de eso, cuántos desgarramientos personales o familiares, cuántas posibles querellas en torno a quién corresponde esta competencia o este dinero, por no hablar de los choques violentos que, en la historia europea, han acompañado casi siempre a los procesos de secesión. Estos últimos, prefiero ni mentarlos; quiero creer que hemos superado esa fase. Los intelectuales parecen liberados de las angustias noventayochistas sobre el “se rompe España”, raíz de tantas locuras; y entre los militares parece haberse impuesto el acatamiento a los pactos o las decisiones que se tomen por los dirigentes civiles.
Pero si al común de las gentes un cambio de este tipo apenas les reportaría ventajas, y sí muchos inconvenientes, les resultaría, en cambio, indiscutiblemente beneficioso a las élites político-intelectuales. Pasar de autoridad local a jefe de Estado suscita, y se comprende, mucho entusiasmo.
Pero es jugar con fuego. La gente podría tomárselo en serio y lo que hoy es solo una pugna entre élites políticas rivales por competencias y recursos podría convertirse en un enfrentamiento étnico auténtico, con comunidades hostiles, separadas por barrios, con hijos que no se casan entre sí y que se lían a golpes cuando se encuentran en los bares. Algo que existe en el mundo balcánico, pero, por fortuna, nunca visto en España. La culminación sería una fragmentación, también a la balcánica, en pequeñas unidades soberanas, independientes, rivales entre sí, con posibles represalias y depuraciones étnicas. Ese escenario no es probable hoy día, pero tampoco imposible.
Cuánto mejor sería intentar adecuar nuestros esquemas mentales y categorías legales a la complejidad y fluidez de la vida social; aceptar que tenemos varias identidades y que ninguna de ellas tiene por qué ser prioritaria sobre las otras. Con la inmigración y el incremento de los lazos con la UE y con América Latina nos estábamos acostumbrando ya a un cierto multiculturalismo en este país. También aceptábamos la existencia de diversos niveles de poder. Sería cosa de pactar de manera más clara y estable las competencias y recursos de cada uno hasta llegar a un modelo federal español sui generis, asimétrico, e integrado, a su vez, en un sistema federal europeo. Encaminaríamos así de nuevo al Estado nacional por la senda que le conduciría a su disolución en una red de múltiples niveles de poder.
Si una racionalización global del sistema, en esta línea federal compleja, es imposible, mantengamos al menos la situación actual, con algún nuevo acuerdo sobre el reparto de la recaudación fiscal entre la Generalitat y el Gobierno central. La cultura del pacto generada en la Transición no debe arrojarse por la borda. Pero hay que renunciar a los victimismos, a las referencias a “expolios” por parte de los vecinos, a las angustias sobre identidades sagradas y eternas hoy amenazadas de extinción. Es responsabilidad de las élites políticas evitar el cultivo de estas emociones primarias. Si no lo hacen, es responsabilidad nuestra, de los ciudadanos, no dejar que exciten nuestras pasiones en favor de sus intereses.

Europa y el malestar en las ideas políticas | Mark Lilla

I.Leo Strauss señala, en algún lugar de sus escritos, que el problema judío viene a ser, de manera condensada, el problema político. Este señalamiento cargado de malicia llevaba el fin de invitar a dos tipos de reflexión. Uno, el más evidente, c…





























I.

Leo Strauss señala, en algún lugar de sus escritos, que el problema judío viene a ser, de manera condensada, el problema político. Este señalamiento cargado de malicia llevaba el fin de invitar a dos tipos de reflexión. Uno, el más evidente, concierne al destino histórico de los judíos, desde las edades bíblicas, pasando por la diáspora y el establecimiento del Estado de Israel. El otro, menos evidente, se refiere a las luces que el judaísmo como hecho social arroja sobre nuestra comprensión más general de la política. Strauss tenía en mente lo que llamó el “problema teológico-político”, que él veía como la tensión inevitable entre la autoridad política y la revelación. Sin embargo, el problema judío es importante también en otro sentido. Pues la forma en que las naciones o civilizaciones se las ven con la existencia de los judíos puede revelar, en ciertas coyunturas históricas, padecimientos políticos cuyas causas poco o nada tienen que ver con el judaísmo en sí. En ciertos periodos, el hecho de que se agudice el problema judío no es más que el síntoma de un malestar más profundo en la vida y las ideas políticas.


La Europa contemporánea atraviesa sin duda por un momento así. Y no es el primero. A lo largo de la historia europea ha habido periodos en que las crisis del pensamiento político tuvieron importantes consecuencias para los judíos en sus relaciones con otros europeos. Las persecuciones antisemíticas de la Edad Media, debidas a causas diversas, coincidieron también con perturbaciones en el pensamiento europeo acerca de la relación entre el poder eclesiástico y el secular, entre la Ciudad de Dios y la Ciudad del Hombre. La emancipación de los judíos ocurrida en los siglos XVIII y XIX coincidió con el trascendental viraje del absolutismo a las teorías del republicanismo y la democracia. Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, el rechazo de tales conceptos políticos de la Ilustración en nombre de los ideales nacionalistas, raciales y antimodernos, presagiaba acontecimientos que habrían de moldear la conciencia judía hasta la actualidad.


Hoy en día los europeos atraviesan por lo que los historiadores llaman un “periodo de estribo”: se ha superado una etapa peculiar, la de la Guerra Fría, y comienza una nueva edad de las tinieblas. Si se mira retrospectivamente la era que acaba de terminar, resulta especialmente impresionante un hecho sobre la vida intelectual de Europa occidental o “la vieja Europa”: la omnipresencia de ideologías y pasiones políticas y la relativa ausencia de un pensamiento político serio, entendido como la reflexión disciplinada e imparcial acerca de una experiencia claramente política. Esta decadencia intelectual ha tenido excepciones, las cuales son hoy ampliamente reconocidas: Isaiah Berlin y Michael Oakeshott en el Reino Unido, Raymond Aron en Francia, Norberto Bobbio en Italia y, si acaso, unos cuantos más. Pero debido al irresistible atractivo del marxismo y el estructuralismo con todas sus variantes, la influencia de estos pensadores en el debate intelectual más amplio se vio en realidad muy limitada en este periodo. Lo paradójico de estas escuelas es que alentaban el compromiso político al tiempo que absorbían toda la reflexión sobre la experiencia política convirtiéndola en discusiones amorfas acerca de las fuerzas históricas, económicas o lingüísticas. De resultas de ello la acción política se intensificaba conforme se atrofiaba el pensamiento político.

En retrospectiva, el alejamiento intelectual respecto de la reflexión política en Europa se antoja hoy tanto una reacción como una forma de enfrentarse a las condiciones singulares de la Guerra Fría. Tras los desastres de la primera mitad del siglo XX, se congeló la política de Europa occidental, o al menos así ocurrió con algunas de sus cuestiones esenciales. Se reorganizaron las economías, se reescribieron las constituciones, se reformaron los parlamentos y los partidos, y cambiaron las costumbres sociales. Pero el asunto más delicado para todos los Estados-nación modernos —el asunto de la soberanía— no podía ponerse sobre la mesa de discusiones debido a que ni la comunidad europea como un todo ni los países europeos occidentales tomados individualmente eran cabalmente soberanos. A través de los siglos, al concepto de “soberanía” se le han adscrito muchos significados, incluso incompatibles entre sí, pero en su núcleo está la idea de autonomía, que en términos políticos significa la capacidad de defenderse y, de ser necesario, decidirse a emprender la guerra. En este aspecto las naciones europeas no eran soberanas durante la Guerra Fría. Y había buenas razones tanto para que esto ocurriera como para que durante décadas los pensadores de Europa occidental se sintieran aliviados de no haber tenido que pensar en tales asuntos, mientras que Estados Unidos y la OTAN preferían eximir a los europeos de esta tarea, tomándola en sus manos y pensando por ellos. Si bien esto constituyó un arreglo prudente, a fin de cuentas tuvo consecuencias intelectuales poco saludables.

Desde 1989 tales consecuencias han sido del dominio público en dos ámbitos relacionados entre sí. El más importante es el de la reflexión continental a propósito de la Unión Europea. En los primeros decenios de la posguerra se entabló un debate inspirador acerca de los “Estados Unidos de Europa”, pero con el paso del tiempo el concepto de “Europa” llegó a tener poco significado más allá de la cooperación económica. Con todo, a lo largo del pasado decenio, hemos presenciado una adhesión muy poco crítica a la idea de Europa entre los intelectuales europeos occidentales en general y al hecho de abrazarla como una suerte de ensalmo contra los problemas políticos más difíciles que en la actualidad enfrenta el continente. Muchas razones explican esto, aunque difieren de uno a otro país. En los países ex fascistas —Alemania, Italia, España— la idea de Estado-nación todavía tiene mala fama, en tanto que el concepto de “Europa”, con su halo de arrobada indefinición, inspira esperanzas pospolíticas pacíficas. En Francia no se concibe a Europa en lo general como un sucedáneo de la nación, sino como un recurso para limitar el poderío alemán sobre el continente y la influencia de Estados Unidos desde el otro lado del Atlántico. Para los intelectuales de los países más pequeños, pertenecer a “Europa” equivale a la esperanza de escapar a la oscuridad cultural.

Lo que Europa significa en tanto entidad distintivamente política sigue siendo un misterio para todos los afectados. Los especialistas europeos más avezados se preocupan por esto. Les inquieta lo que llaman el “déficit democrático” de las instituciones europeas de Bruselas y Estrasburgo. También les causa desazón hasta dónde pueda extenderse la comunidad, no sólo desde la perspectiva económica sino, como en el caso de Turquía, también desde el punto de vista cultural. Sin embargo, la reflexión seria sobre la naturaleza de la soberanía europea y su relación con la soberanía nacional no abunda en nuestros días, de no ser entre los especialistas académicos. Así que preocupaciones tan comprensibles acerca del futuro de la nación, y el debate público al respecto, se han dejado en manos de los xenófobos y chovinistas, los cuales no escasean en cualquiera de los países europeos.

Resulta pues verdaderamente extraordinario que la idea del Estado-nación, como seno de la acción y la reflexión políticas, haya caído en el olvido de manera tan rápida y silenciosa entre los pensadores europeos occidentales de hoy. La gran excepción que confirma la regla es Francia, donde las más apasionadas manifestaciones a favor de la tradición gaullista de la autonomía nacional alternan con manifestaciones igualmente apasionadas a favor de la cooperación europea e internacional, lo que conduce al tipo de incoherencia diplomática que recientemente vimos manifestarse en las Naciones Unidas. Existen también razones comprensibles para que suceda esto. Después de todo, una de las lecciones más importantes que los europeos han aprendido de la historia del siglo XX es que el nacionalismo es siempre un peligro y que, a la larga, puede infectar y destruir la democracia liberal.

¿Pero cuáles son las alternativas serias al Estado-nación como forma de vida política? La historia nos lo ha enseñado: los extremos, la tribu y el imperio, ninguno de cuyos modelos quisieran restaurar los europeos como su forma preferida de asociación política. Entre esos extremos se han dado experimentos breves con pequeñas repúblicas indefensas y débiles confederaciones o alianzas efímeras. Pero, durante más de dos siglos y hasta nuestros días, el destino de una política ética y humana en Europa se ha visto asociado al del Estado-nación como la forma dominante de la vida política. Y no es difícil ver por qué. Si una entidad política de regular tamaño ha de granjearse la lealtad y el compromiso de sus ciudadanos, debe encontrar una forma de agruparlos, y entre los vínculos que se encuentran a la mano están los del lenguaje, la religión y la cultura en su acepción más amplia. Dichos vínculos, en efecto, son artefactos de la historia sujetos a la “invención” y la manipulación. No son hechos en bruto, pero, desde el punto de vista político, constituyen invenciones de lo más útiles, toda vez que sólo el más peregrino de los Estados podría generar dichos vínculos por la sola virtud de los recursos cívicos. (Ni siquiera Estados Unidos o Suiza lo han conseguido.) Uno de los problemas más antiguos de la política es cómo conjugar la adhesión (de naturaleza particular) con la decencia política (que no conoce fronteras). El Estado-nación ha sido hasta ahora el mejor recurso moderno de cuadrar el círculo, abriendo el espacio político tanto a la reflexión razonable como a la acción eficaz.

Pudiera ser que la Unión Europea resultara ser algo nuevo y benéfico en el panorama político de Europa. Aunque lo dudo, no es imposible. Con todo, lo que sí está claro es que las instituciones europeas todavía no alcanzan ese estadio, ni poseen el tipo de legitimación pública que les permitiría ser el foco de la vida política por lo que se refiere a la acción o la adhesión, por no hablar de la reflexión. Así pues, ¿cuál es hoy el foco de la reflexión intelectual sobre la política europea? Si bien la nación sigue ahí, debe permanecer al acecho e inadvertida, como trasfondo. Parafraseando al malvado Joseph de Maistre, todavía no he conocido a un intelectual “europeo”: conozco intelectuales franceses, italianos, alemanes; hasta he escuchado rumores de que existen intelectuales ingleses; pero intelectuales “europeos” no existen. Los escritores y pensadores todavía usan su lengua nacional, siguen absortos en discusiones de capillas nacionales, y aún adoptan posturas típicamente nacionalistas sobre ciertos asuntos. Y sin embargo de todas estas realidades, la idea del Estado-nación como forma concreta de la vida política simplemente no constituye un tema importante para los pensadores de Europa occidental en nuestros días. No sólo y por fortuna han cesado en sus intentos de responder a la pregunta de si la nación posee una “esencia” —recuérdese la famosa pregunta de Renan: qu’est-ce qu’une nation? Lo que incluso resulta más perturbador es que también han dejado de pensar en serio sobre la función política de los Estados-nación; en otras palabras, a quoi sert la nation?

La debacle de los Balcanes a fines de los años noventa, y la respuesta penosamente lenta de Europa occidental a las amenazas de desplome y hasta genocidio político en la zona, algo tuvieron que ver con esa parálisis intelectual. Por primera vez en cincuenta años los pensadores europeos encararon una crisis militar a la que podían haber respondido sin ayuda de Estados Unidos, y probablemente debían haberlo hecho. Pero ¿quién tenía que haber respondido? ¿Los Estados-nación de Europa solos, o de manera concertada? O bien ¿”Europa”, la comunidad europea, entendida como una entidad política coherente? Muchos intelectuales europeos, aduciendo diferentes razones, se opusieron a cualquier intervención. A veces sus razones eran meramente pacifistas, como ocurrió en Alemania. Un buen número de pensadores prominentes, especialmente en Francia, exhortaban a la intervención sobre supuestos humanitarios, aunque sin preocuparles mayormente qué tipo de entidad política se encargaría de la tarea. Como en entrevista reciente puntualizó uno de los primeros y más vigorosos partidarios de la intervención, el ministro alemán de asuntos extranjeros Joschka Fischer, las instituciones paneuropeas sencillamente no son capaces todavía de habérselas con este tipo de crisis. Así que durante mucho tiempo la catástrofe de los Balcanes se desarrolló sin que nadie lo impidiera. Los europeos ya no conciben el Estado-nación como el único lugar donde debe decidirse la política exterior y elegirse los recursos militares, pero aún no son capaces de ver a la Unión Europea como ese lugar. En consecuencia, han dejado, en general, de pensar seria y responsablemente sobre estas cuestiones.

Algunos intelectuales dirían que esto se debe a que, dada su historia reciente, los europeos han descubierto la necesidad de regular tales asuntos a través del derecho y las organizaciones internacionales. Con todo, esto no hace más que desplazar el problema a un plano más alto y mucho menos estable. Si la soberanía y la legitimidad política de la Unión Europea constituyen un tema complicado, otro infinitamente más espinoso es el de la autoridad moral y política de las Naciones Unidas, o el de la Corte Penal Internacional, o las ong. Creer que los eternos problemas de la política pueden disolverse mediante la progresiva legislación o la ayuda humanitaria, que es lo que tienen en mente algunos pensadores europeos muy serios, de manera notable Jürgen Habermas, no deja de ser una fantasía. El peligro no es que pensar así pudiera volverlo realidad, sino que por mucho que se piense nunca se conseguirá. Habrá guerras en que participen naciones europeas, se ejercerá la soberanía y los pensadores europeos sencillamente estarán menos preparados para comprender tales acontecimientos inevitables, si es que la fantasía de conjurarlos sigue haciendo presa de la mentalidad europea.


II.

Teniendo como telón de fondo esta crisis intelectual relativa a la soberanía es como debe verse la “cuestión judía” contemporánea en Europa. Durante siglos fue considerado, en términos generales, como un problema de inclusión: qué tipo de personas podían ser ciudadanos, bajo qué condiciones, si la religión era o no era importante, si podían tolerarse las diferencias… Esta forma del problema existe todavía en Europa, aunque ahora es más probable que las víctimas del prejuicio y la violencia, antes que los judíos, sean los musulmanes. La batalla por la tolerancia, en tanto idea, está prácticamente ganada; lo que falta ahora es ponerla en práctica y entender sus límites dentro de cada contexto nacional.

No es la idea de la tolerancia lo que está en crisis en Europa, sino la del Estado-nación y los conceptos afines de soberanía y uso de la fuerza. Y estas ideas también han afectado las actitudes intelectuales europeas ante el mundo judío y en especial ante Israel. Surge aquí una paradoja extraordinaria que merece esmerada atención. Durante siglos los judíos fueron el pueblo sin Estado y sufrieron a manos de los europeos profundamente enraizados en sus propias naciones. Los primeros sionistas, desde Moisés Hess hasta Teodoro Herzl, extrajeron una lección muy simple de esta experiencia: que los judíos no podrían vivir seguros ni de manera decente hasta que tuvieran su propio Estado. Quienes hoy afirman que el Estado de Israel es invento del pensamiento europeo decimonónico no están equivocados: y no es ningún secreto. Pero tal afirmación se hace a menudo con intenciones aviesas, como insinuando que Israel y la causa sionista representan en lo general cierto tipo de atavismo político que los europeos ilustrados deberían desdeñar. Si antes los judíos eran objeto de ocasionales burlas por no tener un Estado-nación, hoy se los critica por tenerlo.

Y no se trata de cualquier Estado-nación, sino de uno cuya fundación sigue fresca en la memoria. Toda fundación política constituye una empresa moralmente ambigua, e Israel no se ha librado de tales ambigüedades. Sobre este tema, la necedad y el prejuicio se manifiestan de dos maneras: los que niegan o justifican el sufrimiento palestino producido por la fundación de Israel, y los que lo consideran la consecuencia sin precedentes de una ideología singularmente siniestra. El balance moral de la fundación de Israel, el cual aún se está elaborando, debe compararse con el de otras naciones al momento de su concepción y no con su comportamiento tras haberse asegurado la existencia. No es ningún secreto que Israel todavía debe defenderse de naciones y pueblos que no se han reconciliado con su existencia, lo cual es una antigua aunque olvidada práctica europea. Muchos intelectuales de Europa occidental, incluso aquéllos cuya tolerancia y hasta afecto por los judíos no puede ponerse en duda, encuentran todo esto muy difícil de entender. La causa de ello no es el antisemitismo, ni siquiera el antisionismo considerado en su sentido habitual; sino que Israel es un Estado-nación, el Estado-nación de los judíos, y se enorgullece de serlo. Lo cual resulta profundamente embarazoso para la Europa posnacionalista.

Por un momento, consideremos este problema desde el punto de vista de un joven europeo que se crió en el mundo de la posguerra. Desde su primer día escolar le habrán enseñado la siguiente lección sobre la historia del siglo XX: que todos sus desastres pueden remontarse al nacionalismo, el militarismo y el racismo. Incluso puede haber aprendido que los judíos fueron las víctimas principales de estos padecimientos políticos, y acaso habrá desarrollado cierta simpatía por su causa. Pero a medida que fue creciendo comenzó a enterarse sobre el Israel contemporáneo, sobre todo a la luz del conflicto con los palestinos, con lo que probablemente comenzaron a cambiar sus puntos de vista. De su propia historia personal habrá sacado en conclusión que las naciones no son entidades de fiar, que resulta inmoral la distinción que hacen entre lugareños y forasteros y que debe renunciarse al uso de las fuerzas armadas. Así pues, probablemente habrá concluido que el Israel contemporáneo viola todas estas máximas: es orgullosamente independiente, distingue entre judíos y no judíos y se defiende sin justificarse. Las acusaciones de que el sionismo es racista, o de que Israel se comporta como los nazis en los territorios ocupados, sin duda tienen su origen en el antisemitismo; pero la frustración que genera la mera existencia de Israel y la manera como afronta sus problemas tiene una causa más próxima en la vida intelectual europea. Esa causa es la crisis del concepto europeo de Estado-nación.

Cualquiera que se preocupe seriamente por el manejo que se hace del conflicto palestino-israelí en la prensa europea, e incluso en los periódicos intelectuales, verá esta frustración expresada de manera invariable. A los ojos de quien esto escribe, el fenómeno no puede atribuirse sólo al proarabismo europeo, como tampoco la cobertura de la prensa estadounidense podría atribuirse por entero a los sentimientos de los judíos estadounidenses respecto de Israel. Estoy convencido de que, más en el fondo, las diferencias tienen algo que ver con la manera como los estadounidenses y europeos en general piensan acerca de la vida política, diferencias que Robert Kagan ha subrayado en su pequeño aunque valiente libro Of Paradise and Power. Aunque puede no ser cierto que todos los estadounidenses estén regidos por el signo de Marte (después de todo Woodrow Wilson no era belga), tiene razón Kagan cuando afirma que el consenso europeo actual, tanto de izquierda como de derecha, se rige bajo el signo de Venus. Esto produce a veces fricciones con Estados Unidos, pero constituye un motivo de desacuerdo fundamental con el proyecto sionista. Para la mayoría de los europeos educados resulta hoy difícil, si no imposible, entender que los actuales sionistas se rigen en efecto bajo el signo de Marte.

Hasta la simpatía europea por el pueblo palestino, la cual es tanto comprensible como honorable, tiene un matiz extrañamente apolítico. Uno podría pensar que quienes se preocupan por el futuro del pueblo palestino y no simplemente por su sufrimiento actual, pensarían sobre todo en cómo librarlos de las organizaciones terroristas y fundamentalistas y en cómo establecer una autoridad política legítima, liberal y respetuosa del derecho, que pudiera negociar de buena fe con Israel y manejar de manera transparente los asuntos palestinos internos. Sin embargo, en Europa casi no existe conciencia intelectual de los obstáculos políticos en contra de la paz que existen entre los palestinos, ni la reforma política ha recibido mayor aliento. Si hemos de juzgar por lo que se ha escrito, la fantasía europea de lo que será el Oriente próximo no concibe Estados-nación decentes y liberales viviendo en pacífica compañía, sino una suerte de orden pospolítico posnacional desarrollándose bajo la supervisión internacional permanente, no un Menájem Beguin dándole la mano a Anuar Sadat, sino Hans Blix corriendo de un lado a otro por Palestina en su camioncito.

Quienquiera que haya estudiado la historia de los siglos XIX y XX estará bien consciente de las patologías políticas del Estado-nación y de la idolatría que fomenta. No debe confundirse la legitimidad del Estado-nación con su idolatría. Sin embargo, para muchos europeos occidentales, aprender la siniestra lección de la historia moderna ha traído consigo el olvido de los inveterados problemas que había conseguido resolver el Estado-nación como forma moderna de la vida política. La tradición sionista sabe muy bien cuáles eran esos problemas. Recuerda lo que significó carecer de Estado, así como las indignidades del tribalismo y el imperialismo. Recuerda la sensatez de las fronteras y la necesidad de autonomía colectiva para instaurar el respeto de sí mismo y exigir el de los demás. Reconoce que hay un precio, un precio moral por defender un Estado-nación y ejercer su soberanía; pero también reconoce que, dadas las alternativas, vale la pena pagarlo. Tarde o temprano, Europa occidental tendrá que recordar estas lecciones que, después de todo, son las de su propia historia premoderna. Mientras ello no ocurra, la mutua incomprensión concerniente a Israel seguirá siendo profunda entre los europeos y los judíos comprometidos con el sionismo. Hay, en efecto, un problema judío nuevo en Europa, y ello se debe a que existe un problema político nuevo.

¿El fantasma de una nueva Revolución? | Nicolás Ocaranza

Such be the sons of Spain, and strange her fate!They fight for freedom, who were never free;A kingless people for a nerveless state,Her vassals combat when their chieftains flee,True to the veriest slaves of Treachery;Fond of a land which gave the…

Such be the sons of Spain, and strange her fate!
They fight for freedom, who were never free;
A kingless people for a nerveless state,
Her vassals combat when their chieftains flee,
True to the veriest slaves of Treachery;
Fond of a land which gave them nought but life,
Pride points the path that leads to liberty;
Back to the struggle, baffled in the strife,
War, war is still the cry, ‘War even to the knife!’
Lord Byron, Childe Harold’s Pilgrimage
Inciertos vientos de cambio político han comenzado a soplar en España y Chile durante esta semana. Aún cuando los acontecimientos indican diferencias importantes entre las movilizaciones sociales de ambos países, en la Península un rechazo a los partidos hegemónicos (PSOE y el PP) ad portas de las elecciones municipales además de un reclamo por una democracia real, mientras que en Chile éstos giran en torno a la crisis de la educación pública y al rechazo de un megaproyecto hidroeléctrico en la Patagonia aprobado a espaldas de la ciudadanía, el trasfondo es el mismo: crisis de la representación, centralismo gubernamental, coaliciones políticas incapaces de sintonizar con la ciudadanía y una democracia representativa cada vez más debilitada. Pero detrás de todo eso se advierte un abierto cuestionamiento al modelo socialdemócrata defendido por los fieles exponentes de la Tercera Vía vinculados al PSOE en España y a la Concertación en Chile y un llamado a abrir nuevos espacios a la democracia deliberativa.
A diferencia de las que han acontecido en años anteriores, estas protestas ciudadanas muestran una mayor claridad discursiva para cuestionar a un modelo económico neoliberal que no solo precariza sus condiciones laborales a través de la desregulación del mercado laboral sino que debilita al Estado en su intento por satisfacer los derechos sociales que el mercado no provee y que, sin embargo, se constituyen en necesidades elementales para todo ser humano. Como bien lo ha dicho Pierre Rosanvallon, la subordinación de lo político al neoliberalismo nos sitúa en una crisis histórica de la igualdad y de la constitución del individuo como el sujeto político base de la soberanía.
Estas movilizaciones, algunas aún en ciernes, dejan en evidencia la debilidad de la justicia social redistributiva como alternativa para el presente, al mismo tiempo que reclaman la reformulación del igualitarismo en sus múltiples tramas políticas, sociales y constitucionales. No sería inoportuno pensar que esos cuestionamientos podrían resolverse, como profusamente lo han explicado Pierre Rosanvallon y Roberto Gargarella en algunos de sus libros, repensando el igualitarismo fuera de los márgenes del individualismo desmesurado que ofrece la ideología neoliberal, sino a partir de la relación entre las nociones de singularidad, comunalidad y reciprocidad.
El problema futuro para estas manifestaciones que recorren con nuevos bríos el otro lado de los Pirineos y el confín de América es cómo articularán políticamente a esa masa informe que ahora sale a las calles y cómo se pasará de la legítima protesta a la conformación de un verdadero movimiento social capaz de canalizar las distintas sensibilidades que están en juego.
El malestar que se ha despertado en una parte de Europa y América -reprimido durante años de apatía- se enciende, tal como alguna vez lo fueron las revoluciones de Independencia, a través de impensados acontecimientos; pero está por verse si esa chispa se transforma pronto en incendio –como ya ocurrió en África y Medio Oriente- o si, por el contrario, se extingue tan rápidamente como ha emergido.